Tras dos legislaturas de gobierno laborista, Australia acaba de elegir una nueva coalición de gobierno conformada por diferentes partidos de centro-derecha. Las fuerzas de oposición llevaban años quejándose de las medidas económicas aprobadas por la Administración laborista, encabezada desde junio por Kevin Rudd tras la caída de Julia Gillard.
El propio primer ministro Rudd era consciente de que el legado de su predecesora en materia económica era preocupante. Por eso, en la campaña electoral prometió impulsar algunas rebajas de impuestos a las PYMEs. No obstante, la coalición de oposición consiguió la mayoría absoluta con un discurso más claro y directo.
En su discurso de victoria, Abbott habló de política económica en varios momentos. Lo hizo para repetir sus promesas de campaña: eliminar la "fiscalidad verde" y alcanzar un superávit presupuestario en cuanto antes. Abbott también proclamó que "Australia vuelve a estar abierta para hacer negocios".
La coalición de gobierno australiana no supone un frente homogéneo en aspectos sociales: la línea dura del nuevo primer ministro en materia de inmigración genera cierto recelo entre los sectores moderados y liberales de su coalición de gobierno. En el campo económico sí hay un compromiso común a la hora de bajar impuestos, reducir el gasto y acabar con el déficit público. Abbott también ha hablado de reducir la burocracia, eliminar tasas y actualizar la red de carreteras.
Una economía abierta y dinámica
El boom minero vivido en años pasados por Australia ha ido poco a poco enfriándose, lo que se ha traducido en perspectivas económicas más modestas. Esto vuelto a poner de relevancia las diferencias entre la derecha y la izquierda política, tal y como se pudo ver durante la campaña. No obstante, estos enfrentamientos electorales contrastan con los grandes consensos económicos existentes en el país desde hace décadas.
El Índice de Libertad Económica del Wall Street Journal y la Fundación Heritage calcula que la economía de Australia es la tercera más libre del mundo. El país, de 23 millones de habitantes, mantiene una renta per cápita de 30.000 euros (PPA). El paro se mantiene en niveles del 5%.
Desde los años 80, ejecutivos de izquierda y derecha han desregulado el ámbito laboral y financiero, apostando además por reducir las barreras comerciales. La economía australiana se basa en los servicios, la tecnología y la exportación de manufacturas de alto valor añadido. El marco liberal vigente ha facilitado un "boom" de la minería que va de la mano de un sector primario más exportador que el de otras economías desarrolladas.
El sistema judicial australiano funciona con notable solvencia, evitando abusos sobre la propiedad privada y combatiendo la corrupción con éxito. En materia de tributos, el Impuesto sobre la Renta llega a un máximo del 45% y el de Sociedades se mantiene, con tipo único, en el 30%. Eso sí: al margen de estas figuras fiscales, la carga impositiva es muy reducida, manteniéndose en niveles del 25% del PIB, diez puntos por debajo de España.
La regulación está enfocada al crecimiento económico: se puede crear una empresa en dos días, el mercado laboral es flexible y efectivo y la apertura comercial permite que las exportaciones sigan creciendo. Por otra parte, su sistema de pensiones ("Superannuation") incorpora componentes de ahorro individual/capitalización que ayudan a dar solidez al cuadro fiscal del Estado, despolitizando la jubilación y consolidando así un sistema de retiro más eficiente que el modelo de reparto vigente en España.