Entre 600 y 800 millones de euros. Eso es lo que recaudará el Estado francés con el impuesto sobre las transacciones financieras que aprobó el pasado año. El tributo, mal llamado Tasa Tobin porque tiene muchas diferencias con lo propuesto por el economista estadounidense, impone un gravamen del 0,2% a las compraventas de acciones de las grandes empresas galas (con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros).
Las previsiones del Gobierno francés hablaban de unos 1.600 millones de recaudación. Por lo tanto, los ingresos finales se han quedado por debajo del 50% de lo previsto por las autoridades. En lo que sí ha tenido impacto ha sido en la actividad diaria de los mercados financieros galos: las compraventas de acciones a las que les afectaba la tasa han caído un 21%. Incluso, aquellas empresas que en teoría quedaban fuera del perímetro de la ley han visto como la negociación de sus títulos caía hasta un 11%.
¿35.000 millones?
En menos de un año, está previsto que entre en vigor una nueva tasa sobre las transacciones financieras a nivel europeo. Hace apenas unas semanas, la Comisión presentó su propuesta final para un nuevo impuesto que será efectivo a partir del 1 de enero de 2014 y se aplicará en Alemania, Francia, España, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. Los cálculos del Ejecutivo de la UE hablan de hasta 35.000 millones en ingresos, de los que unos 5.000 millones corresponderían a la Hacienda española. Pero claro, tras ver los datos de los primeros meses de ejercicio en Francia de un tributo similar, es lógico que haya quien se pregunte qué fiabilidad tienen esos datos.
La Comisión plantea gravar con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos, y con un 0,01% las operaciones con derivados. A algunos les parecerá que tampoco es demasiado dinero y que nadie va a dejar de hacer una compra por un coste tan reducido. De hecho, más allá de las justificaciones un tanto populistas sobre "controlar a los especuladores" o "tasar las transacciones financieras para pagar la economía real", lo cierto es que el principal objetivo de los gobiernos está en la recaudación, en un momento de dificultades para las arcas públicas. Si, de rebote, se logra reducir la volatilidad de los mercados y se promueve la inversión a largo plazo, pues mejor que mejor, pensarán los políticos europeos.
Las consecuencias
Sin embargo, desde que se anunció la implantación de la tasa, numerosos estudios han alertado de sus consecuencias para la industria financiera europea, del coste que tendrá para el pequeño inversor y han apuntado que además no conseguirá detener los movimientos especulativos a corto plazo (algo que, por otra parte, muchos expertos creen que es positivo para la estabilidad de los mercados). Por ejemplo, Ernst&Young calcula que frente a los ingresos de 35.000 millones de euros previstos, podrían generarse unas pérdidas para el erario, fruto de la caída de la actividad, de hasta 37.000 millones, lo que implicaría un resultado negativo neto de 2.000 millones (y hay escenarios aún peores). Y Oliver Wyman publicó en enero del año pasado otro informe en el que llegaba a unas conclusiones similares. Por todo ello, el sector financiero europeo lleva desde que se aprobó el primer borrador luchando por impedir la aprobación del tributo. Esta presión se ha intensificado en las últimas semanas, animada por el miedo a perder buena parte de su negocio, aún más en un momento delicado como el actual.
Coste: a pesar del aparente pequeño porcentaje que se aplicará al tributo, lo cierto es que para muchas de las transacciones financieras habituales en el mercado, supondrá un sobrecoste muy elevado. Oliver Wyman presenta un pequeño cuadro con ejemplos (página 8 de su documento) en el que se muestra como podría dispararse el montante final de una operación. Por ejemplo, un swap de divisas euro-dólar a una semana por valor de 25 millones de dólares ahora mismo sólo supone un coste de transacción de unos 280 euros. Sin embargo, si tanto el cliente como el intermediario pertenecen a un país con la nueva tasa, tendrán que pagar un 0,01% del montante de la operación. Esto quiere decir, que la comisión de 280 euros se convierte en 5.280, un incremento del 1.800%. Teniendo en cuenta que más del 75% de los swaps se negocian a menos de una semana, parece lógico el miedo que se ha instalado en los mercados. Evidentemente, éste es sólo un ejemplo y en muchas otras transacciones el coste añadido será mucho menor. Pero los expertos creen que estas cifras son una muestra de las inesperadas consecuencias de esta intervención gubernamental.
Por otro lado, los autores aseguran que los estudios sobre experiencias anteriores apuntan a que "el 90% del coste" nuevo asociado a este tipo de impuestos son pagados por el consumidor final. Y en este caso hablamos del ciudadano de a pie. Mientras los grandes inversores pueden intentar escaparse de una manera u otra (trasladándose a otras jurisdicciones que no impongan restricciones), el pequeño accionista se verá penalizado en cada compra que realice.
Riesgos, liquidez y volatilidad: la segunda duda de los operadores reside en la misma finalidad aducida para implantar la tasa: reducir la liquidez y los riesgos del sistema. Lo cierto es que en realidad muchas de las transacciones financieras son sólo ejecutadas como contrapartida a otras de signo contrario, con el objetivo de reducir los riesgos. Ahora, esa cobertura se ve penalizada, con lo que el impuesto podría, paradójicamente, reducir la estabilidad.
Por otro lado, un alto número de órdenes de compra y venta no sólo no reduce la volatilidad, sino que podría reducirla. Los expertos saben que una de las características más importantes de cualquier activo es su liquidez (la capacidad de su tenedor de venderlo cuando así lo requiere). Castigar las operaciones puede llevar a que se reduzca enormemente la disponibilidad de ciertos activos. De nuevo, la resultante sería que quien tenga que vender en un momento dado tenga menos margen de negociación y se pueda ver obligado a vender, incrementando la volatilidad en los precios.
Como explica Juan Ramón Rallo:
Los especuladores-intermediarios se dedican a efectuar operaciones muy a corto plazo que pongan en contacto las necesidades de los distintos compradores y vendedores finales dispersos en el espacio y en el tiempo, reduciendo sobremanera los diferenciales entre asked y bid price. En cierta medida, incrementan la liquidez (o, mejor dicho, la negociabilidad) de los activos, reduciendo su riesgo y, por esta vía, aumentando la inversión que afluye a este tipo de proyectos.
A diferencia de lo que los defensores de la Tasa Tobin postulan acerca de los efectos del exceso de especulación, cuantos más especuladores-intermediarios se dediquen a comprar y a vender un bien, menor será el diferencial entre bid y asked prices y menor será su volatilidad; lo cual no tiene nada de negativo.
Recaudación y puestos de trabajo: pero quizás el aspecto más polémico de todos sea si esta tasa verdaderamente va a cumplir con los objetivos de recaudación o si no le va a salir el tiro por la culata a los políticos europeos. Ya comentábamos más arriba que algunos estudios apuntan a que puede suponer una caída en la recaudación efectiva (pues la reducción de la actividad superaría a lo que se cobre a los inversores). El informe de Oliver Wyman habla de que hasta el 75% de las transacciones saldrán de la zona de influencia del tributo, que reducirá el volumen y el número de operaciones de los mercados (en la línea con lo que ha pasado en Francia en estos meses). Sus cálculos son que la economía real "soportará unas pérdidas superiores a 1 euro por cada euro que se recaude".
El único experimento con una tasa similar se hizo en Suecia en 1983 (con un impuesto del 0,5%). Se recaudaron menos de 100 millones de coronas, frente a un cálculo previo de 1.500 millones. De hecho, la recaudación sobre plusvalías bajó. Y el volumen de transacciones se desplomó un 85% (un 98% en el caso de los futuros). En 1991, el gobierno sueco dio marcha atrás y eliminó la tasa. Por cierto, Suecia no se va a sumar ahora a la propuesta de la Comisión.
Para evitar estas situaciones, la Comisión prevé cobrar el impuesto siempre que cualquiera de las dos partes involucradas en la transacción tenga su residencia en uno de los once países que lo aplicarán. De nuevo, los expertos apuntan a que poco importará esto a los grandes grupos de las finanzas, que buscarán la localización menos dañina para sus intereses, algo que no podrá hacer el inversor de a pie.
Por último, queda el tema de los empleos en el sector financiero. En países como Reino Unido representa hasta el 10% del PIB e incluso aunque David Cameron no firme el acuerdo las empresas de la City se verán afectadas. Sólo en la capital británica, se calcula que podrían perder su empleo hasta 4.500 personas, algo que podría repetirse en el resto de los grandes centros del continente, privando a las arcas públicas de unos contribuyentes muy golosos (los tiburones de las finanzas tributan normalmente a los tipos más elevados).