Una de las grandes novedades que introduce el nuevo proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es la clarificación de competencias y la eliminación de duplicidades entre los distintos entes territoriales. Así, en base al nuevo valor de referencia que elaborará el Ministerio de Hacienda, hasta el 75% de los ayuntamientos se podrían ver obligados a traspasar muchos de sus actuales servicios a las diputaciones con el fin de ahorrar gastos.
Asimismo, la citada reforma también introduce cambios relevantes en cuanto a las retribuciones de la Administración Local. El Gobierno podrá fijar los sueldos públicos de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y empresas públicas) a través de los Presupuestos Generales del Estado que se aprueban cada año, según ha confirmado este martes el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
De este modo, el Ejecutivo da cumplimiento a uno de los puntos incluidos en el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas, que establece lo siguiente en referencia al proyecto de Administración Local:
En cuanto a las retribuciones, el número de asesores se reducirá en función de la población de los municipios y los Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las retribuciones de cargos electos, los empleados públicos y los directivos del sector público local. Respecto a los salarios de los empleados públicos se establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios de las distintas administraciones.
El Gobierno abre así la puerta a una posible reducción salarial en las plantillas municipales. Pese a ello, Beteta ha recordado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho no rebajará los sueldos de los empleados locales.
Sin embargo, los sindicatos mantienen sus dudas. En concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, manifestó este martes su preocupación sobre nuevos recortes salariales. "CSI-F no aceptará la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los empleados públicos", según advierte en un comunicado.