De sur –asunto de los ERE– a norte, la península está llena de casos de corrupción. Esto tiene un componente moral y político indudable, y unas consecuencias económicas que han sido estudiadas por los especialistas. Es imposible, con una sociedad de altos niveles de corrupción, conseguir otra cosa que un empeoramiento de la crisis económica, y viceversa. La limpieza en el sector público repercute, inmediatamente, en avances en el Producto Interior Bruto y, derivado, en el empleo.
Los posibles casos de corrupción tienen que ser aireados. En este sentido, el papel de la publicidad es muy importante. No debe haber compartimientos estancos en el conjunto nacional.
Señalo lo anterior porque en Asturias ha surgido el que se denomina caso Marea, que no ha tenido proyección nacional, aunque sí mucha regional. La salida de fondos públicos a bolsillos privados, según los datos hechos públicos sobre los procesados, procedía de algo tan sagrado como la educación. Repugna siempre cualquier actividad irregular de este tipo, pero que se haga a costa de la instrucción pública repugna aun más.
Los grandes titulares de los periódicos asturianos demuestran la importancia de lo ocurrido. En El Comercio del pasado día 2 se leía de forma destacadísima en la portada: "El juez del caso Renedo procesa a 29 implicados y exculpa a Migoya. Atribuye delitos a un exconsejero, tres exdirectores generales, cinco empresarios y el exgerente de la Universidad". En La Nueva España del mismo día, también como gran tema portada, se leía:
El caso Marea se cierra con 29 procesados. El juez Sorando encausa a Riopedre, Otero, Renedo en la mayor trama de corrupción en la región y acuerda el sobreseimiento para la exconsejera Migoya. El exconsejero dio su "expreso consentimiento" a las irregularidades a cambio de favores. La exdirectora general recibió como poco 2,5 millones de Igrafo y Almacenes Pumarín, según el magistrado. La funcionaria abusó de su cargo para lograr "al menos" 1,5 millones de forma ilícita, concluye el instructor.
Todo esto pertenece a una Administración socialista. ¡Qué tiempos aquellos, en el siglo XX, en los que en los ayuntamientos, en el conjunto del sector público, eran los miembros de ese partido los que denunciaban, de modo implacable, las irregularidades que en su ámbito tenían lugar! De algún modo, da hoy la impresión de que planteamientos del desaparecido partido radical tienden a arraigar en los ERE o en el caso Marea. Y, desde luego, la publicidad de estas realidades es algo imprescindible. Por eso no hay explicación de que en la prensa nacional nada se hable de este caso Marea. Conviene insistir en que es especialmente repulsivo, aparte de su repercusión –con consecuencias en la inversión internacional precisa– en el Índice de Percepción de la Corrupción de España.