A lo largo de esta crisis, el discurso de la "austeridad" ha sido asumido con insistencia por los gobernantes españoles. No obstante, un simple vistazo al cuadro presupuestario de las Administraciones basta para desmentir este relato. Un ejemplo lo tenemos en las Comunidades Autónomas.
Así, las regiones españolas asumieron en 2012 un gasto total de 186.474 millones, superando en casi 30.000 millones los datos de 2007. Esto significa que, en plena crisis, los presupuestos han crecido un 20%. El repunte excede la inflación registrada por el IPC (17,5%) o la evolución de la población (crece solamente un 6,3%).
Para financiar esta expansión del gasto público, los aumentos de la presión fiscal se han convertido en la norma. Desde 2011 hasta 2013, las Comunidades Autónomas han subido casi 70 impuestos. Además, han creado cerca de 60 nuevas tasas y gravámenes durante dicho periodo, tal y como confirman documentos gubernamentales enviados a Bruselas e informes del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Si nos fijamos en los datos de empleo de las Comunidades Autónomas, podemos comprobar que la plantilla de trabajadores de estas Administraciones sigue estando "inflada" en relación con la capacidad productiva de la economía española. Así, el número de empleados públicos sigue en niveles dignos de la "burbuja".
La partida destinada a pagar los sueldos de los empleados públicos asciende al 5% del PIB nacional. El gasto total comprometido aquí es un 12% mayor que en 2006. El caso más llamativo es el de Extremadura, donde el número de empleados públicos asciende al 26% del total de trabajadores: 87.000 personas sobre un total de 338.000 empleados.
Cabe señalar, por otro lado, que a lo largo de 2012, el empleo público de las Comunidades Autónomas aumentó en cinco regiones. En tres de ellas (Asturias, Cataluña y País Vasco) se celebraron elecciones autonómicas durante dicho ejercicio. Las dos restantes son Aragón y La Rioja.
Si analizamos la evolución del gasto desde 2007, encontramos también que los presupuestos del llamado "gasto social" han seguido subiendo en plena crisis. Lejos de producirse grandes recortes, estas partidas crecen un 7%, saltando de 111.718 a 119.528 millones de euros. Existe un descenso relativo, ya que esta cifra de gasto sí es inferior frente a los números de 2010, pero los datos siguen siendo claramente superiores a los de comienzos de la crisis.
Durante la crisis, el gasto en sanidad y educación ha crecido en 6.500 millones, sumando el 80% del "gasto social" adicional que han asumido en plena crisis las Comunidades Autónomas. Por otra parte, los presupuestos de Justicia han aumentado un 21% durante el mismo periodo.
Durante todo este periodo, las regiones españolas han mantenido "intacta" su "administración paralela". Así, entre 2007 y 2013, el número de entes públicos vinculados a los Ejecutivos regionales ha pasado de 2.182 a 2.114, un tajo que apenas llega al 3% del total.
Entre los entes que mantienen las Comunidades Autónomas dentro de esta categoría figuran instituciones duplicadas (defensores del pueblo, agencias meteorológicas, oficinas de representación exterior…) pero también empresas de todo tipo: fabricación de tapones, cuchillos y navajas; circuitos de carreteras; escuelas de idioma; centros de hidromasaje; agencias espaciales…
Es importante señalar que buena parte de las decenas de miles de "enchufados" contratados en la Administración Pública figuran en las plantillas de estos entes.
La desinversión pública pendiente
Una vía que apenas han contemplado las Administraciones Públicas españolas desde el estallido de la crisis es la de la desinversión pública. No obstante, los ingresos potenciales de una venta de participaciones asciende a 13.000 millones de euros, incluyendo las acciones de empresas como IAG, Iberdrola, Indra, Mapfre… así como la gestión de diferentes monopolios públicos (AENA, Renfe…) y de compañías estatales (Paradores, Tragsa, EFE, Loterías…).
Los estudios de Julia Borrmann y Christian Helmenstein sobre esta cuestión señalan que España puede desnacionalizar más del 5% de su PIB, lo que además añadiría dos puntos porcentuales al tamaño de la economía española. Ese aumento del 2% del PIB sería análogo al repunte que también pueden experimentar Francia e Italia.
La sostenibilidad de la Sanidad, en cuestión
La Fundación BBVA-IVIE acaba de publicar un estudio sobre el sistema sanitario público español. La conclusión del informe es que "el modelo actual es insostenible con las actuales tasas de crecimiento", por lo que "ninguna Comunidad Autónoma tiene garantizada a medio plazo la sostenibilidad de su sistema de asistencia".
El informe destaca que esta situación muestra un grave problema de sostenibilidad fiscal, pues entre 1919 y 2010 el gasto sanitario público ha crecido a un ritmo medio anual del 7%. Además, la Fundación BBVA-IVIE señala que haría falta un crecimiento medio del 1,4% para evitar nuevos recortes en el sistema sanitario.
¿Un desfase presupuestario de 14.000 millones?
Los documentos de previsiones económicas en los que las Administraciones Públicas basan sus proyecciones de gasto también se han convertido en un obstáculo para la consolidación fiscal. De momento, en 2013 se aprecia un desfase aproximado de 14.000 millones entre lo que el Ejecutivo preveía gastar y lo que finalmente ha gastado.
Un ejemplo de este desfase lo tenemos en el desempleo: sufragar el subsidio de paro ha costado 6.000 millones de euros más de lo previsto, pues el Ejecutivo partía de que la tasa de desempleo se quedaría por debajo del 24% durante el presente año.