Los estudios disponibles dejan claro que aumentar per se la carga fiscal formal con la esperanza de contener el déficit presupuestario no es acertado. No obstante, nuestro actual sistema impositivo acumula importantes pasivos cuya eliminación podría generar, como "efecto secundario", un incremento recaudatorio significativo. De este modo, como se dice vulgarmente, conseguiríamos matar dos pájaros de un tiro: hacer más eficiente al sistema fiscal y obtener ganancias de recaudación. A continuación resalto 4 consideraciones que me parecen oportunas en la revisión de nuestro agotado sistema fiscal.
- En primer lugar, no debemos olvidar que los sistemas fiscales suelen ser plataforma de actuación de muchos grupos de interés que pretenden conseguir ventajas relativas para sus miembros. Como reconocía el profesor Fuentes Quintana, pasado algún tiempo, la laxitud y la dinámica del Sector Público hace que los sistemas fiscales tiendan a plagarse de deducciones y ayudas, de forma y naturaleza muy distinta, que responden más a un acarreo histórico de privilegios que a la consecución de objetivos reales de política económica. Para evitar semejante despropósito, antes de conceder un incentivo fiscal deberíamos preguntarnos si su concesión ayuda realmente a conseguir el objetivo declarado, es decir si es realmente efectivo. Si la respuesta a esta primera pregunta fuese afirmativa deberíamos continuar respondiendo algunos otros interrogantes: ¿es socialmente rentable?, ¿es eficiente si incorporamos en el análisis sus costes de oportunidad? Sólo si las respuestas a estas otras preguntas fuesen afirmativas deberíamos plantearnos seriamente la viabilidad de conceder el correspondiente beneficio fiscal, eso si, no sin antes haber resuelto una última incógnita: ¿Por cuánto tiempo debería concederse?
Desafortunadamente esta secuencia pregunta-respuesta no ha sido, ni mucho menos, la práctica habitual en el diseño de nuestro sistema impositivo, por lo que con el tiempo nuestros impuestos se han plagado de tratos discriminatorios que han aumentado su poder distorsionante, minando, a su vez, su capacidad recaudatoria. Por ello, se hace imprescindible realizar un estudio individualizado y en profundidad de la efectividad de todos y cada uno de los beneficios fiscales existentes. Si de esos estudios individualizados se confirmase la ineficacia del beneficio fiscal en cuestión, la correspondiente deducción, bonificación o exención debería eliminarse sin contemplaciones, eludiendo con decisión cualquier presión del correspondiente grupo de interés, que sin duda actuará para preservar su status-quo. En definitiva, es absolutamente fundamental que todo beneficio fiscal que aleje al impuesto del principio de generalidad sea sometido a un férreo examen de eficacia antes de mantenerse en el esqueleto impositivo. La generalización de un sistema fiscal proclive a las faltas de neutralidad genera desigualdad distributiva, altos costes de eficiencia e incentiva la industria del lobby y los grupos de interés, ávidos de exigir su parte en el quebranto del sistema fiscal.
- En segundo lugar, no debemos olvidar que el uso de los factores productivos responde en buena medida a los precios relativos. Si el paro es actualmente el mayor problema económico y social de nuestro país, una forma de atajarlo es reduciendo los costes fiscales asociados al uso del factor trabajo. De todos ellos, el más relevante es el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social, actualmente muy por encima del existente en nuestro entorno económico. Se hace imprescindible que, sin poner en peligro la viabilidad financiera del sistema, de una vez por todas se racionalicen las cotizaciones. En este sentido, la imposición indirecta parece la candidata perfecta para buscar la recaudación compensatoria, al menos en el corto plazo, ya que previsiblemente la caída del coste unitario de las cotizaciones sociales se verá compensada en el medio y largo plazo con una mayor contratación.
- En tercer lugar, cuando se habla de tipos impositivos caben al menos dos acepciones alternativas: el tipo medio y el tipo marginal. Mientras el primero de estos conceptos se identifica con la capacidad recaudatoria del impuesto, la segunda noción se asocia a los costes de eficiencia que genera. Por tanto, es factible clasificar las reformas impositivas en función del efecto que generen sobre cada uno de estos dos conceptos de gravamen. Dada la actual coyuntura económica, mi opinión es que los cambios impositivos que se lleven a cabo deberían reducir de manera significativa la carga fiscal marginal manteniendo, o incluso elevando sucintamente, la carga fiscal media. Es decir, deberían ser cambios tributarios que sin generar pérdidas recaudatorias redujesen los costes de eficiencia del sistema fiscal.
- Por último, creo también fundamental distinguir entre equidad formal y equidad efectiva. De nada sirve un sistema fiscal que formalmente sea muy distributivo si su aplicación efectiva presenta importantes vías de escape. Un claro ejemplo de esta circunstancia se encuentra en el IRPF, donde la capacidad de evasión/elusión se distribuye de manera muy desigual entre las distintas fuentes de renta. En este tipo de situaciones, los esfuerzos de control e inspección deberían concentrarse en las rentas inmobiliarias y en las rentas procedentes de las actividades profesionales y empresariales, rentas para las que es más fácil evadir impuestos al tener un menor control en la fuente. En este mismo ámbito, frente a otros impuestos de naturaleza censal y por tanto más ciertos, el IVA y el impuesto sobre sociedades deberían ser sometidos a una mayor fiscalización.
Este breve resumen de actuaciones aumentaría la eficiencia de nuestro sistema fiscal, generando simultáneamente ganancias netas de recaudación. No obstante, estas ganancias de recaudación no serían un fin en si mismo sino un subproducto de un objetivo superior: eliminar las distorsiones del sistema fiscal actual.