"Si se suspendiera la producción con esta tecnología [solar] la factura podría bajar en más de un 10%". Con estas palabras de José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, comenzaba una semana muy movida en el sector eléctrico. No ha habido grandes leyes, ni encuentros entre los grandes gigantes, pero eso no ha evitado que cada día se haya hablado, y mucho, de uno de los grandes problemas que tiene por delante la economía española: el coste de la electricidad (tanto el que paga el consumidor como el que no paga y se acumula en el déficit de tarifa).
Y como casi siempre que este tema sale a la palestra, toda la polémica ha girado en torno a las primas a las energías renovables. La novedad es que en los últimos meses son las propias eléctricas las que están criticando abiertamente la política seguida en los últimos años. No es fácil, porque desde hace una década, en España, el tema de la energía verde ha vendido mucho. Cualquiera que se opusiera era tachado de enemigo del medio ambiente, contaminador o de estar al servicio de oscuros intereses. Pero la situación ha llegado a un punto casi insostenible. En la reunión que hace una semana mantuvieron en Bruselas con representantes de la UE, se llegó a hablar incluso de posibles "apagones".
Las cifras
- El plan de energía renovables 2005-2010 establecía un objetivo de 400 MW para la solar fotovoltaica y 500 MW para la solar termoeléctrica. La capacidad instalada a finales de 2011 era de 4.244 MW (casi un 1000% más) y 999 MW (un 100% más) respectivamente. La razón detrás de esta incremento por encima de cualquier previsión es un régimen de primas que no sólo prioriza a los productores solares a la hora de entrar en el sistema, sino que les asegura la remuneración durante varias décadas. Pocas inversiones en las últimas décadas (si es que hay alguna) han tenido esta rentabilidad garantizada.
- Evidentemente, esto no ha salido gratis. Los 1.180 millones de euros de primas al régimen especial (renovables) de 2004 se convirtieron en 8.158 millones el año pasado. Y en 2013 se habla de más de 10.500 millones.
- El problema no es sólo de primas a las renovables en cifras globales, sino su reparto por tecnología. En el primer semestre de este año, por ejemplo, entre las termosolares y las plantas fotovoltaicas produjeron 5.924 Gwh, el 9,9% de la electricidad producida por las renovables. Sin embargo, en ese mismo período recibieron 2.084 millones, más del 52% de las primas.
- El propio José Manuel Soria afirmó hace unos días que en España, "el precio medio de producir un megavatio es de 50 euros, si lo produce la energía eólica son 90 euros y si es la fotovoltaica, 450 euros".
-
Con todos estos datos sobre la mesa, no es extraño que la factura de la luz tenga muy poco que ver con el coste real de producir electricidad y mucho con otros conceptos. De cada 100 que pagamos cada mes, menos de 50 van a pagar la energía, su transporte o la distribución. A cambio, 18,3 euros van a subvenciones a renovables y cogeneración, 5,3 euros a amortizar déficits pasados, 5,5 euros a otros conceptos como sobrecostes en las islas o pagos por capacidad y, finalmente, 21,4 euros a impuestos. Y no sólo eso. Hay que tener en cuenta que hay un régimen de tarifa latente, que no se paga, pero que en algún momento habrá que abonar. Serían 19,1 euros de subida adicional respecto a esos 100 euros teóricos de los que hablamos.
Los miedos
Con este panorama, lo lógico sería pensar que el que tendría que estar preocupado es el consumidor. Sin embargo, también la industria anda con la mosca muy detrás de la oreja. Al final, el precio del recibo de la luz es una decisión más política que mercantil. Y cuando los gobiernos meten mano, nunca se sabe qué puede pasar. Así, los grandes gigantes del sector se temen que la carga acabe recayendo sobre ellos.
Para empezar, está el tema del famoso déficit tarifario, que ya alcanza los 28.000 millones de euros. Se supone que la sociedad española le debe esa cantidad a las eléctricas, por un coste soportado y no abonado en los últimos años. De hecho, buena parte se les ha abonado ya, a base de titulizar esta deuda. El problema es que son unas cifras muy importantes. Ya hemos apuntado que implicaría una subida del 20% en la factura de la luz. Será muy complicado que cualquier gobierno apruebe esto. Y el tema de la quita, una cuestión tabú hasta hace unos meses, ya está encima de la mesa.
El segundo miedo de la industria se concentra también en el recibo de la luz y en lo que le rodea. Como éste tiene tantos elementos extraños, parece más sencillo para el político esconder parte de esos costes crecientes. Si además añadimos la facultad de imponer nuevos impuestos al sector, no es extraño que piensen que pueden ser ellos los que acaben pagando la factura. La última reforma pone muchos límites al crecimiento renovable, tanto en nuevas plantas como en remuneración a las ya instaladas. Pero con todo y con eso seguirá habiendo un coste de unos 10.000 millones al año durante al menos la próxima década.
Con una capacidad instalada de más de 100.000 MW y una demanda máxima de apenas 43.000, alguien tiene que pagar el pato de las promesas hechas. O se empiezan a cerrar plantas (como propone Galán) y se paga al inversor el coste de haberlas levantado o habrá que seguir soportando el coste de producir electricidad por medios más caros que los convencionales. Puede parecer absurdo pero es tal cual suena. En España, sale caro poner en marcha determinadas instalaciones eléctricas. Lo lógico sería cerrarlas, pero entonces habría que incumplir compromisos adquiridos. Mientras el consumidor asiste atónito a la lucha, las compañías toman posiciones. La fiesta renovable acabó hace ya algunos años, pero parece que la resaca se quedará con nosotros aún bastante tiempo.