La Comisión Europea ha dicho este miércoles que es responsabilidad de las autoridades y de los tribunales españoles, y no de Bruselas, afrontar las compensaciones a los titulares de preferentes de entidades nacionalizadas que hayan sido estafados.
Varios representantes de asociaciones de afectados por las preferentes de Bankia y Novagalicia Banco han comparecido ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara para denunciar que las entidades les vendieron estos productos de forma fraudulenta, vulnerando la legislación europea, y para pedir el amparo del Parlamento Europeo.
Los eurodiputados han decidido remitir toda la documentación a la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento y enviar una carta al Gobierno español reclamando "soluciones", con el objetivo de que "al pequeño ahorrador se le devuelva íntegro todo el dinero que fue estafado", según ha dicho el presidente en funciones de la comisión de Peticiones, Willy Meyer.
Durante la reunión, el Ejecutivo comunitario ha resaltado que es competencia de las autoridades y tribunales nacionales "investigar si las entidades de crédito o firmas de inversión cumplieron con los requisitos de ejercer sus funciones de forma honesta y profesional en relación a sus clientes y decidir los remedios disponibles para los inversores afectados en caso de que las reglas se vulneraran".
"Es responsabilidad de las autoridades y los tribunales nacionales ocuparse de la compensación por los daños causados por posibles ventas abusivas a inversores", ha resaltado la representante de la Comisión, que ha dicho que Bruselas está en contacto con las autoridades españolas sobre este caso.
El eurodiputado del PP, Pablo Zalba, ha admitido que se trata de "un verdadero drama que afecta a miles de familias", pero ha manifestado que "es un problema que el Gobierno actual no ha creado, sino más bien ha heredado y a lo único que se ha limitado es a intentar solucionarlo".
En este sentido, ha apuntado que "cualquier decisión que adopte el Gobierno respecto a esta cuestión debe contar con el visto bueno de la Comisión" y de su vicepresidente, Joaquín Almunia. Su compañero, Carlos Iturgaiz, ha ido más allá y ha dicho que es Almunia quien "evita" que se devuelva todo el dinero a los ahorradores.
Zalba ha asegurado que la solución al problema es el arbitraje, una "iniciativa pionera de Galicia" que según ha dicho ya se ha aplicado en 16.000 casos en esta comunidad y en 10.000 casos en Cataluña. "Animo a todos los afectados a acudir a este tipo de solución", ha apuntado.
Por su parte, el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo ha sostenido que "las raíces de estos problemas no vienen del Gobierno socialista anterior". "Las primeras emisiones de este tipo de productos se produjeron en la etapa del Gobierno Aznar. En Galicia han comenzado en la etapa de Fraga", ha dicho.
"Desde las autoridades nacionales, que son el interlocutor de la autoridad europea, no hay más remedio que asegurar que por un procedimiento o por otro cada uno de estos ahorradores va a recuperar hasta el último céntimo", ha dicho su compañero de partido, Miguel Ángel Martínez, que ha pedido que se actúe contra los directivos bancarios que vendieron estos productos.
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha acusado al Gobierno español de haber hecho "dejadez de sus funciones y lavarse las manos" al remitir al laudo arbitral y ha pedido a la Comisión que dé soluciones a los afectados.