El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto Ley sobre Medidas en materia participaciones preferentes y Deuda Subordinada de Entidades de Crédito en Reestructuración o Resolución. En el mismo, se crea la comisión de seguimiento que fijará los criterios para designar a los beneficiarios que podrán acceder al arbitraje de las preferentes de las entidades nacionalizadas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos, han explicado que esta comisión, además de determinar los criterios de acceso, podrá decidir si algún colectivo de clientes que ha accedido al arbitraje puede acogerse a una tramitación prioritaria.
Las entidades que han recibido ayudas públicas tienen que canjear este tipo de productos por capital, normalmente acciones, aplicando una quita:
- En el caso de Bankia, los titulares de preferentes recibirán acciones nuevas. Esto quiere decir que una vez que se haya realizado la ampliación de capital (y las acciones coticen a precio de mercado actual), se canjearán las preferentes por estos nuevos títulos con un descuento que todavía no ha sido especificado.
- El problema es que entidades nacionalizadas como NCG Banco y CaixaCatalunyaBanc no cotizan. Por eso, en este caso se va a actuar en dos pasos. Primero se intercambiarán las preferentes por acciones de estas dos entidades. En segundo lugar, se articula un mecanismo especial para que el Fondo de Garantía de Depósitos pueda comprar las acciones en poder de los antiguos preferentistas. El ministro De Guindos ha asegurado que se hará el canje "a precio de mercado", pero no está claro qué quiere decir esto, puesto que el precio de mercado de las acciones de estos dos bancos es cercano a cero (o incluso negativo).
Precisamente, en lo que respecta a estas dos últimas entidades, radica la principal novedad de lo anunciado este viernes por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado una "derrama extraordinaria" que obligará a los bancos a pagar un 0,3% de los depósitos que tengan en sus balances al FGD.
La cantidad que se recaudará por este concepto estará entre 1.500 y 2.000 millones de euros y se destinará a ese mecanismo de liquidez que utilizará el FGD para comprar las acciones a los antiguos titulares de preferentes. El cobro se hará en dos tramos: un 40% en los primeros veinte días de 2014 y el resto a lo largo de los siete años siguientes.
Para establecer qué cantidad aportará cada entidad, se tendrá en cuenta también si han participado en la Sareb (el banco malo), puesto que de las aportaciones se descontará el dinero aportado a esta entidad. Esta cláusula parece ir dirigida directamente contra el BBVA, el único gran banco español que no acudió a la llamada del Gobierno y al que ahora Economía le pasa la factura correspondiente, como puede verse en la tercera de las exenciones incluidas en el RD:
- Las entidades mayoritariamente participadas por el FROB no contribuirán nada a este mecanismo.
- Habrá una deducción de hasta el 50% en las aportaciones en el caso de las entidades adheridas al Fondo cuya base de cálculo [depósitos en el balance] no exceda de 5.000 millones de euros.
- Se aprueba una deducción de hasta un máximo del 30% de las cantidades invertidas por las entidades antes del 31 de diciembre de 2013 en la suscripción o adquisición de acciones o instrumentos de deuda subordinada emitidos por la Sareb.
La comisión de seguimiento es un órgano previsto en el acuerdo que alcanzaron PP y PSOE el pasado 29 de enero para dar una salida a los afectados por preferentes. Está compuesta por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, el subgobernador del del Banco de España y responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Tesoro, las consejerías autonómicas que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.