No es único, pero sí es un caso sangrante. Al tiempo que, de un lado, se proclama que el incremento impositivo es ineludible, porque no hay margen para su disminución, se rechaza la tesis contraria de reducir el gasto público para no sacrificar más a la población, sucediéndose, mientras tanto, casos alarmantes en los que la segunda posición, la rechazada, resulta más relevante no sólo en momentos de crisis, también en los de euforia. Al fin y al cabo, el despilfarro nunca es justificable, y debe eliminarse cuando y donde se produzca.
En esa segunda línea de los que defendemos la necesidad de recortes en el sector público, al modo a como se han producido en el sector privado, nos preguntamos algunos para cuándo los recortes en el antiguo INEM, hoy Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Si al menos se le conociera como Servicio Público de Paro Estatal (Seppe), nuestros argumentos se desvanecerían, porque ahí, en el paro y su crecimiento, la eficacia del Servicio está bien demostrada.
La esterilidad del organismo está fuera de toda discusión. Son de esos servicios que se gestan en torno al trabajo, cargados de ideología, que no de racionalidad, y que, ocurra lo que ocurra, permanecen por aquello de que nadie se atreve a resultar políticamente incorrecto.
Las actividades del SEPE, con un volumen de empleados públicos próximo a los 23.000, son varias y de niveles bien distintos: desde la elevada función técnica de sellar las cartillas del desempleo hasta la no menos cualificada de tomar nota de las demandas de empleo –sin saber bien para qué–, amén de la del pago de las prestaciones por desempleo, que podría desempeñar, con mayor eficacia, cualquier tesorería pública.
La tarea es, sin duda, más noble cuando nos situamos en su función mediadora en la búsqueda de empleo para los demandantes inscritos en sus largas listas de desempleados; y, junto a ella, podría serlo también la actividad enmarcada en las políticas activas de empleo, dirigidas a mejorar la oferta de trabajo. De esta última sería mejor mantener sepulcral silencio, pues, tras los escándalos de corrupción en los cursos –algunos inexistentes, aunque cobrados por quienes se suponía que iban a impartirlos– para capacitación de los buscadores de empleo, quedan descalificados, aunque todavía no procesados, los promotores-controladores y los que resultan adjudicatarios del ejercicio de la función formativa.
En cuanto a la tarea mediadora, las cifras –según la EPA del último trimestre de 2012– que corresponden a la mediación desarrollada por esos casi 23.000 empleados públicos es, únicamente, el 1,6% de todos los contratos formalizados durante 2012. Y, pregunto, ¿para esto se justifica el SEPE? Esas tareas y su ineficiencia, ¿justifican un presupuesto que supera con creces los treinta mil millones de euros?
Parece claro que si no hay margen para reducir los impuestos, sí lo hay para reducir los gastos. Y si así se hiciera seguramente lo habría también para reducir los impuestos.