Inseguridad jurídica e indefensión con el único fin de recaudar. Ésta es la inédita denuncia que ha remitido la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) al Ministerio de Hacienda. El documento afirma que el fraude fiscal "no puede seguir siendo la excusa, la coartada", para el "recorte progresivo de los derechos y garantías de los contribuyentes". Los profesionales del sector consideran que la nueva Ley Antifraude aprobada por el Gobierno en 2012 y algunas de las subidas fiscales aplicadas por Cristóbal Montoro erosionan el "Estado de Derecho" y vulneran principios esenciales para la "seguridad jurídica".
El texto, bajo el título Malos tiempos para la seguridad jurídica de los contribuyentes, expresa la preocupación de estos profesionales por la peligrosa deriva que ha adoptado Hacienda en los últimos meses para tratar de aumentar la recaudación a toda costa, atropellando incluso derechos esenciales.
[…] la profesión está absolutamente desbordada por lo que algunos llaman el laberinto normativo y profundamente desanimada ante las dificultades que se padecen para ejercer una función transcendente para la sociedad (incluida la Hacienda Pública), sin encontrar la menor disposición de los poderes públicos de retomar aquella senda de protección de los derechos de los contribuyentes que se atrevió a abrir un Gobierno del mismo partido que el actual, allá por el año 1996 y siguientes. ¿Quién se acuerda ya de aquello?
La denuncia de los asesores se centra en tres aspectos fundamentales: el "deterioro" en la producción de leyes, la mala gestión de los órganos de Hacienda y las graves deficiencias en la resolución de los recursos contra la Agencia Tributaria.
A nivel normativo, señalan que "todo se ha puesto a las órdenes de la recaudación". En este sentido, la Ley Antifraude, el plan estrella de Montoro para aflorar economía sumergida, "no ha dejado títere con cabeza": ampliación y potenciación de los supuestos de responsabilidad; medidas cautelares para cualquier actuación administrativa, excluyendo la posibilidad de recurso; obligaciones de información "exorbitantes"; gravámenes de "rentas ficticias (de ficción) que escapan de la prescripción"; "sanciones inaplicables por manifiestamente injustas"; grave deterioro de la tutela judicial efectiva (derecho a la defensa) en materia de delitos fiscales, etc.
Además, denuncian que el Gobierno ha consolidado el régimen por el que las empresas anticipan el pago de impuestos a Hacienda (ingresos a cuenta), el "recurso más fácil y más injusto" para aumentar la recaudación del Impuesto de Sociedades. Alegan que este sistema está "cada vez más desconectado de la capacidad económica" de la empresa, de modo que muchas pagan más de lo que deberían. Asimismo, los asesores afirman que, para agilizar su cobro, Hacienda se basa en la información que le procuran las nuevas tecnologías y en unas medidas sancionadoras que, "además de su cuasi automatismo, hacen dudar si no están pensadas para incrementar los recursos tributarios del momento, al margen de lo que la ortodoxia fiscal impone".
"Para colmo", añaden, "se ha entrado de lleno en lo último que se resistía a servir de instrumento de política tributaria de coyuntura, el Código Penal, contraviniendo el principio de intervención mínima" y generando "dudas insuperables" sobre la prescripción y el alcance penal de los delitos fiscales. Según este organismo, la Ley Antifraude favorece "el desplazamiento de poderes judiciales hacia la Administración tributaria", sin el sistema de recursos exigido y "con un evidente afán recaudatorio". Tales abusos ya fueron denunciados incluso por el propio Poder Judicial. "Ya no se trata de reprimir el delito fiscal, una vez descubierto, […] sino de conseguir a toda costa el ingreso de la deuda tributaria", enfatiza AEDAF. Todo ello ha terminado convirtiendo la profesión de asesor en una "actividad peligrosa con escaso margen para la defensa", indican.
Asimismo, por si todo esto no fuera suficiente, denuncian "la nula atención que merecen las alegaciones y reclamaciones de los administrados ante los órganos de gestión, de inspección o de recaudación". A este respecto, los asesores destacan que el resultado de los recursos "se conoce de antemano", ya que Hacienda emplea "un repertorio de respuestas estereotipadas, en la mayoría de los casos, sin relación con las alegaciones de la parte".
Por último, se quejan de las graves deficiencias que presenta tanto la revisión administrativa como judicial de los actos de Hacienda. Los órganos administrativos sufren "enormes retrasos" a la hora de resolver y presentan un elevado número de "desestimaciones", mientras que la Justicia sigue siendo muy lenta, con todos los perjuicios que ello supone para el contribuyente.
La Administración siempre ha visto al contribuyente como un "defraudador potencial" y, además, España nunca se ha caracterizado por la transparencia normativa en materia fiscal o la agilidad de los tribunales, "pero como reza el dicho, siempre se puede empeorar", concluye este grupo de expertos.