Este enunciado podría convertirse en una máxima de conducta de la cosa pública en nuestro país, e incluso de la esfera privada con repercusión pública. El serial de las preferentes, con sus múltiples adminículos adheridos –deuda subordinada, cuotas hipotecarias y hasta impagos de los arrendamientos–, pues nuestra sociedad parece poco proclive a diferenciar situaciones que nada tienen en común, sigue dando vueltas, haciendo presagiar un final oscuro, más aún, cuando tales despropósitos se convierten en negocio de unos pocos protagonistas de la agitación.
Es aconsejable llamar a las cosas por su nombre; un consejo al que alegremente se le vuelve la espalda cuando interesa otra cosa. Sobre todo si el interés es de algún ministro del Gobierno dispuesto a que no resulte visible la suciedad encubierta. O lo que es lo mismo, hacer las cosas para que parezca que no pasa nada o, incluso, que nunca ha pasado nada.
Nuestro ministro de Economía en ese manoseo de lo conceptual, pretende atender a las exigencias de los preferentistas –titulares de participaciones preferentes–, mediante el Fondo de Garantía de los Depósitos, requiriendo a los bancos que aporten recursos adicionales –hasta unos dos mil millones de euros– para ampliar las disponibilidades del Fondo y su capacidad para atender a esta pretensión.
El Fondo de Garantía de Depósitos está para eso, para garantizar los depósitos y, salvo que usted nos demuestre que la adquisición de una participación preferente es un depósito, no tiene sentido la propuesta. El depósito es un contrato en el que el depositario se obliga a custodiar el objeto depositado por el depositante en las condiciones de tiempo y precio establecidos. El Fondo viene a garantizar al depositante cuando, requerido el depositario para el reintegro de la cantidad depositada, éste no pueda cumplir con su obligación.
La preferente nada tiene que ver con el depósito, pues, como bien se expresa, es una participación en algo que puede ir bien o mal, y que por ello tiene un riesgo implícito. ¿Por qué si no iba a tener una remuneración mayor, con mucho, que el depósito? ¿Es que la ingenuidad de los preferentistas no les permitió ver esa diferencia de rendimiento? ¿No es cierto que rechazaron el depósito por su bajo interés y optaron por el mayor rendimiento de las participaciones?
Que alguien puede sentirse estafado no tengo duda alguna, pero para eso están los jueces: para perseguir y sentenciar al estafador, condenándole a reparar el daño producido y quizá a pena de prisión. Que ahora todo el sistema bancario aporte recursos para que parezca que no pasa nada, me parece un insulto y un desacato a la prudencia y a la responsabilidad de los que sí las tuvieron.
Lo menos que hay que pedir es que quienes emitieron los títulos preferentes se las tengan que ver con quienes se sienten estafados. Lo otro, es proteger la irresponsabilidad y, en su caso, encubrir la estafa, señor ministro.