No ha pasado una semana desde que el ministro de Hacienda diera a conocer los datos provisionales del déficit de las Administraciones Públicas y ya se han desatado los ataques al sistema de financiación autonómica, como causante de los desequilibrios financieros de estas últimas. Los políticos autonómicos, cuando se desvelan sus vergüenzas, acuden a echar la culpa al sistema, como si de ellos no dependieran las decisiones que se toman con respecto al empleo de los dineros que los ciudadanos ponemos en sus manos.
Esto se ha podido ver, de una manera singular, en los cinco casos en los que el déficit autonómico ha sido excesivo; es decir, cuando no se ha cumplido con el objetivo de dejarlo por debajo del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de cada una de las regiones. Cinco casos que, curiosamente, corresponden a las cinco comunidades autónomas bañadas por el Mediterráneo, como si fuera inevitable que el tópico que atribuye a los levantinos una fama de malos pagadores cayera como una maldición sobre sus Gobiernos regionales. El caso es que, en efecto, han sido la Comunidad Valenciana (con un déficit equivalente al 3,45% de su PIB), Murcia (3,02%), Andalucía (2,02%), Cataluña (1,96%) y Baleares (1,83%) las cinco regiones incumplidoras con el referido objetivo de la política económica española.
Las explicaciones que han dado los Gobiernos autonómicos son variadas. Unos destacan que la consolidación fiscal que han realizado ha sido importante, aunque no se haya llegado al objetivo. Por ejemplo, el vicepresidente económico de Baleares ha dicho: "Como mínimo, estamos en el camino adecuado y estamos haciendo las cosas como toca"; y la consejera de Hacienda de Andalucía ha señalado que el déficit de su comunidad "demuestra el esfuerzo y compromiso de Andalucía para conseguir la estabilidad presupuestaria". En Cataluña y en Andalucía no han dejado pasar la ocasión para expresar su disconformidad con el reparto del objetivo de déficit entre el Estado y las CCAA. Y los hay que, yendo más lejos en su justificación, han atribuido el resultado obtenido al mal funcionamiento del sistema de financiación autonómica, especialmente porque penalizaría a las correspondientes regiones. Tal ha sido el caso, nuevamente, de Cataluña y, sobre todo, de la Comunidad Valenciana, cuyo consejero de Hacienda no ha tenido empacho en hablar de "infrafinanciación" y en abonarse a una teoría según la cual "somos eficientes en el gasto" pero "tenemos un déficit de financiación".
El sistema de financiación autonómica es un arcano de difícil manejo, plagado de conceptos oscuros y complejo de gestionar, que conduce a resultados desiguales en lo que atañe a la financiación por habitante que recibe cada una de las CCAA. Por ejemplo, de acuerdo con la liquidación de 2010 –la última cuyos datos han sido publicados completamente–, cuatro de las cinco regiones incumplidoras (Cataluña, Andalucía, Murcia y Valencia) aparecen entre las peor financiadas, en tanto que la que queda (Baleares) obtiene unos recursos por encima de la media nacional. Pero hay otras dos comunidades autónomas mal financiadas (Castilla-La Mancha y Madrid) que, sin embargo, han cumplido con el objetivo de déficit. Por ello, cabe preguntarse en qué medida esa desigualdad en cuanto a la financiación ha podido contribuir al déficit de las regiones incumplidoras. En otras palabras, la pregunta es: ¿qué parte de la culpa del déficit de estas regiones es atribuible al sistema de financiación?
Para contestarla he calculado los recursos adicionales que habrían obtenido las CCAA con déficit excesivo si el sistema de financiación hubiera proporcionado a todas las regiones españolas los mismos recursos por habitante, a igualdad de necesidades. O sea, si en este asunto todos los españoles contáramos lo mismo a la hora de repartir los dineros públicos, aunque corrigiendo la correspondiente cifra en función de las necesidades específicas de servicios públicos de cada segmento de la población –por ejemplo, los escolares que gastan en educación obligatoria, los viejos que usan más la sanidad y los servicios sociales, etcétera–. De esta manera, la Comunidad Valenciana se habría sacado el año pasado 887 millones más de los que obtuvo; Murcia, 155 millones; Andalucía, 831 millones; Cataluña, 141 millones; y Baleares, en cambio, habría dispuesto de 65 millones menos. Las cifras por habitante serían, respectivamente, de 177 euros en Valencia, 108 en Murcia, 101 en Andalucía, 19 en Cataluña y, con signo negativo, 59 en Baleares.
En total, la financiación adicional de estas regiones mediterráneas habría alcanzado la cifra de 1.949 millones de euros, lo que no llega, ni por asomo, a paliar su déficit. Éste fue, en el conjunto de todas ellas, de 11.623 millones de euros. Por tanto, el argumento que achaca la responsabilidad del déficit en estas CCAA al sistema de financiación sólo vale para explicar un 17% de la cuantía correspondiente. El otro 83% es atribuible a los políticos y a su mala gestión de los recursos que los españoles ponemos en sus manos. Y si desagregamos territorialmente este resultado nos encontramos con que este tipo de responsabilidad de los políticos –el deplorable manejo del presupuesto– es de un 75% en la Comunidad Valenciana, un 82% en Murcia, un 71% en Andalucía, un 96% en Cataluña y un 113% en Baleares. Así pues, no parece que los gobernantes de estas regiones tengan mucho de lo que vanagloriarse y sí bastante de lo que avergonzarse, pues produce bochorno contemplar cómo, en la época de bonanza, fueron capaces de derrochar los impuestos que, de manera obligada, los ciudadanos confiamos a su gestión y ahora, en la etapa de crisis, se ven impotentes para corregir los excesos que cometieron en el pasado.