Los dos sindicatos mayoritarios y la principal organización empresarial han rechazado con igual firmeza las pretensiones del Gobierno de incluirlas en la Ley de Transparencia. UGT, CCOO y CEOE coinciden en defender que se trata de entidades privadas y que por eso no tienen por qué rendir cuentas a la Administración de sus finanzas, más allá de la justificación documental de las subvenciones puntuales que reciben anualmente.
El argumento sería válido si no fuera porque tanto los sindicatos como la patronal son mucho más que simples entidades privadas receptoras de subvenciones aisladas para un fin predeterminado. Muy al contrario, administran los fondos públicos destinados a los planes de formación, procedentes de las cotizaciones de los trabajadores y de los impuestos de todos los contribuyentes, lo que las convierte prácticamente en unidades administrativas gestoras de un enorme volumen de recursos públicos, sobre cuyo destino real caben toda clase de sospechas bien fundadas. Este año gestionarán unos 3.000 millones para estos cursos –por otra parte, perfectamente inútiles–, pero hasta la llegada de la crisis UGT, CCOO y la CEOE han manejado más de 7.000 millones anuales para estos planes de formación en régimen de oligopolio, que sólo la tímida reforma del Gobierno de Rajoy para permitir a las propias empresas ocuparse de la formación de sus empleados ha conseguido liberar en parte.
Sólo ese ingente caudal de fondos públicos puestos a disposición de esas tres organizaciones debería ser un motivo suficiente para que ninguno de sus dirigentes se atreviera a exigir su exclusión de la Ley de Transparencia, pero es que las tres organizaciones reciben además subvenciones públicas de todo tipo y procedencia, así como pagos correspondientes a su mediación obligatoria en la tramitación de expedientes de regulación de empleo, en el caso de los sindicatos, que convierten las aportaciones por cuotas a las que apelan sus dirigentes en una circunstancia anecdótica de escasa influencia en sus finanzas anuales.
Patronal y sindicatos sostienen con desfachatez su pretensión de seguir rindiendo cuentas como lo han venido haciendo hasta el momento, asegurando que los controles actuales son más que suficientes para garantizar la limpieza de su conducta. No debe sorprender esta preferencia por mantener el estado actual de cosas, pues, como hemos demostrado en Libertad Digital, ni sindicatos ni patronal han sido jamás auditados por el Tribunal de Cuentas, único organismo oficial dedicado expresamente a controlar la aplicación de los fondos públicos. Lejos de ello, las tres organizaciones se limitan a aportar justificaciones documentales genéricas sobre las subvenciones recibidas, sin que sus finanzas pasen el control riguroso al que deberían estar sometidas desde hace ya muchos años.
UGT, COOO y CEOE, cuya representatividad real es muy inferior a la que esgrimen y el Gobierno acepta, reciben ingentes fondos públicos de las más diversas procedencias y para los fines más variopintos, como hemos denunciado en Libertad Digital en más de una ocasión. Precisamente por su condición de organizaciones paraestatales encargadas de la gestión directa de partidas completas del presupuesto público, han de ser controladas con el mismo rigor que el resto de órganos que van a estar sujetos a las exigencias de la inminente Ley de Transparencia. En caso contrario, deben renunciar a apropiarse de un solo euro público, o el Gobierno debe obligarlas a sacar sus manos del bolsillo del contribuyente. Lo que sea menester con tal de que sindicatos y patronal dejen de disfrutar de esa obscena e intolerable opacidad.