La Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno en 2012 es papel mojado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha sido excesivamente blando con las comunidades autónomas que han incumplido los objetivos de déficit y, por si fuera poco, la nueva Autoridad Fiscal, cuyo fin es garantizar el equilibrio de las cuentas públicas, carece de la independencia exigible para desempeñar tal función. Éstas son las tres grandes advertencias que lanza el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el déficit autonómico en su último informe sobre la economía española, publicado el pasado viernes.
Dichas recomendaciones contradicen, en gran medida, la estrategia que el Ejecutivo ha seguido hasta el momento con las autonomías díscolas. Así, Montoro no sólo no ha aplicado los mecanismos de corrección que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en cintura a las regiones más despilfarradoras sino que, además, lejos de castigarlas, las ha premiado mediante la implantación de un inédito déficit asimétrico en 2013, lo cual ha recibido numerosas críticas tanto a nivel nacional como internacional. Las cinco CCAA que cerraron 2012 con un descuadre superior al autorizado (Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares) también podrán incumplir dicho objetivo este año, a diferencia del resto.
Sin embargo, en un anexo de su informe, el FMI critica este tipo de concesiones y recuerda al Gobierno que cuenta con los mecanismos legales necesarios para hacer cumplir los objetivos de déficit a todas las autonomías. El organismo aplaude la reducción del déficit lograda el pasado año, pero recuerda que esta positiva evolución por parte de las CCAA poco tiene que ver con la Ley de Estabilidad y mucho con los fondos de ayuda y rescate regional aprobados por Hacienda.
Por ello, el Fondo insiste en la necesidad de aplicar la legislación vigente en esta materia de forma "rigurosa". En concreto, recomienda implementar con urgencia un marco transparente y predecible para activar las advertencias y sanciones que incluye la Ley de Estabilidad con el objetivo de evitar futuros incumplimientos presupuestarios.
Advertencias, sanciones e intervención
Su propuesta consiste en activar de forma automática los diferentes correctivos existentes en caso de que no se alcancen los objetivos fiscales fijados a nivel mensual y trimestral. La Ley de Estabilidad contempla la imposición de ajustes e incluso la intervención de autonomías en caso de que se desvíen de las metas de déficit.
Puesto que el Gobierno conoce la evolución mensual de las cuentas regionales, el FMI propone que Hacienda lance una primera advertencia ("tarjeta amarilla") en caso de que una autonomía incumpla dos objetivos mensuales de forma consecutiva o uno trimestral, imponiéndole recortes de gasto extra o aumento de impuestos para evitar dicho desvío a muy corto plazo; si incumple un objetivo trimestral y no aplica tales ajustes o bien se desvía de sus objetivos durante dos trimestres consecutivos, se le sacaría la "tarjeta roja", con la consiguiente intervención de la región en caso necesario.
Este esquema exigiría la fijación de metas presupuestarias concretas a lo largo del año y la inclusión de medidas fiscales contingentes en la fase de elaboración de los distintos presupuestos regionales. De este modo, el Gobierno podría emitir una "advertencia informal" en cualquier momento en caso de detectar un único incumplimiento mensual de los objetivos; la primera "advertencia formal" se produciría tras el segundo incumplimiento consecutivo; mientras que, al tercer incumplimiento, se activaría el proceso de intervención de la autonomía, cuya paralización dependería del estricto cumplimiento de los ajustes fiscales impuestos por parte de Hacienda; la intervención sólo se produciría en caso de que la región haga caso omiso a dichos ajustes.
Autoridad Fiscal 'dependiente'
Por último, si bien el FMI aplaude la creación de una Autoridad Fiscal para garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas, pone en duda su necesaria independencia, ya que su presidente será nombrado por el Gobierno por un periodo de tres años (renovables hasta un máximo de seis). El organismo recomienda un mandato de al menos cinco años, sin posible renovación, para que no coincida con la legislatura en curso, reforzando así su independencia.
Preguntado sobre la evolución del déficit autonómico, James Daniel, el principal responsable del informe sobre la economía española, considera que las regiones, en términos generales, están comprometidas con el proceso de consolidación fiscal, ya que han adoptado "muchas medidas difíciles". Además, recuerda que muchas regiones reciben asistencia financiera del Estado a cambio de estrictos planes de ajuste fiscal, lo cual implica un mayor control y transparencia de sus cuentas. Sin embargo, si bien reconoce que se han producido importantes avances, advierte de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria aún debe ser desarrollada para mejorar su aplicación con el fin de evitar futuros desvíos regionales.