Tras prácticamente un lustro con el país entero sumido en una crisis económica cuyos efectos han ido agravándose progresivamente, el gobierno ha decidido que ha llegado la hora del "sacrificio de los políticos". Así lo subrayó ayer Soraya Sáenz de Santamaría, en relación con el informe del Comité para la Reforma de las Administraciones Públicas que, según la vicepresidenta, se suma al esfuerzo que han realizado los ciudadanos durante los últimos tiempos debido a la crisis.
Ya hemos explicado aquí las falacias que esconde ese informe y sus efectos reales sobre las finanzas públicas de la administración española, sensiblemente inferiores a los que aparecen en el dosier con que el gobierno ha presentado el mamotreto. Pero no es sólo que la reducción real del gasto público vaya a ser prácticamente testimonial de cumplirse las 200 medidas que recogen los 2.000 folios del informe, sino que la mayoría de esas propuestas han de ser llevadas a efecto por los gobiernos regionales, con lo que es más que dudoso que las acciones verdaderamente importantes en términos presupuestarios vayan a ser finalmente aplicadas. De momento ya hay reticencias en varias comunidades autónomas a la hora de suprimir una institución perfectamente inútil como los "defensores del pueblo", mientras que otras autonomías como la catalana ya han dejado claro que no piensan aplicar ni una sola de las medidas recogidas en el informe que el gobierno ha presentado con tanta alharaca.
El propio presidente Rajoy ha reconocido su incapacidad para hacer cumplir a los gobiernos regionales con unas medidas que simplemente buscan recortar ligeramente el tremendo despilfarro autonómico. En su alocución para presentar este plan de racionalización administrativa, el gobierno ha admitido que las 120 propuestas que afectan a las comunidades autónomas son meras "recomendaciones" que los gobiernos regionales tendrán la facultad de aceptar o rechazar, de tal forma que nadie puede asegurar en estos momentos que las embajadas autonómicas, los organismos científicos de todo tipo que se solapan con los centros nacionales especializados y otras varias decenas de duplicidades clamorosas y carísimas vayan a suprimirse tal y como se recoge en la propuesta del ejecutivo de Rajoy.
El gobierno alude a un conflicto competencial para justificar su impotencia a la hora de hacer cumplir a las autonomías sus directrices sobre racionalización administrativa. Precisamente por esta ambigüedad en el reparto de las distintas potestades partidos como UPyD y Ciudadanos vienen exigiendo desde hace tiempo una reforma constitucional que permita al Estado ejercer como tal, especialmente en unos momentos cruciales para nuestro futuro como los que atraviesa actualmente el país. No hay que olvidar, por otra parte, los mecanismos compulsivos que la propia Constitución pone en manos del gobierno central para llevar la práctica unas pautas racionales de general cumplimiento. De una u otra forma, el gobierno ha de llevar a cabo la reforma administrativa que se ha propuesto, con el acuerdo de las autonomías o sin él. Por lo que supone de beneficio para el contribuyente –aunque sea magro-, pero también por la preeminencia de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional, tal vez la reforma más importante de todas las que podría llevar a cabo el gobierno del PP en esta su primera legislatura.