Por primera vez en la historia, España tiene seis millones de parados, según atestigua la última Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. El paro subió en 237.400 personas en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, con lo que la tasa de desempleo llegó al cierre de marzo hasta el 27,6%. En total, en el último año han sido 563.200 los españoles que han perdido su empleo, con el correlato inevitable del aumento del número de hogares con todos sus miembros inactivos, que actualmente suman ya casi los dos millones.
Los supuestos esfuerzos para reactivar la economía del Gobierno de Rajoy están demostrándose baldíos, por la sencilla razón de que no se han llevado a cabo las medidas que el propio Partido Popular defendió cuando concurrió a las pasadas elecciones. En realidad, el Gobierno ha hecho exactamente lo contrario de lo prometido, con subidas de impuestos brutales y reducciones cosméticas de un entramado público que permanece prácticamente intacto. Esto último lo revelan con toda su crudeza las sucesivas entregas de la EPA, en las que se constata que, si bien la Administración ha ido reduciendo progresivamente el número de funcionarios –aunque aún tengamos 400.000 más que en 2000–, el entramado de empresas públicas dependientes de los distintos organismos oficiales sigue manteniendo el mismo número de empleados, en su práctica totalidad contratados de manera discrecional en función del criterio de los políticos encaramados a sus puestos de dirección, como es bien sabido. Son empresas que deberían haber desaparecido hace ya varios años, salvo contadísimas excepciones muy justificadas; pero no sólo no se tiene la menor intención de suprimirlas, sino que sigue manteniendo a su personal y detrayendo dinero del contribuyente por una mera cuestión política, no de racionalidad económica.
A este inexistente ejercicio de verdadera austeridad, a pesar de las proclamas en contrario de la oposición, el Gobierno de Rajoy suma una brutal política de subidas de impuestos que es consecuente con su laxitud presupuestaria, puesto que si se ha de reducir el déficit público y no se tiene intención de acabar con el despilfarro es inevitable aumentar la presión fiscal, para al menos no alejarse demasiado del objetivo comprometido con las autoridades europeas.
Sin un ajuste severo en las cuentas públicas que permita una bajada proporcional de la exorbitada presión fiscal que padecemos, es prácticamente imposible que familias y empresas se atrevan a tomar decisiones inversoras que estimulen la economía y reactiven el mercado de trabajo. Cuando el único horizonte posible es la supervivencia, el consumo se contrae y las inversiones se aplazan, que es lo que está ocurriendo en la economía nacional, según acreditan las cifras de la EPA.
En el Partido Popular pueden seguir culpando a Zapatero de las cifras brutales de paro que padecemos, pero mientras Rajoy no decida ocuparse de la economía, dejando a un lado sus componendas políticas con nacionalistas y demás grupos parasitarios, ése será tan sólo un argumento admisible en las cada vez más patéticas sesiones de control parlamentario. España tiene un presidente del Gobierno que lleva diciendo desde que llegó a La Moncloa que su principal preocupación, en realidad la única, es la economía. Hora va siendo de que empiece a demostrarlo.