Las CCAA mantienen vivos 209 entes públicos que prometieron eliminar

Anunciaron que eliminarían 686 entes, pero han liquidado 477.

Mariano Rajoy este miércoles en el pleno | Efe
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Semana tras semana, esta sección analiza el despilfarro y el intervencionismo económico que sufren los contribuyentes españoles. Al hilo de las noticias que siguen, podrán comprobar que, más que un Estado del Bienestar, lo que tenemos en España es más bien el Bienestar del Estado.

Empezamos nuestro repaso hablando de la Administración paralela. Las Comunidades Autónomas mantienen 209 entes públicos que deberían haber eliminado. Los planes de reducción de la Administración paralela incluían la ejecución de 686 bajas a lo largo de los últimos 15 meses, pero las Administraciones regionales sólo han efectuado 229 (es decir, menos de la mitad), mientras que otros 248 han cesado su actividad (están en vías de extinción).

Por otro lado, Andalucía ha repartido más de 4.000 millones de euros en "cursos de formación". Por lo visto, la iniciativa no ha tenido ningún éxito: el desempleo en la región está en el 35%, y uno de cada tres nuevos parados es andaluz. No obstante, los 4.000 millones de euros sí han repercutido positivamente en el bolsillo de personas cercanas al gobierno socialista de la región, ya que amigos y familiares de cargos socialistas recibieron al menos 30 millones de estos fondos.

La Junta también está en el punto de mira por el escándalo de corrupción de los EREs. No obstante, al margen de esta investigación que podría determinar un desfalco valorado en cientos de millones de euros, es importante señalar que la Junta entregó casi 400 millones de euros a los sindicatos UGT y CCOO durante el periodo en el que se desarrolló la trama corrupta que hoy investiga la juez Mercedes Alaya.

El Partido Socialista no solamente promueve el despilfarro allá donde gobierna, sino que prepara un estallido fiscal de cara a una eventual vuelta al poder. Como hemos conocido esta semana, la ponencia que prepara la formación izquierdista de cara a una futura reforma fiscal "abre la puerta a subidas de impuestos generalizadas". Rentas, patrimonio, sociedades, transacciones, etc., serán las figuras en las que el PSOE promoverá nuevas revisiones al alza.

Noticias así demuestran que después de las 30 subidas de impuestos de Rajoy y las más de 50 subidas de impuestos de las Comunidades Autónomas, el PSOE está dispuesto a darle otra vuelta de tuerca más al castigo tributario. Y así, entre ataques de todo tipo a los "paraísos fiscales", España se convierte poco a poco en un "infierno fiscal". De hecho, en 2012 fuimos el país que más subió los impuestos a los trabajadores, en línea con políticas de austeridad que vuelcan el ajuste hacia el sector privado en vez de hacia el sector público. El resultado de este enfoque choca contra la evidencia de 40 años de programas anticrisis, pero esto poco parece importar a nuestros dirigentes, que han subido más los impuestos a la renta en dos años que en dos décadas.

El PP, en cualquier caso, sigue explorando nuevas formas de extraer más ingresos a los contribuyentes. Las tasas a los depósitos bancarios y los "impuestos verdes" parecen ser la nueva apuesta de Hacienda para cumplir este objetivo.

Mientras tanto, la austeridad en el gasto público sigue siendo más que limitada. El panorama es tan desolador que incluso en la Presidencia del Gobierno de España vemos ejemplos de escaso compromiso con la austeridad. Así, el gabinete popular de Mariano Rajoy sigue sin aplicar recortes en altos cargos y asesores. El Ejecutivo se había prometido a reducir la estructura de altos cargos (ministros, secretarios de Estado, directores generales y directores de entes públicos) en un 25%, pero ha dejado el adelgazamiento en niveles del 10%. En 2013, de hecho, la plantilla de altos cargos aumenta y el personal de confianza se mantiene cerca de las 250 personas. Sobre dicho grupo de personal, cabe señalar que cerca de 70 asesores no tienen el graduado escolar.

El PP también inventa creativas formas de gastar el dinero de los contribuyentes en las Comunidades Autónomas que gobierna. Un ejemplo: los desempleados extremeños que cursen la ESO cobrarán 500 euros al superar cada cuatrimestre. En total, la paga podría alcanzar los 1.000 euros si los parados de la región gobernada por el PP completan los objetivos académicos fijados por este programa, que parece inspirado en otro que aprobó recientemente otro gabinete popular: el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

La gestión popular en RTVE tampoco es para tirar cohetes. En 2012 se acumularon pérdidas por más de 100 millones de euros. La radiotelevisión pública tiene una plantilla diez veces más grande que la de Antena 3, paga en salarios el triple que las cadenas privadas y compra contenido fuera de presupuesto valorado en más de 54 millones de euros.

Más sangrante aún, si cabe, es la torpeza con la que el gobierno popular maneja las subvenciones a organizaciones dedicadas casi íntegramente a promover las políticas del PSOE. Lo vemos con los cientos de miles de euros entregados en subsidios a agrupaciones como la CEAPA, que secunda las huelgas educativas, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, gestionada por un ex diputado socialista, la Federación Estatal de colectivos LGTB, asociada con Pedro Zerolo, etc.

El gobierno popular también se ha cubierto de gloria con el llamado Plan PIVE. La medida, que parece inspirada en las medidas keynesianas de Zapatero (Plan 2000E), comprometió 75 millones de euros en 2012 para las subvenciones a la compra de vehículos. Las ventas se desplomaron un 20% durante el periodo de aplicación del Plan, pero el gobierno de Rajoy ha redoblado la apuesta, aumentándolo en 2013 para alcanzar 190 millones de euros entre turismos y furgonetas.

El despilfarro a veces tiene freno, pero eso no evita la factura acumulada. La Ciudad de la Cultura de Galicia es un buen ejemplo: su construcción se ha detenido a instancias del gobierno de Feijóo, pero el megaproyecto ya ha supuesto un desembolso de 300 millones de euros, a pesar del dudoso futuro del complejo.

Otro fenómeno observado en los últimos años es la "adaptación" del despilfarro. La contratación pública es el mejor ejemplo: supone la friolera del 15% del PIB, pero lejos de ser reducida, se mantiene en dichos niveles pero, en aras de justificar la ausencia de nuevos recortes, "se invita a las PYMES" a participar en el proceso. Según el gobierno, esta reforma se enmarcará en la "Ley de Apoyo al Emprendedor".

Pasemos ahora a la última ocurrencia del gobierno popular. Esta vez se trata de penalizar a las empresas que opten por prejubilar a sus trabajadores. Lejos de reformar las pensiones de raíz, el Ejecutivo introduce un nuevo parche con el que espera extraer casi 400 millones de euros del sector privado.

Pero el despilfarro descrito en esta sección no solamente ocurre a nivel nacional y regional, sino que también se produce a escala local de forma preocupante. Esta semana, sin ir más lejos, hemos conocido la noticia de la quiebra de un pueblo de 6.500 habitantes en el que la deuda municipal es de 70 millones de euros. El gobierno del PSOE en esta localidad sevillana se dio la gran vida a costa de los contribuyentes locales: tarjetas visa, viajes, comidas por 200.000 euros... La nueva administración, en manos del PP, no ha podido hacer más que declarar la quiebra.

Otras formas de despilfarro

Es importante subrayar, eso sí, que no todo el despilfarro se produce en forma de aumentos directos del gasto público. Un buen ejemplo lo tenemos en las regulaciones de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), que constituyen una especie de subsidio obligatorio y encubierto a los sindicatos. En 2012, las centrales se llevaron 93 millones de euros por este concepto. Aunque el despedido no lo autorice, la cuota con la que se benefician los sindicatos es de 250 euros por cada trabajador.

Otro ejemplo de despilfarro indirecto lo tenemos en los manguerazos presupuestarios con los que se intentó enjuagar el fiasco de la banca pública española. Así, esta semana hemos conocido que las cajas de ahorros que recibieron dinero público pagaron dietas por más de 13 millones en 2010, el año de su ocaso definitivo.

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