Aunque viendo su actual prosperidad pueda parecer sorprendente, hace dos décadas la situación económica de Suecia no era demasiado envidiable. Las finanzas públicas estaban al límite y aparecía en el horizonte una importante amenaza demográfica, con la generación del baby-boom, que veía cómo se acercaba su retiro (en 15-20 años) sin un reemplazo laboral claro.
Ante esta perspectiva, los grandes partidos iniciaron crearon una comisión, formada por técnicos más o menos alejados de la política, que hiciese una propuesta de reforma del sistema nacional de pensiones. No fue sencillo llegar a un acuerdo. De hecho, los primeros pasos en esta dirección se dieron en 1984 y la reforma se aprobó en el Parlamento en 1994, con los votos a favor de cinco de los siete partidos presentes y una abrumadora mayoría (para más información, Johannes Hagen, de la Universidad de Uppsala, ha publicado este mismo año un completísimo relato de todo el proceso).
Finalmente, Suecia se convirtió en el primer país europeo que acometía un cambio radical de su sistema de prestaciones de jubilación. ¿Las claves?: igualar contribuciones y prestaciones, asegurar en lo posible el equilibrio financiero del modelo de reparto y, sobre todo, abrir la puerta a un sistema de capitalización individual dentro del sistema público.
Mientras, en España, en los últimos años, se han sucedido las reformas. PP y PSOE se refugian en el Pacto de Toledo para aprobar cambios que reducirán la prestación de las futuras pensiones: endurecimiento de las condiciones de acceso, nuevos índices para la revalorización,... Todo se hace en nombre de la sostenibilidad de un sistema tan "sostenible" que hay que ajustar cada poco tiempo para que no quiebre.
Las claves del modelo
Lo primero que hay que decir es que el modelo sueco no es de capitalización como el chileno. En el país escandinavo, sólo un pequeño porcentaje de cada pensión se gestiona de forma similar a como se hace en este tipo de sistemas. Y ni siquiera para esta parte se cumple con todos los requisitos normalmente asociados a la capitalización.
- Mínimo garantizado: corresponde a lo que en España son las pensiones no contributivas. El Estado sueco reconoce a todos aquellos que lleguen a la edad de jubilación (y hayan vivido en su territorio durante al menos cuarenta años) unos ingresos mínimos. En 2012, para un soltero o viudo, La prestación mensual sería de unos 870 euros.
Esta cantidad sólo se recibe si no hay otras fuentes de ingresos, pero también hay complementos para aquellos con pensiones muy bajas. Es decir, alguien que tenga derecho a una pensión contributiva de (por ejemplo) 700 euros, tendrá derecho también a un sueldo suplementario, para que al menos llegue a esos 870 euros, aunque normalmente superará ligeramente esa cantidad, con el objetivo de que el que ha sido cotizante tenga algún tipo de beneficio.
El límite para tener derecho a alguna paga de este mínimo garantizado era en el último ejercicio de unos 1.250 euros mensuales. Alguien que gane menos con su pensión normal, tendrá un complemento no contributivo. Un aspecto muy importante de esta herramienta es que se financia año a año vía impuestos, lo que quiere decir que está al margen del resto del sistema.
- Cuentas nocionales: éste es el corazón del sistema sueco. Las cotizaciones sociales en el país escandinavo se dividen en dos partes: un 16% va al inkomstpension (cuentas nocionales) y un 2,5% al Premium Pension Scheme (el modelo de capitalización que explicamos en el siguiente epígrafe).
En España, un grupo de expertos convocados por Unespa (la patronal de los seguros) y presidido por el exministro socialista José Manuel Equiagaray abogó por un cambio en la dirección de las cuentas nocionales. La clave reside en que el trabajador tiene derecho a recibir durante su jubilación el equivalente (más o nmenos) a lo que ha cotizado. Es decir, se acaba el período de cálculo, los años de cotización para cobrar el máximo y los demás indicadores.
Así, cuando un trabajador alcanza los 65 años y decide retirarse, se calcula cuántos años le quedan de vida. Se suma cuánto ha contribuido al sistema. Y se le calcula su paga en función de ambas variables. Es un modelo totalmente de reparto, pero con dos importantes matices respecto a lo vigente en España. Por un lado, existe una cierta justicia en que todo lo cotizado cuente. No hay efectos frontera por haber trabajado un mes más o menos; ni la mala suerte de quedar en paro en los últimos años de la vida activa acaba con las expectativas del jubilado.
Pero además, el modelo sueco incluye un sistema de revalorización constante. El incremento anual en las pensiones se establece en relación con la subida de los salarios, en una especie de equilibrio intergeneracional: si suben los ingresos de los cotizantes, también lo harán los de aquellos que viven de sus cotizaciones (y a la inversa).
Por último, existe un mecanismo de ajuste automático. Se calcula cuánto debe el sistema (valor actualizado de las pensiones) y se compara con sus activos (cotizaciones más los fondos de salvaguarda que ha acumulado el Estado sueco). En el caso de que la relación sea negativa, se ajustan las pensiones inmediatamente a esta circunstancia, con recortes en las prestaciones. Desde 2001, esta circunstancia sólo se ha producido en dos ocasiones, 2010 y 2011, y en ambos casos el Gobierno aprobó mecanismos extraordinarios de compensación.
- Cuentas individuales: es la tercera pata del modelo y posiblemente la más novedosa. El 2,5% del salario de los trabajadores suecos va destinado a estas cuentas. Con esa cantidad, pueden invertir en los centenares de fondos (hasta 800) que existen en el país. O, si lo prefieren, en un fondo público, gestionado por el Gobierno y que invierte con criterios más conservadores.
Las posibilidades son infinitas. Cada persona puede distribuir su dinero entre varios fondos y cambiar a lo largo del año. Las compañías tienen la obligación de informar a sus clientes de sus tarifas y comisiones, así como de su filosofía de inversión. Y los fondos están divididos en categorías, en función del riesgo de sus inversiones.
A partir de los 61 años, los suecos pueden empezar a cobrar el dinero acumulado. Y se permite asociar los beneficios a una tercera persona (cónyuge o hijos) o unirlos a los de la pareja para que, en caso de fallecimiento, el otro siga cobrando del dinero ahorrado. En esencia es un modelo capitalización, con algunas restricciones en cuanto a retirada de fondos o beneficiarios.
- El 'sobre naranja': es la cuarta pata del sistema. No implica otro fondo ni nada parecido. El sobre naranja que todos los suecos reciben al comienzo de cada año les informa de cómo van sus fondos. De esta manera, indica por una parte cuánto hay en su cuenta nocional ficticia (puesto que hay que recordar que este dinero lo pagan los actuales cotizantes, con los riesgos que eso implica). Y también les dice cómo va su fondo de ahorro individual.
Con esta información, el trabajador sabe con bastante precisión qué pensión le quedaría, en función también de a qué edad elige retirarse. Porque ésta es otra característica del modelo: al tener información detallada, es el trabajador el que decide, dentro de unos parámetros muy amplios, si prefiere jubilarse antes con una pensión más reducida o ahorrar algo más y retrasar el fin de su vida activa.
Los matices
Evidentemente, un cambio de esta magnitud es complicado de hacer. Para empezar, un modelo de cuentas nocionales implicaría un recorte en las prestaciones prometidas con los actuales requisitos de acceso al sistema (tras la última reforma, 37 años de cotización requeridos para cobrar el 100% y 25 años período de cálculo).
Por lo tanto, sería imprescindible un período de transición para que aquellos que están cercanos a la edad de jubilación, y no tienen margen de maniobra, no se vean perjudicados.
Además, hay que tener en cuenta que la situación del mercado laboral en España dista mucho de la sueca. Con un 27% de paro, el número de trabajadores que sustenta con su cotización a los pensionistas es muy reducido. Eso sí, al menos hay mucho margen de mejora, para sostener el sistema durante el período de transición. Y está la famosa hucha de las pensiones, que se podría utilizar como colchón de seguridad. El baby-boom en España fue algo más tardío que en otros países, al igual que la incorporación de la mujer al mercado laboral, por lo que hay cierto margen hasta 2025-2030 para ir preparando el sistema (hasta ese momento seguirá creciendo, en teoría, la fuerza laboral).
En cualquier caso, no parece que éste vaya a ser el camino seguido por los políticos españoles. En 1996, durante la primera legislatura de Aznar, se habló mucho de que el Gobierno tenía un informe sobre la mesa para pasar al modelo chileno de pensiones. Ahora, 17 años después, durante los que se podía haber avanzado mucho, eso se da políticamente por imposible (aunque son muchos los expertos que creen que sería una solución factible). El ejemplo de Suecia es un paso intermedio, con un modelo de reparto más sostenible y algo de capitalización. Además, en el país escandinavo, las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores se complementan con planes empleado-empresa, un camino que en España está por recorrer.
Nada de esto parece que vaya a impulsarse en nuestro país. El Gobierno ya ha dicho que su reforma de pensiones es la que está sobre la mesa. Y los fundamentos no cambian, por falta de ambición o de convicción. El factor de sostenibilidad introduce un cierto componente de equilibrio financiero, pero le faltan algunos elementos clave del sistema de cuentas nocionales. Los jubilados españoles, presentes y futuros, ya saben a qué atenerse.