Pescanova ha convocado este jueves un consejo de administración extraordinario, a petición de varios accionistas, entre ellos el Grupo Damm, con una participación del 6,18%, para analizar la situación de la compañía gallega, en preconcurso de acreedores y con su cotización suspendida cautelarmente.
Fuentes del Grupo Damm han confirmado a Efe la convocatoria del consejo extraordinario, que tendrá lugar por la mañana en la sede social de Pescanova, en el municipio pontevedrés de Redondela.
En la misma, el Grupo Damm y otros accionistas esperan conocer la situación exacta de las cuentas de Pescanova, después de que ayer comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existen "discrepancias" entre su contabilidad y la deuda que reclaman los bancos.
Asimismo, este accionista en concreto solicitará que las decisiones inmediatas se tomen por mayoría del consejo y no respondan al "criterio unipersonal" de su presidente y máximo accionista, Manuel Fernández de Sousa-Faro.
Las fuentes consultadas por EFE abundan en que resulta de "vital importancia" saber con exactitud qué está pasando en Pescanova, cuya cotización suspendió cautelarmente ayer la CNMV por concurrir "circunstancias que pueden alterar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor". Un valor que se ha dejado hasta un 57% desde el 1 de marzo, fecha en que la empresa solicitó el preconcurso de acreedores.
En el momento de la suspensión, los títulos de Pescanova se cambiaban a 5,91 euros, frente a los 7,32 que marcaban al cierre de la sesión anterior, es decir, casi un 20% menos, aunque a primera hora de la negociación sufrían un abultado descenso cercano al 32%.
Poco después de su suspensión en bolsa, Pescanova remitía un comunicado a la CNMV en el que admitía que las cifras de deuda que maneja la empresa no coinciden con lo que le reclaman sus acreedores.
Desde Pescanova se comprometen a comunicar a la CNMV el "importe de esas discrepancias" en cuanto lo sepan, mientras que el regulador bursátil ya adelantó el lunes la apertura de una investigación sobre los "posibles indicios" de comportamientos de "abuso de mercado por parte de la compañía, sus administradores o terceras personas".
En concreto, el regulador investiga si hubo abuso de mercado en determinadas operaciones de compraventa de acciones de la compañía y ha pedido sus cuentas de 2012, tras haber comprobado ya los datos referidos a la renegociación de su deuda, aspecto clave en el periodo que el procedimiento del preconcurso de acreedores otorga antes de que la empresa tenga que declararse insolvente.
La compañía debía afrontar este año el vencimiento de una deuda por importe de 203,36 millones de euros con entidades de crédito, obligaciones y deudas no comerciales.