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¡A rehabilitar, camaradas!

Las autoridades, como siempre, presentan su coacción no sólo como benéfica sino como la única que puede ser benéfica.

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Sobre el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas leí en Expansión:

Los alcaldes podrán forzar la rehabilitación de 3 millones de edificios de más de 50 años.

Las autoridades, como siempre, presentan su coacción no sólo como benéfica sino como la única que puede ser benéfica.

En este caso el razonamiento que esgrimen los entusiastas intervencionistas del Ministerio de Fomento es el siguiente: hay que animar el sector inmobiliario, pero, como no parece razonable lanzarse a estimular las construcciones nuevas... ¡eureka!... generemos negocio nuevo con las viviendas antiguas. Son unos genios, la verdad.

La nueva coacción, como la coacción de toda la vida, se reviste de ayuda abnegada. Así, se simplificará la legislación y, por supuesto, todo se hará para facilitar la accesibilidad y la eficiencia energética. ¿Quién será el desalmado que se oponga? Para colmo, como suele decirse, "hay margen". Esas palabras jamás son utilizadas para extender la libertad, sino al revés. En ese caso se nos recuerda que la rehabilitación con respecto al total de la construcción es más baja en España que en el resto de la Eurozona. Vamos, que hay que aumentarla, no sé si usted me entiende.

La obligación de reformas ya existía, con lo que este Gobierno no recorta la libertad, y se ufana de no hacerlo: "No se trata, por tanto, de imponer nuevas obras de conservación de inmuebles, ya que el deber de conservación ha tenido y sigue teniendo los mismos contenidos que ahora establece la ley estatal". Pero ahora las autoridades no sólo estipulan plazos determinados sino requisitos exhaustivos y, para colmo, extienden esa coerción a prácticamente todos los ayuntamientos de España, incluyendo los más pequeños, que antes estaban fuera.

La palabra cumplimiento aparece 40 veces en el anteproyecto, y la palabra obligación 20. Ni media broma:

Si la Administración competente comprobase que las deficiencias observadas no han sido subsanadas dentro del plazo concedido al efecto, podrá ordenar su práctica o realizarlas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan.

Más burocracia: el Informe de Evaluación. Y más sanciones. Este debe ser el famoso liberalismo que nos invade. Eso sí: la rehabilitación forzosa debía realizarse antes de 2016, pero ahora el Gobierno extiende la fecha al 2018. Y encima nos quejamos...

Juan J. Gutiérrez Alonso habló en Voz Pópuli con acierto de este anteproyecto como "un nuevo ejemplo de regulación económicamente temeraria", subrayó la agresión a la libertad que comporta la infracción cada vez mayor de las normas y la autonomía de las comunidades de propietarios, y el "cirio que pueden armar" con algo que "viene nuevamente a violentar el derecho de propiedad, aunque lo hará de manera ciertamente sibilina y con buena sofística".

Porque todo esto es un puro camelo: ni es benéfico ni es lo único benéfico. Al contrario, a pesar de lo que sugiere y reza el insidioso texto del Ministerio de Fomento, no se crea riqueza a golpe de prohibiciones y multas, y no es verdad que este incremento forzado de los costes para los ciudadanos sea "el camino de la recuperación económica".

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