Probablemente, ningún asunto debería ser mejor explicado a los españoles que las reformas de las pensiones. Todos los gobiernos de la democracia han aprobado cambios en el sistema público. Y todos han repetido más o menos las mismas palabras: "sostenibilidad", "garantía", "jubilados del futuro", "generosidad",... Este viernes, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros que aprobó el "informe sobre la propuesta de regulación de regulación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones" recurrió a estos mismos tópicos.
Habrá quien diga que esto es lo normal. Que los políticos se esconden detrás de este lenguaje cada día. Con más eslóganes que contenido y mucho miedo por salirse de lo políticamente correcto. Puede ser cierto, pero en lo que hace referencia a las prestaciones de jubilación no debería ser así. Si hay alguna cuestión que tendría que estar meridianamente clara para todos los afectados es ésta.
Escuchando a sus dirigentes, un trabajador de nivel medio de 30 ó 40 años, sin conocimientos económicos y sólo en parte interesado por la actualidad podría llegar a pensar que no hay ningún tipo de problema con el sistema público de pensiones. Cada día, en las noticias, escucha a alguien decirle que cobrará una prestación similar a la que ahora mismo cobra su padre. Aunque parezca poco importante, lo cierto es que las decisiones que tomará en materia de ahorro e inversión estarán influidas por estos mensajes. ¿Qué pasará si cuando cumpla 65 años se encuentra con que su paga no es tan alta como preveía? ¿A quién le pedirá cuentas?
Los ingresos y los gastos de la Seguridad Social siguen una tendencia difícil de cambiar en el corto plazo. Si el sistema tiene problemas, habría que enfrentarlos cuanto antes. Y si un trabajador tiene que empezar a ahorrar, mejor que lo haga cuanto antes. La magia del interés compuesto surte sus principales efectos en el largo plazo. Las siguientes son cuatro claves sobre el actual modelo y sobre los dos cambios aprobados este viernes:
"Solidaridad intergeneracional"
Báñez: "La columna vertebral del sistema de pensiones español es la solidaridad entre diferentes generaciones de españoles".
Este tipo de afirmaciones son peligrosas por varios motivos. Por un lado, apunta a la "solidaridad" un concepto voluntario, cuando el sistema público está basado en la obligatoriedad. No sabemos si los trabajadores actuales quieren ser o no "solidarios". Lo cierto es que están obligados a serlo. El Estado cobra las cotizaciones de su nómina y de su empresa tanto si les gusta como si no. De hecho, los únicos que pueden decidir sobre esta cuestión, los autónomos, escogen en un alto porcentaje la cotización mínima. No porque no quieran a sus mayores o porque sean más egoístas, es una elección individual en la que se valora lo que se aporta hoy a cambio de lo que se recibirá mañana. Y las cuentas no salen.
Además, cuando se apela a la colaboración "intergeneracional" se podría estar lanzando la equívoca idea de que si caen las pensiones es porque los jóvenes no quieren colaborar. No es así. La realidad es que la trampa generacional en la que está España tiene muy difícil solución. Hasta 2030, lo normal es que el número de trabajadores crezca. Hay margen por la reducción del paro, por la plena incorporación al mercado laboral de la mujer, por el aumento de las personas de más de 50 años que siguen siendo parte de la población activa y porque la explosión de la natalidad en España fue algo posterior a la del resto de Europa (llegó en los años 60 y 70 especialmente).
Sin embargo, a partir de ese año la tendencia cambiará y de forma acelerada. En esa fecha se empezarán a jubilar los nacidos en 1963. Generación baby-boom pura. Y no hay relevo, porque alrededor de 1980 la tasa de natalidad se desplomó. Los trabajadores de 2030-40 deberían haber nacido ya y no lo han hecho. Quizás podría solventarse algo con la inmigración, pero no en los números requeridos. El porcentaje de la población con más de 65 años será de más del 31% en 2050 (ahora no llega al 18%) y el gasto en pensiones sobre el PIB pasará del 10% actual al 15% en 2050 (cuando habrá menos trabajadores para cotizar, no lo olvidemos). Nada de esto tiene que ver con la "solidaridad"; es matemática pura y dura.
"Nunca se van a congelar"
Báñez: "Las pensiones nunca se van a congelar. Subirán siempre, en función de las circunstancias".
La ministra ha llegado a asegurar que los pensionistas "ganarán poder adquisitivo". Esto no es cierto. El nuevo factor de revalorización de las pensiones (FRP) tiene un tope mínimo del 0,25%. Puede que el IPC no sea el mejor instrumento para medir la evolución de los precios, pero si marca un 3% y la subida de las pensiones marcada por el FRP es del 0,25%, está claro que los pensionistas perderán poder adquisitivo.
Con las cifras del sistema encima de la mesa, es posible que sea inevitable la aplicación de este factor. Lo que no es óbice para que deba exigirse a la ministra que no intente camuflar una evidente característica del nuevo sistema. Tirará las pensiones, poco a poco, hacia abajo. No en términos nominales (número de euros) pero sí reales (capacidad de compra).
Falta por saber el detalle de la fórmula matemática del FRP. Pero podemos aproximarnos mucho viendo la propuesta del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad. Lo que habrá es una identidad contable. Se calculará cuáles serán los ingresos del sistema en un período de tiempo (por ejemplo, cinco años) y cuáles serán sus gastos (en función del número de pensionistas y la cuantía de las prestaciones).
Cuando estos sean mayores que aquellos, el FRP hará que las pensiones no crezcan más que un 0,25%. Este factor sólo tendrá en cuenta los superávit y déficit del sistema, nada más. Históricamente, la inflación casi siempre ha estado históricamente por encima de esta cifra. Es cierto que el índice tiene un tope de IPC+0,25%, por lo que podría haber algunos ejercicios en los que se recupere algo de terreno. Pero habrá más años de los primeros que de los segundos.
Es cierto que las pensiones "no se congelarán nunca", en el sentido de que siempre verán una pequeña subida nominal. Pero es igual de cierto decir que poco a poco los jubilados españoles perderán poder adquisitivo en sus prestaciones públicas.
"La misma pensión que sus abuelos"
Báñez: "Es importante que los pensionistas de hoy cobren una pensión justa y ganen; pero también que los de mañana tengan la misma pensión que tuvieron sus abuelos".
De todo lo que ha dicho la ministra de Empleo en estos últimos meses, esta afirmación, que ha reiterado en numerosas ocasiones, es la más sorprendente. Si los jubilados del futuro van a tener derecho a la misma pensión que sus padres y abuelos tuvieron (en caso de que coticen lo mismo), entonces, ¿para qué todo este lío? Si nadie toca el sistema, un español que se reitre en 2050 con 35 años trabajados, la base máxima de cotización y 65 años cobrará exactamente lo mismo que un jubilado actual con estas condiciones.
Lo cierto es que las reformas se hacen precisamente para que los pensionistas del futuro cobren una cantidad diferente y con exigencias diferentes que los actuales. En 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó una modificación en las condiciones de acceso a las prestaciones (años trabajados, período de cálculo y edad de retiro legal). Ahora, el PP lo complementa con el Factor de Sostenibilidad (FSP). De nuevo, es muy posible que sea necesario este retoque, pero precisamente por eso el Gobierno debería explicarlo a los ciudadanos.
Lo que hará el FSP es reducir la pensión de los que vayan llegando al sistema. Es decir, cuando alguien cumpla 67 años y pase al retiro, se calculará la esperanza de vida y se comparará con la esperanza de vida en 2014. Se dividirán las dos cifras y se conseguirá un factor de descuento.
Por ejemplo (con cifras del informe de los expertos):
- Esperanza de vida en 2014: 20,27 años
- Esperanza de vida en 2019: 21 años
- FSP 2019: 20,27/21 = 0,9652
Si la pensión que le tocaba al jubilado era de 1.000 euros al mes, comenzará cobrando 965,2 euros. Luego, nunca más, durante el resto de su vida, se aplicará este factor. Pero claro, acarreará ese descuento del 3,5% mientras esté vivo. Es evidente que no cobrará "lo mismo que su padre". Los cálculos del grupo de expertos apuntan a que en 2049 el factor de descuento será del 18% (vamos, más o menos un 6% a la década desde ahora).
"Garantizar la certidumbre"
Báñez: "Los objetivos de este anteproyecto son garantizar la confianza, la tranquilidad y la certidumbre a los pensionistas de hoy y de mañana".
El Gobierno no debe ser catastrofista. Es evidente que dentro de 30 ó 40 años seguirá habiendo pensiones públicas. Pero también está claro que serán inferiores a las actuales. Y sobre el sistema pesan numerosas amenazas. Todos pensamos que España crecerá y que la tasa de paro se reducirá; que llegarán nuevos inmigrantes; que los productividad, los sueldos y las cotizaciones se dispararán. Y que eso aliviará la presión sobre la Seguridad Social.
Pero no hay ninguna "certidumbre". Alguien que ahora mismo tenga 30 ó 35 años y se vaya a jubilar en 2050 no puede saber si tendrá que trabajar hasta los 70 años o incluso más allá. Tampoco puede saber cuánto cobrará, ni las condiciones para tener derecho a una prestación.
El ahorro privado tampoco garantiza una cantidad fija, pero es el mejor colchón de seguridad. Casi todos nuestros políticos tienen importantes planes de pensiones o inversiones en fondos. Pero luego, cuando hablan para la opinión pública, lo ocultan. Es como si no quisieran que todos disfrutáramos de los beneficios de estos instrumentos, como sí hacen ellos.
El mensaje es que el sistema público es "sostenible", sin matices, algo especialmente peligroso para aquellos trabajadores de sueldo medio-bajo, normalmente también los que menos conocimientos financieros poseen. Ellos serán los que tendrán las pensiones más bajas y los que antes deberían empezar a ahorrar para garantizarse su propia cuenta. Otra opción sería habilitar opciones de ahorro privado dentro del sistema público. En Suecia, un 2,5% de las cotizaciones van a un plan individual y, también en este país, están muy extendidos los planes de pensiones empresariales (con aportaciones de empleado y compañía). Nada de esto se plantea en la reforma actual. Sólo hay buenas palabras. En un tema tan importante, quizás no sea suficiente.