"Un presupuesto austero, pero comprometido con las personas y las políticas sociales". Así presentaba el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas sus presupuestos para 2013. El ministerio que dirige Ana Mato ha disminuido la partida dedicada a las prestaciones sanitarias un 3% respecto al pasado año, y también ha recortado entre un 15 y un 22% el presupuesto de su departamento.
Las CCAA ya se han puesto manos a la obra en lo que a apretarse el cinturón se refiere. Las medidas de la Comunidad de Madrid para reducir el gasto sanitario vienen de la mano de la introducción de la gestión privada en algunos centros y hospitales públicos. La polémica que se ha levantado sobre este asunto se ha saldado con un gran número de huelgas y movilizaciones a lo largo de los últimos meses.
Pero la Comunidad de Madrid no ha sido la primera en establecer la colaboración público-privada en su modelo sanitario. La Comunidad Valenciana hace 14 años que lo puso en marcha, y estos centros "son los únicos en los que no se genera déficit, ya que hay un pago capitativo anual de la prestación sanitaria y transmisión de los riesgos a la concesión administrativa", aseguran.
Pero en 2013 la Comunidad Valenciana se plantea ir un poco más allá y ha fijado sus prioridades en los trabajadores de sus sanidad pública y en sus salarios. Así, ha establecido una serie de objetivos que deberán cumplir sus empleados si quieren sacar buena nota en la evaluación de su gestión y, por tanto, ver aumentados sus ingresos.
El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, presentó el jueves este plan, que se basa en el establecimiento de 48 indicadores de los que dependerá el salario de los sanitarios. Los indicadores están agrupados en tres categorías: Calidad, Gestión y Asistencial. Si se cumplen estos indicadores, los profesionales podrían llegar a percibir una cantidad retributiva extra que representaría hasta un 10% del salario anual establecido para su categoría profesional.
El apartado más polémico es el de Gestión, donde se incentiva al profesional a utilizar menos recursos humanos, económicos y tiempos de atención para optimizar los recursos. El bloque de Calidad supone mejorar la atención que reciben los ciudadanos, evitando reingresos hospitalarios. En el punto de Asistencia está incluida la evaluación de las atenciones.
Algunos de los indicadores que más llaman la atención son:
- Tasa de reingreso hospitalario a los 30 días de haber recibido el alta.
- Tasa de úlceras por presión en pacientes encamados.
- Tasa de utilización poblacional de las consultas de atención especializada.
- Porcentaje de urgencias ingresadas.
- Estancia media hospitalaria.
- Rendimiento del bloque quirúrgico.
- Tasa de utilización de la diálisis hospitalaria.
"El objetivo de estos indicadores es evaluar el trabajo diario del sistema sanitario para garantizar la sostenibilidad del sistema mediante la contención del gasto y la mejora de la utilización de los recursos, prestando la máxima atención a la calidad y a la seguridad del paciente", explica la consejería.
¿Se establecerán estos criterios en otras CCAA?
A finales del pasado agosto, los consejeros de Sanidad de Madrid, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León le plantearon una medida parecida a Ana Mato. Los responsables regionales quieren que las guardias y la antigüedad pesen menos en las nóminas de los sanitarios y que sean otros aspectos, como la productividad o la calidad en el desempeño de sus funciones, los que influyan más en sus remuneraciones.
Esta reunión fue un encuentro informal del que no ha trascendido ningún acuerdo, aunque la propia ministra lanzó un guiño a los asistentes cuando aseguró que "hay que debatir en profundidad sobre el papel de nuestros profesionales sanitarios, sobre su marco regulatorio, su motivación y sobre su desarrollo profesional". La ministra mostró su intención de reflexionar sobre la forma de mejorar su autonomía y responsabilidad "y sobre posibles modelos retributivos".
Fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Libre Mercado, aseguran que "las decisiones pueden ser más o menos homogéneas, pero es competencia absoluta de las CCAA tomar este tipo de medidas y en ningún caso del Gobierno central". Tampoco han querido hacer declaraciones sobre el contenido de la reunión mantenida en agosto.