La Junta de accionistas de YPF, celebrada en la madrugada de este viernes (horario español) ha aprobado con el único voto del Gobierno argentino –accionista mayoritario tras la expropiación- "promover acciones de social responsabilidad" contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
El kirchnerismo fue el encargado de lanzar y votar la propuesta, y los únicos que lo hicieron. El Estado argentino posee la mayoría del capital después de que expropiara la compañía a la petrolera española Repsol en mayo del año pasado. La reclamación contra Brufau pretende traducirse en una demanda civil. Pese a que las cuentas y remuneraciones siempre estuvieron monitorizadas por los reguladores, aprobadas en consejo y junta de accionistas y publicadas en la SEC, el Gobierno argentino dice ahora que Brufau aprobó retribuciones a directores que figuraban en las cuentas, pero que no habían sido aprobados por la asamblea.
Brufau fue presidente de Repsol-YPF hasta mayo del pasado año, cuando el Gobierno argentino se quedó, mediante expropiación, con el 51 por ciento de las acciones de la petrolera española en YPF, donde mantiene aún una participación del 12 por ciento.
Durante la reunión, representantes de Repsol denunciaron una campaña de "difamación y calumnias" y anunciaron que interpondrán todas las acciones necesarias en defensa del honor de la compañía, de su presidente y del directorio, según fuentes próximas a la compañía.
Además, la asamblea, continuación de una primera realizada el pasado 30 de abril, aprobó el mantenimiento de Miguel Galuccio como presidente y del secretario de Política Económica, Axel Kicillof, como representante del Estado nacional, mientras que Repsol logró elevar a dos miembros su representación en el consejo de YPF. Un equipo directivo que, en un año, ha secado YPF, han estancado Vaca Muerta y mantienen al país como importador neto de hidrocarburos.
La decisión de la Asamblea se produce en medio de una intensa batalla legal que mantiene Repsol con el Gobierno argentino por la reclamación de una indemnización por la expropiación de sus acciones en YPF, y que el Gobierno argentino se niega a pagar.
Repsol presentó en diciembre pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por la expropiación de sus acciones para que Argentina le pague una compensación por lo que la firma española considera un expolio.
En cualquier caso, Repsol ha reforzado su presencia en el consejo de administración de YPF al pasar de uno a dos representantes, en virtud de lo aprobado en la asamblea general de accionistas de la petrolera argentina, celebrada ayer en Buenos Aires.
Así, a Luis García del Río, que ya estaba presente en el directorio de YPF en representación de la compañía española, se le sumará ahora Carlos Tombeur. El sistema de voto en YPF ha permitido a Repsol hacer valer en la junta de ayer su actual participación del 12% y elevar la representación en el órgano de gobierno de la petrolera argentina.
Durante la asamblea se estudió un informe sobre remuneraciones, respecto al cual el presidente de YPF, Miguel Galuccio, dejó claro que no se estaban cuestionando las cuantías abonadas a los ejecutivos de la empresa, sino el procedimiento aplicado.
"No es una cuestión de importes; no se cuestionan las cuantías, sino el procedimiento", dijo Galuccio en referencia a este tema, según han informado a Europa Press asistentes a la reunión. La asamblea de YPF acordó analizar la presentación de una acción civil contra el procedimiento de retribuciones seguido por los administradores de la compañía entre 2003 y 2011, periodo en el que era filial de Repsol.