Según los propios datos de la Unión Europea (UE), las instituciones europeas aprueban 3.076 normas al año. Dicho de otra forma, entre reglamentos, directivas y dictámenes, la UE aprueba 280 normas jurídicas al mes y 18 normas jurídicas al día sobre casi todos los productos de consumo.
A pesar de la crisis europea, lejos de frenar el exceso de legislación respecto a los países miembros, la UE no ha parado en la elaboración de leyes y ya se estima que más del 70% de las normas de los países de la Unión proceden de Bruselas.
Foro Europa Ciudadana ha elaborado el informe Hiperregulación en la Unión Europea en el que advierte del exceso de regulación en la UE y analiza los cuatro sectores más regulados: el farmacéutico, el tabaquero, aéreo y el bancario. Este fenómeno se ha convertido en "una de las principales trabas para el desarrollo económico de las empresas", explican.
De hecho, se estima que una directiva europea cualquiera implica entre 30 y 300 medidas de transposición para que el derecho nacional pueda adaptarse a los requisitos comunitarios.
Las pymes son las más perjudicadas por el exceso de burocracia ya que no disponen de recursos suficientes para afrontar la carga que conlleva. Las duplicidades en la obligación de presentar informes y estadísticas al detalle "hace que los costes administrativos derivados de la regulación sean intolerables para ciertos sectores", apuntan en el informe elaborado por el doctor José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense.
Según los datos de la propia Comisión Europea, los beneficios económicos derivados de la reducción de cargas administrativas podría provocar un aumento del 1,5% del PIB comunitario, lo que supondría al menos 150.000 millones de euros.
En el caso de España su situación es más sangrante si cabe. La descentralización del estado español hace que este pluralismo normativo "se vuelva cada vez más agobiante". Gobierno central, Administración autonómica, Ayuntamientos, entes locales...Cada uno de ellos tiene el poder de plantear y formular soluciones jurídicas, mientras que las empresas tienen que cumplir unas exigencias administrativas que implican cargas, trabas y costes excesivos que entorpecen su productividad.
Foro Europa Ciudadana insiste en que la la Comisión Europea debe cumplir con los principios de la Smart Regulation (legislación inteligente) a la hora de elaborar sus políticas, siendo capaz de demostrar que aporta un verdadero valor añadido al sector que regula al mínimos coste.
Los sectores que más sufren la sobrerregulación
El documento estudia con más detenimiento cuatro sectores de gran peso económico y con un elevado nivel de regulación en Europa.
Farmacéutico: una industria totalmente regulada por la norma comunitaria hasta tales niveles que la labor del estado miembros consiste aplicar punto por punto lo que se establece en los reglamentos y directivas europeas. Una directiva que ha despertado cierta polémica es la relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, especialmente la que se dedican a los cosméticos.
Aéreo: Durante Los últimos 25 años en España han cerrado 43 compañías aéreas (Aviaco, Spantax, Air Comet, Spanair...). Esta situación hace que este sector sea especialmente sensible a las modificaciones normativas y al coste que suponen su implantación.
Tabaquero: la industria española del tabaco se ha levantado en contra de la última directiva europea que pretende regular y estandarizar la fabricación, presentación y venta de los cigarrillos en todo el continente. España junto a Italia, Bulgaria, Polonia y Grecia, son los productores de tabaco más importantes de los 28 estados miembros, por lo que el impacto económico que supondrá esta norma será mucho mayor que en el resto de países. La nueva directiva "se basa en la prohibición y en el tono prescriptivo vinculante". En España la producción del tabaco supone 2.700 millones de euros, 56.000 empleos y unos ingresos en las arcas del Estado de más de 10.000 millones, razones más que suficientes para que Bruselas se plantee sus intenciones.
Bancario: la crisis financiera de la eurozona ha puesto de manifiesto las carencias del sistema. Con la creación del Banco central Europeo (BCE) y la entrada en vigor del euro, la intervención de las Instituciones Europeas se ha disparado. Así, no sólo el abuso normativo viene de la mano de Bruselas, el BCE ha formulado desde su creación 1.022 dictámenes vinculantes a los bancos centrales de cada unos de los estados miembros.
Por todo ello, el autor del texto señala que esta hiperregulación en algunos sectores "es inadmisible e intolerable. Es la vía menos conciliable con la libertad de la empresa y la libertad personal en su faceta de libertad económica y de libre desarrollo de la personalidad".
"En cualquier prohibición la pérdida de libertad es directa y evidente", añade.
Por lo tanto, esta inflación legislativa debe solucionarse desde la derogación, la actualización de las normas y la comprobación de su vigencia, la revocación, su anulación o suspensión de muchas disposiciones comunitarias.