Más subidas de impuestos, acelerar la reforma de las pensiones y profundizar aún más en la reforma laboral. Estos son los tres grandes deberes que la troika -Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo- exigió al Gobierno de Mariano Rajoy esta semana.
La cuestión es que no se trata de "meras" recomendaciones sino más bien de exigencias, ya que el memorando de rescate bancario establece una serie de condiciones tanto financieras como macroeconómicas. El objetivo fundamental de estas últimas es mejorar la competitividad de la economía española y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas para que el Gobierno pueda, en última instancia, devolver a Bruselas los cerca de 40.000 millones de euros del rescate bancario.
Más ajustes fiscales
En primer lugar, aunque el Gobierno vendió como un éxito la reducción del déficit público al 6,7% del PIB en 2012 -sin ayudas bancarias- y aseguró que no preveía nuevos ajustes fiscales para este año, la troika insiste en la necesidad de subir nuevamente el IVA y establecer impuestos medioambientales para reforzar la senda de consolidación fiscal.
En este sentido, la Comisión Europea (CE) ya avanzó en sus previsiones de invierno que España incumplirá los objetivos de déficit, entre otras razones, porque en 2014 expirará la subida temporal del IRPF aprobada el pasado año. De este modo, Bruselas recuerda a Moncloa que los ajustes llevados a cabo hasta el momento no son suficientes para reducir la brecha fiscal hasta un nivel sostenible. Por tanto, de una u otra forma, el Gobierno tendrá que aprobar nuevos ajustes (subidas fiscales y recortes de gasto).
La posición de las autoridades comunitarias en este ámbito es clara desde hace tiempo. Así, en materia de ingresos, no sólo reclaman aumentar los impuestos indirectos sino que también recomiendan reducir las cotizaciones sociales, mientras que en materia de gastos insisten en la necesidad de meter en cintura a las CCAA. La razón básica para aplicar nuevos ajustes reside en la brutal brecha que sigue existiendo entre los ingresos y gastos del sector público. Tan sólo el pasado año, las administraciones públicas gastaron 70.000 millones más de lo que ingresaron, sin tener en cuenta las ayudas financieras.
Además, cabe recordar que el Gobierno está negociando con Bruselas la posibilidad de retrasar dos años más el objetivo de déficit del 3% del PIB -hasta 2016-, una flexibilización que exigirá nuevos ajustes en caso de que, finalmente, se conceda.
Acelerar la reforma de las pensiones
"El déficit recurrente en la Seguridad Social necesita ser enfrentado. Planes para introducir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones y para incrementar la edad de jubilación serían un importante paso en esta dirección, pero todavía es necesario adoptarlas". Con esta frase, la troika advierte de una realidad que, aunque supuestamente conocida por todos, no se traduce en medidas concretas o se queda sólo en remedios parciales que no acaban con el problema.
Todo el mundo sabe que el sistema público de pensiones en España está al límite de su sostenibilidad. Hace dos años, se aprobó una reforma que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años y endurecía los requisitos para cobrar las prestaciones (más años cotizados para llegar al 100% y más período de cálculo). En teoría, el plazo de aplicación de los cambios se alargaría hasta el 2027. Pero desde hace unos meses, Bruselas ha reiterado que no será suficiente. Pese a los mensajes de los políticos españoles, serán necesarias más reformas y, probablemente, acelerar las ya aprobadas. Y cuanto antes mejor:
· Sostenibilidad: según el informe de la Comisión Europea publicado a finales de 2012, "España tienen una brecha de sostenibilidad equivalente al 4,8% del PIB (la media en la UE es del 2,6%)". En esta cifra, el efecto del envejecimiento es equivalente al 1,9%, especialmente por el sistema de pensiones, aunque el creciente coste sanitario también tiene su importancia.
· Números rojos: normalmente, cuando se habla de la quiebra del sistema, se hace en términos de décadas y se citan proyecciones de envejecimiento para 2040 ó 2050. Sin embargo, la Seguridad Social ya está en números rojos. El año pasado los gastos superaron a los ingresos en el equivalente al 1% del PIB (algo más de 10.000 millones de euros). Todo esto no quiere decir que no haya dinero para pagar a los pensionistas, pero sí que ya se está tirando del Fondo de Reserva. Además, está claro que la crisis también ha influido porque ha caído por los suelos el número de cotizantes. Pero en un sistema aparentemente tan sólido como venden los políticos, que en 2013 ya esté en esta situación es una muy mala señal.
· Trabajadores y pensionistas: precisamente, el incremento del paro y la caída de la cotización a la Seguridad Social han hundido la ratio trabajador-pensionista, que ha caído por debajo del 2 por primera vez desde la recesión de los años noventa.
· Por la puerta de atrás: la situación es tan crítica que el Gobierno ha tenido que tomar medidas impensables hasta hace unos años, como sacar las pensiones no contributivas de la cuenta de la Seguridad Social para aliviar los ajustes financieros de ésta. Pero aún así, no está claro que pueda cuadrar las cuentas. Además, desde hace años la subida de los máximos de cotización es superior a la de las pensiones más altas, con lo que se produce un recorte encubierto de las prestaciones de jubilación. De esta manera, se intenta sostener el sistema por la puerta de atrás, sin que el contribuyente tenga conciencia inmediata de los hechos.
Acabar con la dualidad laboral
Otro clásico en los comunicados bruselenses es la necesidad de que España se enfrente a la dualidad de su mercado laboral. El mensaje desde el Gobierno es que la reforma laboral está comenzando a dar frutos y que esto será más evidente cuando comience la recuperación. Sin embargo, el informe sobre el grado de cumplimiento de las condiciones del rescate bancario también es muy claro en este tema: "La dualidad en el mercado laboral permanece sin cambios en su mayor parte. La gravedad de la situación del mercado laboral requiere un control continuo y una revisión de los resultados de la reforma".
El diagnóstico de la troika, como el de la mayoría de los expertos, acepta que la nueva norma sí ha conseguido "moderar" los costes laborales y reducir la destrucción de empleo, pero no ha acabado con la diferencia entre temporales e indefinidos.
Según los datos de los servicios públicos de empleo, entre enero y febrero se firmaron 192.193 contratos indefinidos y 1.859.470 temporales. Esto que quiere decir que menos de un 7% de las nuevas altas fue para un puesto fijo. Este dato es un poco engañoso, porque muchos de los temporales son firmados por los mismos trabajadores, ya que encadenan varios contratos. Pero la cifra del 6,9% sigue siendo muy baja en cualquier caso. Además, la tasa de temporalidad sigue siendo la más alta de la UE, con cerca del 25% de la fuerza laboral.
Por eso, todos los organismos internacionales que analizan la economía española piden una simplificación en la normativa laboral. Incluso, muchos de ellos abogan por el contrato único (o por dos tres contratos generales). En los últimos tres meses, se han posicionado en este sentido el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. El Gobierno se ha resistido siempre ha abrir este melón, que le enfrentaría, aún más, con los sindicatos. De hecho, en la última reforma aprobada para impulsar el empleo juvenil, incluso aumentaba las modalidades de contratación en tres más.
Ahora, la troika le vuelve a recordar los deberes pendientes. En teoría, es parte de la condicionalidad que exige el rescate, aunque Luis de Guindos ya apuntó que son "meras recomendaciones". Por ahora, al menos en esta cuestión de la reforma laboral, no se advierten señales de que vaya a haber novedades.