Chipre no será una excepción, tal y como en un principio anunciaron las autoridades comunitarias. Por primera vez en la historia de la zona euro, Bruselas forzó una quita a los grandes depositantes, con cuentas superiores a 100.000 euros, para recapitalizar los principales bancos chipriotas, evitando así su quiebra total y minimizando, de paso, el coste de su rescate público. En este sentido, el caso de Chipre marcó un punto de inflexión en cuanto a la forma de solventar un colapso financiero.
El denominado bail-in (rescate privado de entidades insolventes) consiste en que los accionistas y acreedores del banco en cuestión (incluidos, en último término, los depósitos no garantizados) sufran las pérdidas (quitas) que conlleva un rescate o liquidación de esta naturaleza, mediante la conversión de deuda en nuevas acciones (capital), en lugar de que paguen los contribuyentes a través de la inyección de dinero público. Para ello, se establece un determinado orden de prelación, en donde los grandes depósitos serán los últimos en sufragar la factura.
Sin embargo, uno de sus efectos colaterales es el establecimiento de determinados controles de capital para evitar el temido pánico bancario, es decir, una retirada masiva de depósitos. Chipre ha sido el primer país del euro en decretar un corralito financiero tras anunciar que aplicaría quitas en los grandes depósitos, limitando parcialmente tanto la retirada de dinero de cuentas bancarias como determinadas transferencias y operaciones financieras.
Aunque, desde el primer momento, las autoridades de la UE insistieron en que Chipre era un caso excepcional y que, por tanto, no se repetiría en el seno de la zona euro, lo cierto es que marcó el inicio de un cambio radical en el actual sistema de resoluciones bancarias. Así, tanto el bail-in como el consiguiente establecimiento de corralitos son los dos factores clave que, en estos momentos, discute Bruselas para diseñar el futuro Mecanismo Único de Resolución (MUR).
Restricciones temporales
Tras el acuerdo adoptado entre los distintos estados miembros, la Comisión Europea (CE) propuso el pasado julio las bases del futuro bail-in, el nuevo protocolo de actuación para auxiliar, recapitalizar e incluso liquidar bancos insolventes de la zona euro con el fin de minimizar el coste para los contribuyentes y la economía real, a diferencia de lo acontecido en la actual crisis, donde los estados han salvado a los entidades insolventes haciendo uso de ingentes cantidades de dinero público. La CE prevé alcanzar el próximo otoño un acuerdo definitivo en torno a la Directiva sobre rescate y resolución de entidades bancarias. Así pues, el bail-in será la regla, no la excepción, para solventar futuras crisis financieras.
Y algo similar sucederá, igualmente, en cuanto a la imposición de futuros corralitos en el área euro, un escenario inconcebible hasta el estallido del colapso de la banca chipriota. La UE se ha cuidado mucho de ocultar el posible establecimiento de restricciones a la retirada de dinero en efectivo, pero el control de capitales es uno de los temas clave que está encima de la mesa de los responsables comunitarios.
En concreto, la UE discute cómo y en qué condiciones decretar un corralito en caso de quiebra bancaria, limitando así la retirada de dinero en efectivo para todo tipo de depositantes de forma temporal. Una de las propuestas a este respecto contempla la posibilidad de establecer restricciones durante un período máximo de cuatro semanas (20 días laborables) durante el que tan sólo se autorizaría la retirada de entre 100 y 200 euros al día, aunque dicho plazo podría reducirse en función de lo que decida el nuevo supervisor bancario único (BCE), cuya creación se prevé en 2014. De todos modos, al igual que las quitas a los grandes depositantes, el citado corralito tan sólo se aplicaría en circunstancias extraordinarias y de extrema gravedad para la estabilidad del sistema financiero. Su objetivo último es evitar un pánico bancario y, de este modo, garantizar el dinero de los depositantes.
En todo caso, se trata de una propuesta preliminar, ya que forma parte de un documento interno de trabajo cuyo contenido está siendo negociado por los responsables económicos y financieros de los distintos estados miembros, según las fuentes diplomáticas consultadas por Libre Mercado. Algunos gobiernos rechazan esta posibilidad, ya que temen que un anuncio de estas características genere un fuerte rechazo entre la opinión pública, por lo que no está claro si, finalmente, se incluirá en la propuesta definitiva que se prevé aprobar en otoño. "Es demasiado pronto para decirlo", indican, pero, de momento, es uno de los puntos a negociar.
El supervisor único y el citado mecanismo de resolución son los ejes sobre los que pivota la futura unión bancaria que se pretende poner en marcha en los próximos años, aunque el proyecto se enfrenta a importantes obstáculos derivados de los distintos intereses nacionales, tal y como reconoce el presidente del Banco Central de Lituania -país que, actualmente, ocupa la Presidencia europea de turno-.
Por el momento, Chipre está sirviendo a la UE como campo de prueba. Las autoridades chipriotas han diseñado un plan para poner fin al control de capitales decretado en el país tras el rescate de su banca, pero no se prevé la eliminación total de dichos controles a corto y medio plazo.