El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, advertía esta semana de que una hipotética Cataluña independiente no tendría cabida en el seno de la Unión Europea (UE), ya que se convertiría en un "país tercero" y, por tanto, tendría que solicitar de nuevo su ingreso, un lento y largo proceso que, en todo caso, exigiría la existencia de unanimidad por parte de los actuales estados miembros.
Posteriormente, la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, confirmaba que, efectivamente, "un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los Tratados en su territorio". Así pues, "si un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado porque se convierte en un nuevo territorio independiente, los Tratados ya no se le aplican".
Sin embargo, los nacionalistas siguen poniendo en duda tal afirmación. El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, reaccionaba el pasado lunes del siguiente modo: "Que me digan qué artículos dicen eso de que quedaríamos fuera [de la UE]". Las fuentes comunitarias consultadas por Libre Mercado responden a esta cuestión. Básicamente, son tres los artículos de los Tratados fundacionales que cerrarían la puerta del mercado común al proyecto secesionista: el artículo 4.2, 52 y 49.
Los tres artículos clave
La letra del Tratado de la UE es inequívoca a este respecto. En privado, nadie se sale de la ortodoxia y hasta resoplan, molestos, por la insistencia en un tema que "siempre ha estado muy claro". En Bruselas, en público y en privado, todas las fuentes coinciden en citar los tratados y una retahíla de artículos como prueba de que una Cataluña independiente no tendría lugar en la Unión Europea. Aunque, preguntados por el tema, la mayoría de funcionarios trata de zafarse de un debate que, repiten algo hastiados, "es una cuestión nacional", en las instituciones europeas no tienen dudas. "Cada cierto tiempo -relatan- vuelve esta cuestión interna, y nuestra postura está muy clara".
La primera parada en los textos legales señala directamente al artículo 4.2 del Tratado de la UE, que obliga a la Unión a respetar las "estructuras fundamentales constitucionales y políticas", su "identidad nacional" y garantizar la "integridad territorial" de los Estados miembros. Así pues, sería contrario a sus propias reglas del juego que la UE reconociera una declaración unilateral de independencia de una parte de un Estado miembro.
El siguiente obstáculo para las pretensiones soberanistas lo encierra el artículo 52 del Tratado, que enumera, uno por uno, todos los estados miembros de la Unión (un total de 28), citando entre ellos de forma explícita al "Reino de España" y no a territorios desmembrados del mismo, incluida la última incorporación al mercado único, Croacia, desde el pasado julio. Además, tal y como indicó la portavoz comunitaria, la salida de la UE tendría efecto inmediato "desde el mismo momento de la independencia".
Tendría que solicitar su adhesión
Sin embargo, el camino para volver a entrar es mucho más intrincado. El artículo 49 del Tratado de la UE remitiría al hipotético Estado catalán a un complicado proceso de adhesión. En primer lugar, para entrar en la UE, tendría que realizar una solicitud de ingreso que, de ser aceptada por los (hasta ahora) 28 miembros de la UE, requeriría, a su vez, que Cataluña negociara con ellos las condiciones de su admisión, así como las complejas adaptaciones que ésta supone de los tratados.
Conviene recordar que estamos hablando de un acuerdo de los 28 miembros de la UE en una conferencia intergubernamental, de ratificaciones en cada uno de sus parlamentos y de la posterior ratificación de la Eurocámara, un proceso que la experiencia con el Tratado de Lisboa ya probó tarea ardua y que, sin duda, se prolongaría durante bastantes años, sin que ello garantice en ningún caso su admisión, ya que dicho proceso exige unanimidad por parte de los países.
Aunque en las instituciones europeas existen defensores de que "se encontraría una vía rápida" para dar cabida a Cataluña de forma semi automática, ahorrándole así el proceso que, por ejemplo, tuvo que superar Croacia, la última en ingresar en el club, lo previsible es que la situación, por inédita, produjera una grave crisis política en el seno de la Unión.
En resumen, y como admitía esta semana otro alto funcionario europeo, en este caso el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch (catalán para más señas), "es difícil reingresar" en la Unión Europea porque se exigen "una serie de requisitos que usted no cumple el primer día". Duch se refería, por ejemplo, al hecho de ser miembro de las Naciones Unidas y conseguir el apoyo de dos terceras partes de su Consejo de Seguridad, sin el veto de ningún país. Y ello, sin contar el resto de requisitos que, en todo caso, tendría que cumplir Cataluña.
Asimismo, un informe elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) a finales de 2009 sobre el posible abandono o expulsión de países del euro, ya advertía de que la salida de la moneda única conllevaría, igualmente, quedarse al margen de la UE. Y es que, para ser un miembro activo del euro, primero hay que pertenecer a la UE. El escenario más probable es que una Cataluña independiente acabe abandonando por completo el euro -ni siquiera adoptándolo voluntariamente como moneda, sin capacidad alguna de decisión, como Montenegro o Kosovo- y, por consiguiente, también la UE, pero lo que es seguro es que saldría automáticamente de la UE y, por tanto, en ningún caso estaría en pie de igualdad con el resto de estados miembros de la Eurozona.
De una o otra forma, el BCE aclara que, "con toda probabilidad", la suposición de que la UE podría tratar de igual forma a un Estado miembro y su particular territorio independiente "no es cierta", ya que el Estado miembro podría vetar su adhesión en virtud del artículo 49 del Tratado UE.
El caso de Escocia
A pesar de las evidencias jurídicas, Homs insistía en que la salida de la UE "no es una cuestión automática. Ya veremos si quedamos fuera al día siguiente. Ésa es una cuestión que ha de plantear un Estado miembro para que la CE se pronuncie, pero hasta ahora no se ha hecho. Ningún Estado miembro pidió a las instituciones comunitarias que se pronuncien y, por tanto, no sabemos qué piensa la CE".
El problema es que Bruselas sí se ha pronunciado oficialmente, y no sólo por vía oral sino también escrita. Tras la autorización de Londres, Escocia podrá celebrar un referéndum en 2014 sobre su permanencia o no en el Reino Unido, pero, en caso de independizarse, saldrá de la UE. El ministro de Exteriores británico ya aclaró que una Escocia independiente dejará de ser miembro de la UE de forma automática, teniendo que solicitar la adhesión como un nuevo Estado, al igual que ha sucedido en el caso de Eslovenia y Croacia (pertenecientes a la antigua Yugoslavia), y cumplir con todos los requisitos establecidos en los tratados, incluidos los criterios de déficit y deuda pública, lo que implicaría un largo proceso.
Pero no se trata de una mera opinión. Bruselas ya aclaró por carta al Gobierno escocés que tendrá que solicitar la adhesión a la UE si, finalmente, se independiza. Los tratados vigentes de la UE "dejarán de ser aplicables" en una Escocia independiente, señalaba el texto. Escocia se convertiría en "un país tercero", un tecnicismo para referirse a un Estado europeo que no pertenece a la UE. Por ello, para reincorporarse tendría que "cumplir con las obligaciones habituales" y ser "aceptado por unanimidad por los miembros del consejo [todos los Estados]", y negociar con ellos las condiciones específicas para su entrada en la UE. Pese a ello, los nacionalistas escoceses, al igual que ahora los catalanes, creen que Escocia seguiría dentro. "Después de la independencia, vamos a seguir siendo un miembro de la Unión Europea", insisten.
La Comisión, sin embargo, no dice lo mismo. En Bruselas todavía se recuerda la carta en la que, en plena fiebre pre electoral, un grupo de diputados catalanes le pedía a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, que garantizara su protección en caso de una intervención militar de España en Cataluña; o los viajes de Artur Mas para promocionar su proyecto nacionalista y hasta presumir de un supuestamente histórico "Catalan Empire" en el Parlamento Europeo. En su última visita a Bruselas, el diputado de Convergencia incluso lo admitía sin rubor. "Europa no lo espera [el proceso soberanista] con los brazos abiertos", reconocía Duran el pasado abril a su salida del despacho del presidente del Consejo, Herman Van Rompuy. No es de extrañar. La legislación comunitaria no lo permite.