El gobierno aprobó ayer la reforma del mercado de la electricidad, tal vez una de las más importantes que va a acometer el ejecutivo de Mariano Rajoy en esta primera legislatura. Con un déficit de tarifa –el desfase que existe entre los ingresos de las compañías y el coste de la generación eléctrica- disparado hasta los 26.000 millones de euros, la necesidad de efectuar las correcciones legales necesarias para detener este déficit galopante era más que evidente.
Ahora bien, estando fuera de toda duda la necesidad de poner fin a este déficit eléctrico galopante, el gobierno debería haber sido mucho más ambicioso con sus planes de reforma para garantizar no solamente la solución del agujero económico, sino también para poner las bases que permitan al sector producir energía limpia y mucho más barata que la que ahora estamos obligados a consumir con los sobrecostes ya conocidos.
Sin embargo, la reforma eléctrica del ministro del ramo, José Manuel Soria, ha conseguido una curiosa unanimidad. No ha gustado a nadie. Compañías eléctricas tradicionales, empresas de renovables, comunidades autónomas y organizaciones de consumidores han sido prácticamente unánimes en rechazar los argumentos del ministro, aduciendo que cada agente implicado va a soportar un coste mayor que lo que le corresponde. Porque la solución –la única posible dado el nivel alarmante del actual déficit tarifario-, no puede ser otra que aumentar las aportaciones económicas de empresas, usuarios y, en última instancia, los propios contribuyentes dado que una parte del coste será sufragado vía Presupuestos Generales del Estado.
El radicalismo de Zapatero, que en su primer mandato decidió revolucionar el sector subvencionando disparatadamente las energías más costosas, provocó que desde 2005 los costes de producción de energía en España resulten del todo punto inasumibles, mucho más en un contexto de crisis como el que padecemos. Toca ahora pagar la vanidad del gobernante más nefasto de nuestra historia reciente, que quiso aparecer ante el mundo como el adalid de la energía verde a costa de la competitividad de nuestras empresas y el bolsillo de todos los ciudadanos. Una pena que el gobierno de Rajoy no haya aprovechado la ocasión para ir mucho más allá de la mera solución de un desastre heredado.