Gobierno, autonomías y la administración en general intentan acabar con la imagen de derroche y corrupción de los últimos tiempos deshaciéndose de algunos de los símbolos más dolorosos de los excesos previos a la crisis como los coches oficiales. La salida a subasta de estos vehículos es una fórmula que lleva aplicándose ya algún tiempo, pero ¿quién se entera realmente de la fecha de esas subastas? ¿dónde se realizan?.
Y es que, a pesar de que estás subastas son públicas, para muchos ciudadanos son todavía una incógnita por la falta de información clara sobre cómo y dónde participar en ellas. Un ejemplo de ello ha sido la reciente adjudicación del Audi A8 del anterior alcalde de Getafe, Pedro Castro, que después de tres subastas desiertas y más de un año sin darle uso ha sido comprado esta semana por un particular.
Efectivamente, como reza la ley, se trata de subastas públicas y abiertas, a las que puede acceder cualquier persona física o jurídica presentando una fianza concreta. Sin embargo, lo cierto es que, a menos que uno esté muy familiarizado con el BOE, los juzgados o las páginas webs de la Administración y sus consejerías, la localización de esta información resulta una tarea difícil.
Así, algo que por definición debe ser de fácil acceso a los ciudadanos, estos vehículos fueron comprados con dinero público, se convierte en una iniciativa limitada a unos pocos.
Así, después del anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de reducir en un 66% el número de coches oficiales de altos cargos del Estado, para ahorrar a las arcas públicas unos 10,5 millones de euros en los dos próximos años, muchos se preguntan cuándo se llevará a cabo esa reducción o, si acaso, ya se ha producido.
Internet: subastas para todos
Por ello, cabe preguntarse, por qué no utilizar internet como plataforma para pujar por un bien público al que de otro modo la población no tendría acceso. La tendencia viene de Estados Unidos, donde el sistema de subasta online de coches es muy popular entre los ciudadanos.
De ahí que una alternativa sea que el Estado y las autonomías lleven estas subastas a la red, haciéndolas más transparentes y públicas, de manera que cualquier ciudadano pueda participar online y saber a ciencia cierta qué vehículos están disponibles, su precio de salida, sus características y, como muestra de absoluta transparencia, quién y por cuánto dinero se ha llevado la puja.
Además, la subasta online permitiría dar mayor visibilidad a los vehículos, garantizando una venta más ágil, lo que revertiría en ingresos más rápidos para la Administración. En el caso de que un coche a subasta, por ejemplo, en Extremadura no se vendiera, siempre podría ser comprado por un ciudadano de Canarias o de Cataluña, evitando tener vehículos inmovilizados, que acaban depreciándose en su valor y suponen un coste creciente para la Administración.