Las pensiones públicas en España están condenadas. Las previsiones demográficas obligarán a reducir las prestaciones. Aumentará la diferencia entre el último salario que se cobre y la prestación, será necesario trabajar más para cobrar la paga máxima y, en general, se cotizará más a cambio de una promesa de una pensión cada vez menor. Es necesario. Por mucha demagogia que hagan la izquierda y los sindicatos, esto no es una cuestión ideológica, sino simple aplicación de las reglas matemáticas más básicas.
Por eso, sería muy de agradecer que el Gobierno hiciera una imprescindible labor pedagógica. No es fácil decirle a los ciudadanos que sus pensiones caerán en el futuro o que tendrán que trabajar más o que la prestación más elevada subirá menos que el tope de cotización. Pero hay que hacerlo. Es una obligación de todo gobernante. Los trabajadores actuales tienen que tomar decisiones ya. Cada día que dejen de ahorrar es un día perdido de cara a su jubilación.
No es cuestión de ser catastrofistas. La Seguridad Social no desaparecerá. Incluso aquellos que defienden un modelo de capitalización que sustituya al actual de reparto reconocen, por lo general, que seguirá habiendo pensiones públicas. Pero tampoco se puede negar la evidencia. Cada vez serán más bajas y las condiciones de acceso más duras. No decírselo a los ciudadanos implica dejarles en una posición de indefensión, especialmente en los casos de rentas más bajas o menos conocimientos financieros, que podrían confiarse para luego darse cuenta, cuando ya sea muy tarde, de que lo que cobran es mucho menos de lo que imaginaban. No es justo. Aunque no sea una labor agradable, para eso pagamos precisamente a ministros y presidentes del Gobierno. Para que enfrenten esta realidad, también en lo que tiene que ver con la comunicación.
Este viernes, Fátima Báñez ha asegurado que los pensionistas del mañana tendrán "la misma pensión" que sus abuelos si cotizan lo mismo. Y esto no es cierto. La ministra no es culpable de la trampa demográfica en la que vive nuestro país. Ni del diseño de un sistema piramidal, que obliga a la entrada constante de nuevos participantes, algo que no ocurrirá entre 2030 y 2050. Pero sí está obligada a explicarle a los españoles la realidad. Sin disfraces. Con claridad. Con cifras y datos. Respondiendo con argumentos a la posible demagogia de la oposición. Reformar las pensiones es inevitable; engañar sobre este tema, inaceptable.