Como ya es tradición en España, Rajoy aprovechó el debate sobre el estado de la nación para anunciar una nueva batería de medidas económicas para estimular el crecimiento que, según el presidente, constituye una "segunda generación" de reformas. Entre ellas destacan la promesa incumplida de abonar el IVA en el momento de cobrar la factura a partir de enero de 2014, destinada a autónomos y pymes, ciertos incentivos fiscales para potenciar la creación de nuevas empresas y la movilización de 45.000 millones de euros, con respaldo directo o indirecto del Estado, para incrementar la financiación empresarial.
Sin embargo, más allá de estas recetas adicionales, algunas positivas y otras contraproducentes, lo más relevante del discurso de Rajoy fue, precisamente, lo que no dijo. En la primera parte de su intervención, dedicada a cantar las bondades de los ajustes y reformas llevadas a cabo durante su primer año de Gobierno para evitar la quiebra, eludió citar el mayor error de su gestión económica: la brutal e histórica subida de impuestos aprobada en 2012. España es, hoy por hoy, un auténtico infierno fiscal gracias al PP. De hecho, lejos de corregir el atraco a mano armada impuesto a los contribuyentes, el líder popular se justificó afirmando:
Hicimos lo que cualquier Gobierno responsable hubiera considerado su deber. Cumplimos con nuestro deber.
Así, escudándose en que heredó un déficit público "insostenible", defendió la confiscatoria subida del IRPF, de los Impuestos Especiales, del Impuesto de Sociedades y otras "muy dolorosas", como el IVA. Y ello buscando el "mayor nivel de equidad posible", es decir, castigando con mayor dureza a las rentas altas y grandes empresas.
¿Resultado? Una recaudación extra de 6.800 millones de euros en 2012, lo cual equivale a poco más del 6% del déficit total registrado en 2011 (100.402 millones de euros). Para ese viaje no se necesitaban tantas alforjas. No en vano, según avanzó Rajoy, el déficit rondará el 7% del PIB en 2012, que junto con el agujero de las cajas arrojará un descuadre próximo al 8,5% –siempre y cuando no se maquillen ciertas cifras–, lejos del 6,3% que exige Bruselas y tan sólo un punto menos que en el ejercicio previo. Así pues, su ajuste fiscal ha fracasado y, lo que es peor, ha configurado un marco tributario que intensifica hasta el extremo el expolio del sector privado por parte de los poderes públicos, que se traducirá en menos crecimiento y creación de empleo, lo cual retrasará la ansiada recuperación. Pero ni una palabra de perdón, ni un atisbo de rectificación en las palabras de Mariano Rajoy.
Lo mismo cabe decir de la nueva batería de medidas anunciada por el presidente en la segunda parte de su intervención. El Gobierno aprobará algunas deducciones fiscales para impulsar la creación de empresas y la contratación de jóvenes, y reducirá trámites administrativos para la actividad empresarial. Bienvenidas sean, pero en el fondo este tipo de rebajas tributarias, limitadas a determinados casos y circunstancias, introduce más discriminaciones arbitrarias y, sobre todo, una mayor complejidad en un modelo fiscal y laboral ya de por sí prolijo y casi incomprensible. España necesita simplificar y clarificar su normativa para reforzar una seguridad jurídica en claro declive en los últimos años, y de este modo potenciar la inversión, especialmente la exterior, para volver a crecer con fuerza sobre bases sólidas. Por otro lado, lo peor es que el Gobierno apostará por más financiación pública, vía ICO y avales de todo tipo, para tratar de reactivar el mercado crediticio, lo cual no sólo no solventará la actual sequía financiera, sino que servirá para incentivar nuevamente la puesta en marcha de proyectos poco rentables, cuando no ruinosos, tal y como aconteció en las cajas de ahorros. El crédito público, directo o indirecto, es, simplemente, nefasto.
Sin embargo, por encima de todo, destaca nuevamente el anuncio que, por desgracia, no efectuó Rajoy en su discurso: drásticos recortes del gasto público, acompañados de grandes rebajas de impuestos. España no necesita más medidas concretas de estímulo, sino una mayor libertad económica y una menor presión fiscal.