Los datos oficiales desmontan, una vez más, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Su principal argumento para implantar el polémico déficit a la carta, permitiendo así que las CCAA incumplidoras gocen de un mayor margen de gasto este año y se alejen del objetivo común del 1,3% del PIB, se basó en que los gobiernos regionales están llevando a cabo un intenso proceso de consolidación fiscal. Además, puesto que parten de una situación presupuestaria "heterogénea", es preciso fijar objetivos de déficit asimétricos para no "ahogar o deprimir más la situación de algunas economías regionales". Es decir, según Montoro, la reducción del déficit autonómico va por buen camino, pero, en todo caso, es preferible evitar drásticos recortes para no dañar el crecimiento.
De este modo, Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares, las cinco comunidades que cerraron 2012 con un déficit superior al autorizado (1,5% del PIB), también podrán presentar este ejercicio un descuadre presupuestario superior al previsto inicialmente (1,3%).
Este discurso, unido a las constantes protestas políticas y sociales en contra de los teóricos recortes, ofrece una imagen que no se ajusta a la realidad de las cuentas regionales. Y es que, lejos de protagonizar un firme ejercicio de austeridad, el gasto autonómico ha crecido de forma muy sustancial durante la crisis. En concreto, las CCAA gastaron un total de 186.474 millones de euros en 2012, casi 30.000 millones más que en 2007, en pleno auge de la burbuja. Así pues, su gasto público, lejos de retroceder, se ha disparado un 20% durante los años de crisis.
Algo similar sucede con los ingresos, ya que han pasado de los 154.322 millones de euros en 2007 a los 168.038 millones recaudados en 2012, creciendo casi un 9% durante la crisis (13.716 millones extra), según la contabilidad oficial remitida a Bruselas, en base al Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). En este sentido, hay que tener en cuenta que la reforma de la financiación autonómica, en vigor desde 2009, otorgó un mayor volumen de recursos a las CCAA, aminorando así el desplome de la recaudación fiscal que ha provocado el estallido de la burbuja crediticia.
Como consecuencia del sustancial aumento del gasto y el menor crecimiento de los ingresos, las regiones siguen presentando un abultado déficit público en comparación con los años previos a la crisis. En 2007, el desajuste fiscal apenas superaba los 2.000 millones frente a los más de 18.000 sufrido en 2012, equivalente al 1,76% del PIB, superando así el objetivo del 1,5% marcado por Bruselas. El déficit autonómico de 2012 multiplica por ocho el registrado en 2007.