Si de cara a la galería, la Comisión Europea y diversas voces del Eurogrupo aplaudían la buena marcha del rescate bancario, el informe que comprueba si el Gobierno está cumpliendo su parte del trato a cambio del rescate financiero revela que Bruselas no pretende ponerlo fácil. Además de recetar más subidas del IVA e impuestos verdes, el Ejecutivo comunitario reclamó a Mariano Rajoy, una vez más, que aplique mano dura a las Comunidades Autónomas más díscolas.
A la hora de mantener el déficit bajo control, dictamina Bruselas, no basta con aprobar un puñado de reformas desde Madrid, sino que, además, hay que mantener un estrecho marcaje sobre las que, en los últimos años de dificultades económicas, han sido las grandes sospechosas a ojos de la jerarquía europea: las Comunidades Autónomas. En su último informe, extenso veredicto sobre la "buena marcha del rescate bancario" español, la Comisión Europea le exige al Gobierno "reforzar" la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, concretamente a la hora de aplicar las provisiones de "primer aviso" y "mecanismos correctivos".
Dichas medidas correctivas, de hecho, permitirían al Gobierno obligar a una Comunidad Autónoma a enviarle un programa de cumplimiento de objetivos de déficit y corrección de desvíos o, incluso, en caso extremo, intervenir las cuentas de dicha Comunidad en cuestión. Así, Bruselas recuerda a España las herramientas que tiene a su disposición para mantener a sus Comunidades atadas en corto y le pide eficacia a la hora de hacer uso de ellas. "La aplicación (...) de la ley en referencia a los mecanismos correctivos y de alerta temprana podría hacerse más eficaz y transparente", reza el informe.
El Ejecutivo admite el capón de las instituciones comunidades, pero insiste en el marcaje realizado a las comunidades. "Ahí está el dato de déficit", en voz de un portavoz autorizado, que puso el acento en los esfuerzos realizados en 2012. Además, desde Moncloa se pone el foco de atención en junio del presente año, fecha límite para la reforma de la administración. "Se acabarán las duplicidades", solemnizan, destacando como "pequeño ejemplo" la reestructuración local.
El pasado mes de enero, Soraya Sáenz de Santamaría puso negro sobre blanco con los ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Luis de Guindos (Economía) en la que está llamado a ser el ajuste más importante de la legislatura. La CORA, comisión encargada de la reforma, tuvo su primera reunión del año a puerta cerrada, y en ella la vicepresidenta requirió un análisis detallado a los Órganos Colegiados de la Administración General del Estado para la eliminación o fusión de los observatorios, consejos consultivos o comisiones cuyas actividades no sean estrictamente necesarias. Este informe ya está prácticamente concluido.
En el Debate sobre el estado de la Nación, Mariano Rajoy volvió a dejar claro que no piensa hacer modificaciones del modelo autonómico. Aunque algunas voces de su propio partido reclaman, por ejemplo, que determinadas competencias regresen al Estado -como la Justicia o la Educación- se declaró "profundamente" creyente del vigente sistema, a pesar de que admitió unos "problemas" que deben ser solucionados.
Unos "problemas" que Bruselas quiere que se solucionen sin demora. Además, urge a la puesta en marcha de una oficina presupuestaria independiente que esté en funcionamiento ya para el ejercicio de 2014, y cuya puesta en pie todavía hoy –se queja el informe- está "en fase preparatoria".
Nueva subida de impuestos
La vaga mención del comisario Olie Rehn este lunes a "mantener el ritmo de las reformas" -el famoso "momentum"- escondía, además, como se ha sabido al conocerse el informe, la reclamación de más subidas del IVA y de los impuestos medioambientales, además de la exigencia de profundizar en la reforma laboral y un retraso extra en la edad de jubilación.
Según el documento, Bruselas aplaude la última subida del IVA -tan reciente como septiembre, cuando el Gobierno subió del 18% al 21% el tipo general y del 8% al 10% el tipo reducido-, pero opina que "todavía hay margen para limitar la aplicación de diferentes tipos de IVA reducido y para aumentar los impuestos medioambientales".
Según el Ejecutivo comunitario, la reforma laboral, como mantiene también Madrid, "podría estar empezando a tener un impacto", pero opina que todavía "tiene potencial". Consciente de la gravedad de la situación en España, con más de cinco millones de parados, la Comisión pide que el Gobierno establezca un estrecho y continuo marcaje al "impacto de la reforma". Más gasto en formación, integración en el mercado laboral y reorientación profesional serían necesarios, según Bruselas, para modernizar el empleo en España. Para Bruselas, la nueva legislación debe garantizar que salarios, ciclo económico y posición de las empresas estén más acompasados. Además, un retraso de la edad de jubilación sería, según el informe, "un paso importante" para controlar el déficit en la Seguridad Social.
Guindos: "Muy bien, pero no lo vamos a hacer"
Los deberes de Europa, en principio, demostrarían lo difícil que tendrá el Gobierno cumplir con su promesa, repetida por el ministro De Guindos este mismo lunes en Bruselas y vuelta a enunciar por él mismo este martes en rueda de prensa, de volver a bajar el IRPF. Estas duras recomendaciones, veredicto de los expertos de Bruselas y del Banco Central Europeo tras su último viaje a Madrid a finales del mes pasado para ponerle nota al rescate bancario, indican a España varios caminos para endurecer su política fiscal.
Sin embargo, el ministro De Guindos entonó una suerte de "gracias, pero no". Así, Guindos quitó hierro a unas recomendaciones en las que ve "meras observaciones" y pese a las cuales, reitera que el compromiso de reducir el déficit no está reñido con la promesa del Gobierno de bajar impuestos como el del IRPF, cuyo aumento era, en principio, temporal. Desde Madrid, se insistió en el mensaje: "No habrá nuevos ajustes. La agenda de reformas va a buen ritmo. Este año también será recordado por su impulso reformista", resumió para este diario un ministro.