Tituló publico.es: "Andalucía recuerda que expropiar a bancos es más social que hacerlo para construir campos de golf". El periodista Iñigo Aduriz saludó la "iniciativa revolucionaria" del llamado decreto antidesahucios de la Junta, que "pretendía garantizar un techo para todos los ciudadanos arremetiendo para ello contra algunas de las decisiones que hoy están en manos de las entidades financieras". Todo era presentado como inobjetable: los ciudadanos tienen derecho a la vivienda y por tanto el Estado se lo garantiza más allá de banqueros y demás gente de mal vivir.
El error estriba en que el Estado no puede garantizar el derecho a la vivienda porque no tiene recursos: todo lo que tiene se lo ha quitado antes a los ciudadanos. Por lo tanto, si me da un piso y me permite no pagarlo, es porque ha incrementado los costes que otras personas se verán forzadas a pagar por mí, personas que pueden ser los contribuyentes, o los trabajadores o accionistas de los bancos, o los acreedores de esos bancos cuyos costes financieros pueden verse incrementados por el intervencionismo político. Pero estos matices rara vez son reconocidos, y no solo en los medios de comunicación sino en la política y en la opinión pública en general. No corresponde, por tanto, ningún rasgado de vestiduras porque el señor Aduriz no los reconozca y salude, por tanto, entusiasmado la medida "revolucionaria" de los políticos andaluces ignorando sus posibles consecuencias perjudiciales que pagarán terceros ignotos.
Lo más grave es que la argumentación de su artículo, que recoge fielmente la argumentación de los mandatarios andaluces, se ajusta al pensamiento prevaleciente y a su plasmación jurídica. Primero, el delirio de lo social, magnitud cuantitativa, un absurdo frente al que nadie plantea objeción alguna, como si fuera sinónimo de justicia perfecta, como si fuera obvio que expropiar bancos es más social (más justo, más bueno, etc.) que expropiar para hacer campos de golf. El punto de partida es que nunca es justo quitarle a usted lo que es suyo, señora, por ninguna razón. Y a continuación reconocer que social en realidad no quiere decir nada definido, y desde luego no quiere decir la sociedad. Más acertado es traducir social por político. Ahí sí que tiene algo de sentido, porque, en la pulverización totalitaria de su significado, social es lo que al poder le convenga en cada momento. Y de ahí que las cosas puedan ser más o menos sociales…
El derecho moderno ha quedado subordinado a la interpretación del poder político y, efectivamente, en nuestra Constitución (art. 33) se establece que la propiedad tiene una "función social" (que por supuesto sólo puede determinar el Gobierno), que el poder ha de promover una distribución de la renta "más equitativa" (art. 40), que los españoles tienen "derecho a una vivienda digna" (art. 47), y el más socialista de los muchos artículos socialistas de nuestra Carta Magna, el 28: "Toda (sic, ha leído usted bien: "toda", es decir: toda) la riqueza del país está sujeta al interés general" (que, para qué tengo que aclarárselo, sólo pueden determinar las autoridades).