Mariano Rajoy llegó al poder a finales de 2011 con el firme objetivo de reducir el déficit público hasta 4,4% del PIB en 2012, tal y como marcaba inicialmente Bruselas. Pero poco tardó el presidente en desistir de esta promesa, ya que pocas semanas después de ocupar la Presidencia del Gobierno se dedicó con ahínco a presionar a la Comisión Europea para elevar dicho margen. Tras varios tiras y aflojas, las autoridades comunitarias cedieron y, finalmente, fijaron el nuevo objetivo de déficit en el 6,3% del PIB.
Pese a todo, el Ejecutivo del PP volvió a incumplir su compromiso, ya que el déficit público se elevó hasta el 10,6% del PIB en 2012, equivalente a 111.641 millones de euros, como consecuencia, en parte, del rescate bancario. Una vez excluidas las ayudas a la banca, el déficit se situó en el 7% del PIB, casi 73.300 millones de euros y siete décimas por encima del límite impuesto por la UE. El PP ejecutó este ajuste combinando fuertes subidas de impuestos con recortes de gasto público, aunque centrados, básicamente, en inversión pública (paralizando obras).
Rajoy está repitiendo la misma operación este ejercicio. En teoría, el conjunto del sector público debería reducir el déficit desde el 7% (sin ayudas bancarias) al 4,5% del PIB en 2013 (48.300 millones), lo cual supondría aplicar un ajuste próximo a 25.000 millones de euros. Pero, una vez más, el presidente ha desistido y, en lugar de acometer esta tarea, ha optado, directamente, por lograr una segunda prórroga por parte de la UE. En su última revisión del Programa de Estabilidad Presupuestaria remitido a Bruselas, el Ejecutivo se marca como objetivo un déficit del 6,3% para cierre de año (67.000 millones), y todo apunta que la Comisión Europea le otorgará un límite similar.
Es decir, en tal caso, el déficit tan sólo deberá bajar del 7% al 6,3%, de modo que las Administraciones Públicas apenas deberán acometer un ajuste presupuestario de 6.300 millones en lugar de los 25.000 previstos inicialmente. Dicho de otro modo, el sector público contaría con un margen extra de 18.700 millones de euros en comparación con el ajuste al que Rajoy se comprometió con Bruselas.
Ante este nuevo escenario, algunas voces críticas dentro del PP, como la de Esperanza Aguirre, han reclamado a Mariano Rajoy que rebaje impuestos, tal y como establecía el programa electoral del partido, al igual que el expresidente del Gobierno José María Aznar o algunos economistas internacionales, como Arthur Laffer. Sin embargo, por el momento, el Gobierno prefiere aumentar el gasto público por encima de lo previsto, aprovechando el mayor margen de déficit que concederá Bruselas.
Así, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció este lunes que licitará contratos de obras de construcción y conservación de carreteras por un importe total de casi 1.300 millones de euros. Además, el Ministerio seguirá actuando en materia ferroviaria para "completar la red AVE y mejorar la convencional", añadió. Y es que, "España, pese a los excesos realizados, sigue necesitando inversión en infraestructuras que son clave para el futuro", según la ministra.
Este anuncio fue acogido con fuertes subidas en Bolsa de las grandes constructoras españolas, lo cual no es extrañar si se tiene en cuenta el desplome de la obra pública en España. La inversión real por parte del Gobierno central, ejecutada a través de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, apenas superó los 10.700 millones de euros en 2012, menos de la mitad que en 2010, y se preveía una cuantía aún menor para 2013 (8.943 millones).
El Ejecutivo, sin embargo, parece ahora dispuesto a elevar esta cuantía: la licitación pública de la Administración Central alcanzó los 650 millones de euros hasta el pasado marzo, casi un 72% más que en el primer trimestre de 2012 (378 millones).
Precisamente, en 2012, el 70% de los recortes de gasto consistió en reducir y paralizar obra pública, lo cual es significativo. No en vano, el hecho de que el Gobierno esté dispuesto ahora a incrementar la inversión pública, siendo ésta la partida que ha protagonizado el grueso del ajuste de Rajoy en 2012, significa que aprovechará el margen extra de déficit en 2013 para elevar el gasto público en lugar de reducir impuestos, si bien ha anunciado alguna pequeña rebaja fiscal de cara a 2014 y 2015 a través de la Ley de Emprendedores.
Mientras, las constructoras aprovechan el relativo respiro presupuestario para reclamar un mayor esfuerzo en materia de inversión pública. Así, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pidió este lunes al Gobierno que articule un crédito extraordinario de 9.000 millones de euros para invertir en el sector de las infraestructuras en tres años. En concreto, propone un crédito extraordinario de 1.500 millones para este año, el doble (unos 3.000 millones) para 2014, y el triple (4.500 millones) en 2014. El presidente de la patronal, Juan Lazcano, afirmó que, "en contra de lo que se dice, no está todo hecho en materia de infraestructuras en España".
Además, denunció que la red de carreteras del Estado acumula un déficit de conservación de unos 5.000 millones de euros, con lo que instó al Ejecutivo a establecer por ley la obligación de invertir en conservación del patrimonio del Estado, "al igual que ya hacen otros países". Según Lazcano, es hora de estimular la recuperación de una "industria clave".