Lo ha hecho después de una ajetreada última etapa en la que tan pronto se sucedían los anuncios de su cierre como los de su prórroga. En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó el permiso por cuatro años y fijó el cese de su explotación el 6 de julio de 2013.
Sin embargo, en julio de 2012 el Gobierno del PP modificó el decreto de cierre y concedió a la empresa propietaria (Nuclenor) un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos, relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.
Sin embargo, Nuclenor, participada al 50 % por Endesa e Iberdrola, cambió después de opinión y pidió a Industria la revocación parcial de la Orden Ministerial de 3 de julio de 2009, que decreta el fin de la licencia de explotación para el 6 de julio de 2013.
Para ello, Industria pidió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se pronunciara antes del 1 de junio respecto a si Nuclenor podía prorrogar su actividad durante un año, periodo en el que la compañía no quería producir electricidad.
Después de cuatro reuniones plenarias, los consejeros del máximo organismo regulador en materia nuclear votó por mayoría a favor de conceder un nuevo plazo a la central para considerar la prórroga de su vida útil.
José Manuel Soria siempre insistió en que si el CSN era favorable a la solicitud, también lo sería el Gobierno.
El 19 de junio, el ministro anunció que declararía el cese de explotación de Garoña, ante la imposibilidad de cumplir los plazos legales para permitir su prórroga.
No obstante, dijo, "se está analizando la situación con los aspectos relacionados con la regulación de su cese de explotación definitivo ya que se produce por razones distintas a la seguridad nuclear y se basa única y exclusivamente en razones económicas".
La tramitación de la Orden Ministerial incluyó la remisión de la documentación del expediente a las tres comunidades afectadas (País Vasco, Castilla y León y La Rioja).
En diciembre de 2012, Nuclenor desacopló a Garoña de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos.
La empresa ha sostenido reiteradamente que la nueva fiscalidad hace inviable su funcionamiento. Durante el mes de julio está previsto que el Gobierno presente su reforma eléctrica.
En diciembre de 2012, Garoña se desacopló de la red eléctrica para transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible gastado y los residuos radiactivos.
La planta burgalesa es la más antigua de los ocho actualmente operativos en España. Inició su actividad industrial en marzo de 1971 y cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 MWe (inicialmente era de 460).
En España hay seis nucleares en explotación con ocho reactores -dos del tipo de agua en ebullición (BWR) y los otros seis, de agua ligera a presión (PWR)- que generan en torno al 20 % de la electricidad.
Se incluyen además una central que ha sido declarada en cese definitivo de explotación, José Cabrera, y un reactor, el de Vandellós I, en periodo de latencia, después de sufrir el accidente nuclear más grave ocurrido en suelo español a causa de un incendio, en 1989.