El Gobierno avanzó este viernes que ya ha pactado con la Comisión Europea elevar el objetivo de déficit del 4,5% del PIB previsto inicialmente a cerca del 6% en 2013. De este modo, el calendario para recortar el descuadre presupuestario hasta el 3% se alargaría finalmente hasta 2016, frente al 6,9% registrado en 2012 (10,6% del PIB si se incluyen las ayudas bancarias). Este margen extra será aprovechado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para suavizar el ritmo y el volumen de recortes públicos, al tiempo que permitirá ofrecer un nuevo balón de oxígeno a las comunidades autónomas, aumentando igualmente su objetivo de déficit desde el 0,7% actual.
Así pues, el PP mantiene intacta su particular estrategia económica, consistente en pregonar las bondades de la austeridad pública, pero tan sólo de boquilla, ya que su principal tarea en Bruselas se centra, casi exclusivamente, en presionar a sus socios comunitarios para retrasar los ajustes o recabar nuevas ayudas en forma de dinero público o masivas inyecciones monetarias sin necesidad de condiciones extra. Elevar el objetivo de déficit comprometido con la UE fue lo primero que hizo Rajoy al llegar al Gobierno, tras su inesperada subida de impuestos, y ahora, apenas un año después, vuelve a repetir la operación. No en vano, cabe recordar que primero Zapatero y después Rajoy afirmaron por activa y por pasiva que España reduciría el déficit al 4,5% del PIB en 2012 para, de este modo, alcanzar en 2013 el límite máximo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad. Nuevas promesas incumplidas que, pese a constituir ya una costumbre propia de la clase política española, acaban quitando credibilidad al conjunto del país.
Retrasar la reducción del abultado déficit público que sigue registrando el conjunto de las administraciones públicas no es ningún respiro, y aún menos la solución, para la grave crisis económica sino, muy al contrario, el principal obstáculo para lograr la ansiada recuperación y creación de empleo a corto y medio plazo. La austeridad –entendida como recortes del gasto y no como subida de impuestos– no sólo no está reñida con el crecimiento, sino que es la condición necesaria para que éste se produzca, tal y como afirman una y otra vez Angela Merkel o el propio BCE. Sin una drástica reestructuración del sector público y una firme política de reformas estructurales encaminada a liberalizar el anquilosado sector productivo, España seguirá dependiendo, de una u otra forma, de la asistencia financiera de las autoridades comunitarias, sin que ello evite caer en un prolongado estancamiento económico.
En este sentido, el informe de la Comisión Europea publicado esta misma semana vuelve a advertir a Mariano Rajoy que aún queda mucho por hacer para sanear la economía y las finanzas públicas españolas. No es tiempo, pues, para relajarse en materia de ajustes presupuestarios. Sin embargo, por desgracia, todo indica que la flexibilización del déficit público por parte del Bruselas permitirá al Gobierno y a las CCAA tomarse un inmerecido, indeseado y contraproducente respiro.