Un enemigo peligroso, precisamente porque sus apariencias no hacen suponer el riesgo que entraña para la sociedad en su conjunto, y especialmente para aquellos llamados a sufrir sus efectos.
Somos conscientes de que el poder, desprovisto de cualquier otra consideración, lo es tanto más cuanto menos se encuentre limitado por una estructura normativa, de aquí la veneración que los que lo detentan sienten por el discrecional.
Un poder reglado, para aquellos que pretenden hacer lo que quieren, realmente no es poder. Un poder sometido a normas que ordenan la convivencia se ejerce en lo que debe y puede, y no tanto en lo que quiere hacer.
Sin embargo la apetencia por hacer lo que se quiere es tal que, con frecuencia, hasta se ridiculiza a los sistemas reglamentistas –que no dejan espacio para la discrecionalidad– alabando la capacidad improvisada de decisión, según lo que en cada momento interese al poder; ello en pro de la flexibilidad.
Esa forma de gobernar concluye, más pronto que tarde, en el fracaso. La historia es abundante en ejemplos. Hoy no pretendo ocuparme de esos amplios espacios de discrecionalidad que tanto gustan a los que ejercen el poder. El motivo de estas líneas son aquellas situaciones perfectamente reglamentadas por normas sobre las que no caben interpretaciones, pero que el gobernante las manosea y manipula para que, con su tergiversación, acaben amoldándose a su propia voluntad, la voluntad de quien tiene el poder.
Ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, pero ahora el Banco Central Europeo ha vuelto a poner el dedo en la llaga. Se trata del empeño del señor ministro de Economía en que el Fondo de Garantía de Depósitos garantice también lo que no son depósitos; y las participaciones preferentes no son depósitos.
La tergiversación, en este caso de los fines del Fondo, es un acto de soberbia que acarrea perjuicios sociales y, quizá lo peor, al Estado de Derecho. Las normas están para cumplirse, no sólo por la sociedad en su conjunto sino por los ministros de Economía. Su incumplimiento por quien detenta el poder invalida la exigencia de cumplimiento al núcleo social. ¿Cómo exigir respeto al derecho de propiedad frente a los ocupas? ¿Cómo justificar la ejecución de un desahucio frente a quien se resiste a ello? ¿Cómo y por qué impedir los escraches?
Me dirán que buena parte de estos temas son asignaturas pendientes del Gobierno, pero seguramente lo son por falta convicción, traducida a las propias acciones. Al fin y al cabo, todas estas cuestiones encuentran solución con una buena tergiversación. Y como los políticos se apoyan y tergiversan, la Comisión Europea interpreta que garantizando las preferentes habrá menos fuga de depósitos, cuando cualquiera esperaría lo contrario, pues es un motivo adicional para dudar de la garantía de los depósitos.
Menos mal que aún nos queda el Banco Central Europeo, menos predispuesto a la tergiversación.