La aceptación por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por la oposición parlamentaria contra la no revalorización de las pensiones en 2013 suscita una cuestión fundamental sobre el modelo español de Seguridad Social: la de los derechos de los pensionistas. Según los recurrentes, la subida de las pensiones de este año, del 1%, en vez de del 2,9%, que fue la tasa interanual de inflación en noviembre –la que se toma como referencia para la revisión de la cuantía de las prestaciones por jubilación–, va en contra de los derechos adquiridos de los pensionistas. Pero ¿cuáles son esos derechos adquiridos?
De acuerdo con la ley que regula la revalorización de las pensiones, éstas deben incrementarse todos los años en función de la inflación esperada, y si después el crecimiento de los precios es mayor, entonces debe abonarse también ese dinero. En esto es en lo que se basan los que han presentado el recurso. Por cierto, la ley también dice que cuando la inflación es menor de lo previsto por el Gobierno los pensionistas tienen que devolver el dinero cobrado de más, pero en los años en que se ha dado este caso el Ejecutivo no ha exigido devolución alguna, ni la oposición la ha reclamado. Pero bueno, esto es lo que dice la ley, la cual se puede cambiar mediante otra ley.
La cuestión fundamental, sin embargo, no es exactamente esta, sino la referente a la regulación del sistema español de Seguridad Social. Éste, de entrada, adopta el modelo de reparto, por el cual los ingresos por cotizaciones sociales de hoy financian las pensiones actuales. ¿Y qué pasa si los ingresos no alcanzan para cubrir el cien por cien de los gastos en pensiones, como es ya el caso? Porque, recordémoslo, este sistema se financia única y exclusivamente con las cotizaciones sociales de los trabajadores, de los empresarios que los contratan y de los autónomos. De ahí que la normativa no establezca una relación directa entre cantidades cotizadas y prestaciones recibidas, entre otras cosas porque, en realidad, no existe dicha relación, ya que la mayor parte de las pensiones actuales son muy superiores, por razones políticas, a la cantidad que resultaría de capitalizar todo lo cotizado a lo largo de toda la vida laboral de una persona.
En realidad, los derechos legales de los pensionistas son otros. Está, en primer lugar, el derecho a recibir una pensión si se ha cotizado el número mínimo de años que exige la ley para ello, y, en segundo término, el derecho a percibir lo que sea la pensión máxima si a lo largo de todos los años de cotización incluidos en el periodo de cómputo la base de cotización del trabajador ha sido la máxima. Pero lo que no dice nunca la normativa es que uno va a cobrar exactamente tal o cual cantidad de dinero en el momento de la jubilación, porque no puede decirlo, de la misma forma que no puede garantizar la revalorización de las pensiones conforme a la inflación si el sistema es deficitario, como ya es el caso en España. Una situación que, por cierto, se irá agravando con los años. En consecuencia, aquí no hay derecho adquirido alguno.
Otra cosa muy distinta es que quienes nos gobiernan, ya sean los socialistas o los del PP, tengan la obligación moral de hacer todo lo que sea posible para que un jubilado tenga una pensión adecuada y no pierda poder adquisitivo con el tiempo. A fin de cuentas, el PP, el PSOE y los sindicatos firmaron el Pacto de Toledo para que las pensiones siguieran siendo públicas, y se llenaron la boca diciendo por todas partes que el futuro de la Seguridad Social estaba garantizado, cuando lo cierto es que la estructura demográfica española ya indicaba hace veinte años que el sistema entraría en déficit esta década, y que dicho déficit iría a más con el tiempo. Entonces se pudo hacer una reforma para pasar a un sistema de capitalización, por el cual la pensión de cada persona depende de lo que haya cotizado efectivamente a lo largo de toda su vida laboral, pero todos quisieron mantenerlo en el ámbito público y ahora nos encontramos con que para que el modelo no quiebre hay que retrasar la edad de jubilación y recortar las pensiones venideras en un 35%, con el truco ese de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. Pues bien, los ciudadanos tenemos el derecho moral a que no se cambien las reglas de juego en mitad de la partida, y los políticos que garantizaron la viabilidad del sistema tienen la obligación moral de hacer todo lo posible por que no se recorten las pensiones. ¿Cómo? Acabando con tanto despilfarro de dinero público como se produce en este país, por ejemplo, cerrando las autonomías.
Esos son los derechos reales de los pensionistas de hoy y de los de mañana, no los que reivindica una oposición parlamentaria que ha sido coautora y cómplice del empobrecimiento de los jubilados.