Liberalización, pero a medias. El anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales aprobado este viernes en el Consejo de Ministros ha sido más moderado de lo que se esperaba en un principio. Una de las principales novedades es que no profundiza en la liberalización de sectores clave como el farmacéutico en el que, finalmente, no se separará la titularidad de la propiedad de la farmacia.
En el lado opuesto, sin embargo, se elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura (representación ante los Tribunales), por lo que la figura del procurador quedará previsiblemente relegada. Además, se eliminan los aranceles de los procuradores, de forma que a partir de la entrada en vigor de esta Ley sus honorarios serán fijados libremente con los clientes.
No separa la titularidad de la propiedad en las farmacias
El anteproyecto de ley amplía la posibilidad de entrada de capital privado en las oficinas de farmacia, pero sigue ligando la gestión y la titularidad a un titular colegiado en farmacias, de modo que la pretendida liberalización queda aguada.
Desde finales del año pasado se han filtrado varios proyectos en los que se recogía que el Ministerio de Economía y Competitividad partía de un principio general de "libertad de acceso y ejercicio", y que todas las reservas de actividad y obligaciones de colegiación que no se recogieran en la reforma quedarían "derogadas".
En concreto, dicho texto recogía la posibilidad de que cualquier empresa o particular pudiese abrir una farmacia sin necesidad de ser farmacéutico, como hasta ahora. La única exigencia sería que la dirección del establecimiento se reservase en exclusiva a los titulados en Farmacia (podrían ser personal contratado no propietario). La intención del ministro de Economía, Luis de Guindos, de liberalizar el sector farmacéutico llevó incluso a enfrentarle con el Ministerio de Sanidad, que apossta por mantener el modelo actual. Javier Castrodeza, director General de Ordenación Profesional de Sanidad, dejó claro entonces que el departamento de Ana Mato apoyaba "el actual modelo farmacéutico".
Finalmente, parece que la oposición del Ministerio que dirige Mato y los farmacéuticos han podido más que la intención del ministro de Economía de acercar el modelo de farmacia español (vigente desde el siglo XIX) a uno más anglosajón. Tras el anteproyecto aprobado este viernes, se mantendrá el modelo farmacéutico actual de oficina de farmacia, sustentado en el binomio propiedad-titularidad, pero se abriría la puerta a la entrada de capital a través de la constitución de Sociedades Limitadas Profesionales (SLP).
En la práctica, sólo amplían el porcentaje de capital que se puede invertir en una farmacia por un particular no colegiado, según fuentes del sector. Es decir, el anteproyecto deja la puerta abierta a que cualquiera invierta capital en una farmacia, pero siempre tendría que haber un farmacéutico colegiado al frente de la gestión de la misma. Según fuentes del sector, ese nuevo capital privado no podría superar el 49%, de modo que su titularidad seguiría en manos del farmacéutico. Hasta ahora, la Ley de Sociedades Profesionales de 2007 establecía que debía pertenecer a los socios profesionales tres cuartas partes del capital. No obstante, el anteproyecto de ley no habla de ninguna cifra, ya que, según confirman fuentes de Economía a Libre Mercado, es todavía "una cuestión abierta" y no se ha aprobado nada expresamente.
La liberalización de los servicios profesionales en España es una de las grandes recomendaciones lanzadas desde la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para tratar de mejorar la competitividad. En al caso de las farmacias, "se ha quedado corto", han expresado a Libre Mercado algunos farmacéuticos a favor de la liberalización.
Mercedes Cuadra, presidenta de la Plataforma Libre Apertura de Farmacias, considera que "no se ha liberalizado absolutamente nada" y que "lo que se ha hecho es seguir favoreciendo al sector farmacéutico, en definitiva, a los que ya son propietarios de farmacias". La reforma "mantiene todos los privilegios, lo que han hecho es mejorar a los farmacéuticos que tienen farmacia y seguir discriminando a los más de 45.000 farmacéuticos que no podemos acceder a ellas", dice.
La otra parte del sector farmacéutico implicado, los propietarios de las oficinas de farmacia, ven en la liberalización del sector toda una amenaza, ya que pasarían a primar más los intereses económicos que la función de servicio que tienen las farmacias españolas.