Cada vez es más evidente que la nacionalización será la medida que adopte el Ministerio de Fomento para solucionar el problema de las autopistas en riesgo de quiebra. El departamento que dirige Ana Pastor lleva desde el año pasado negociando con las concesionarias, con la banca y con las constructoras para llevar a cabo la liquidación de cerca de una decena de autopistas con problemas.
"Las negociaciones están muy avanzadas y la solución estará lista antes de abril", aseguran fuentes gubernamentales al diario Expansión. La prisa que le ha entrado al Gobierno por darle forma al plan tiene una explicación muy concreta: quiere evitar a toda costa que estos peajes entren en liquidación porque eso cerraría totalmente el mercado de la concesión de carreteras.
Como las ayudas que ha otorgado el Estado no han surtido efecto, para evitar esta situación, y dar un paso hacia la nacionalización, Fomento quiere revertir en concurso de de acreedores de las autopistas que ya están dentro de este proceso: (La R-3,R-4 y R-5 de Madrid, la Autopista Madrid-Toledo, Ocaña-Roda (AP-36) y Cartagena-Vera. El resto que también tienen problemas, unas cuatro más, también serán rescatadas previsiblemente: El Eje Aeropuerto (M-12), la R-2, la circunvalación de Alicante y Málaga-Las Pedrizas.
El acuerdo con los bancos para que las autopistas salgan de la suspensión de pagos está prácticamente cerrado, "la banca está dispuesta a asumir esas perdidas", explican las fuentes. En el lado de los socios, estos ya han asumido que van a perder el 100% de los aportado (1.800 millones). Bancos y socios suponen el 75% de los acreedores del proceso y el porcentaje restante corresponde a titulares de suelo y constructoras. Estás ultimas quieren evitar perder los más de 300 millones que les deben y son el grupo que más trabas le está poniendo a Fomento.
Con la nacionalización de Pastor, el Estado se libraría de la temida Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), donde ejercería como garante último de la banca en caso del impago de los 4.000 millones que le adeudan. Entonces, el Estado se convertirá en el principal accionista de las autopistas para una vez saneadas, y con su deuda reestructurada, volver a licitarlas de nuevo en el mercado.
Pero el plan de Pastor todavía deja varias cuestiones en el aire: ¿creará Fomento una Empresa Nacional de Autopistas (ENA) para entrar en el capital de las autopistas?¿cómo conseguirá este organismo público rentabilizar unas infraestructuras que ya han fracasado en manos privadas?