Leí en ABC que doña Ana Pastor, una de las mejores figuras con que el peronismo adorna nuestra vida política, declaró a propósito del incremento de los viajeros del AVE:
Son datos francamente positivos.
Se refería la ministra de Fomento al aumento del 14% en el número de usuarios del AVE entre febrero y junio de este año con respecto al mismo período del año anterior.
La señora Pastor está feliz con los nuevos 577.000 viajeros, que "rompen la tendencia negativa del AVE" y "cumplen con el objetivo que nos habíamos marcado: que puedan disfrutarlo más personas". También subrayó que se ha incrementado la ocupación media de los trenes, que ha alcanzado el 75%.
La retórica populista suele difuminar las diferencias entre el mundo político y la sociedad civil. Pastor, así, habla como si fuera una empresaria o una directiva dirigiéndose a sus accionistas privados. No lo es, evidentemente, y por eso el análisis resulta aún más necesario. Lo que ha sucedido con el AVE es que el propio Ministerio ha rebajado los precios de los billetes: de ahí que los ingresos apenas hayan variado, subiendo sólo un 0,18 %. Ningún empresario privado sacaría pecho ante una situación semejante.
Pero en realidad aquí el único papel del sector privado es pagar, y pagar en al menos dos sentidos diferentes, rara vez tenidos en consideración, e ignorados por la señora ministra.
En primer lugar, no informó, como no informan los políticos prácticamente nunca, sobre todas las cuentas del AVE. Los ciudadanos no reciben información sobre la rentabilidad de unas inversiones costosísimas, cuya ponderación queda sólo para los especialistas, mientras las autoridades se regocijan en fanfarrias inaugurales. Sabemos que los beneficios políticos del AVE son cuantiosos, por eso todos los políticos lo reclaman, pero sabemos mucho menos acerca de unos costes e ingresos que quedan en manos de las autoridades, aunque los paguemos todos.
En segundo lugar, los políticos, que están todo el rato alegando que defienden la competencia, nunca se aplican el cuento. Se ocupan de perseguir la llamada "competencia desleal" cuando creen detectarla en el ámbito privado. Pero ellos mismos, desde una posición de privilegio y sin tener que rendir cuentas a ningún accionista ni propietario concreto, pueden, pongamos por caso, rebajar los precios de una actividad cuya financiación descargan sobre el conjunto de la población. La rebaja puede perjudicar a empresas privadas que se dedican a esa misma actividad. Pensemos, por ejemplo, en los autobuses o aviones que realizan el mismo recorrido que el AVE. Naturalmente, los políticos no hablarán en ese caso de "competencia desleal".