Por primera vez desde el estallido de la crisis, el empleo privado ha crecido durante dos trimestres consecutivos, según refleja la última Encuesta de Población Activa (EPA), lo cual hace pensar que el intenso deterioro laboral sufrido estos últimos años podría haber tocado fondo, según los expertos. Por el contrario, el sector público siguió reduciendo personal. En concreto, el sector privado creó 52.000 puestos de trabajo en el tercer trimestre, hasta un total de 13.992.600 ocupados, mientras que el público destruyó 12.600, hasta un total de 2.830.600.
Este nuevo descenso en las plantillas públicas ha vuelto a provocar airadas denuncias por parte de los sindicatos y trabajadores dependientes de las distintas administraciones. Los funcionarios se quejan de que la destrucción de empleo se está centrando ahora en el sector público, tras desprenderse de casi 390.000 empleados desde el tercer trimestre de 2011, cuando el PP ganó las elecciones generales, al tiempo que han sufrido una merma en su poder adquisitivo próxima al 30% en los últimos cinco años, tras los sucesivos recortes, congelaciones salariales y eliminación de pagas extra. Los famosos "recortes" son, precisamente, el principal motivo de protesta por parte de los empleados públicos, que desde hace meses salen insistentemente a la calle para criticar la reducción de plantillas y salarios que está propiciando el Gobierno.
Pero, ¿hasta qué punto es así? ¿Es cierto que el sector público ha reducido drásticamente su personal y aplicado fuertes rebajas salariales a sus empleados? Los datos oficiales sobre plantillas y gasto en remuneraciones niegan ambos aspectos. Muy al contrario, los trabajadores públicos apenas han sufrido los avatares de la crisis en comparación con los privados.
La histórica destrucción laboral, con la consiguiente subida del paro, se ha concentrado casi exclusivamente en el sector privado. El volumen de asalariados y autónomos en este ámbito se ha desplomado en casi 3,6 millones de personas desde el tercer trimestre de 2007, cuando se alcanzó el máximo nivel de ocupación y justo después de estallar la crisis de las hipotecas subprime en EEUU. La ocupación en el sector privado se ha hundido desde los 17,6 millones hasta apenas rozar los 14 en el tercer trimestre de 2013, de modo que la crisis ha borrado el 20,4% de los empleos privados en tan sólo seis años, tal y como muestra la EPA.
El empleo público cae un 3,5% desde 2007
El impacto de la crisis en el sector público es muy diferente. Desde el tercer trimestre de 2007 al tercero de 2013, el número de empleados públicos sólo ha bajado en 101.300 personas, lo que supone un descenso mínimo del 3,5% durante toda la crisis. Su número total ha pasado de 2,93 a 2,83 millones de personas durante este período.
Los sindicatos se limitan recalcar que las plantillas han sufrido un recorte de 390.000 personas, pero olvidan señalar que dicha reducción no abarca toda la crisis, ya que emplean como referencia el tercer trimestre de 2011. El problema aquí es que, entonces, el número de empleados públicos registró su máximo histórico, tras superar los 3,2 millones de personas.
Desde que comenzó la crisis hasta finales de 2011, las Administraciones Públicas, lejos de reducir plantillas, dispararon las contrataciones en casi 290.000 personas, hasta alcanzar un nuevo récord. Y sólo a partir de ese momento comenzaron a recortar. El balance completo del empleo público durante la crisis muestra que el ajuste ha sido mínimo, ya que tan sólo ha descendido un 3,5% respecto a 2007, cuando la burbuja económica alcanzó su máxima cota.
El gasto de personal, en niveles de burbuja
Y algo parecido sucede en cuanto al gasto destinado a sufragar las remuneraciones públicas. Dicha partida ascendió a un total de 115.213 millones en 2012 -último ejercicio presupuestario cerrado-, lo que supone casi 7.400 millones más que en 2007, un aumento del 6,8% durante la crisis.
Aquí también se observan dos fases claramente diferenciadas, ya que el gasto de personal se dispara en casi 18.000 millones entre 2007 y 2010 (16,6% extra) para, luego, bajar en unos 10.500 millones hasta 2012 (un 8,3% menos desde su nivel máximo). Pero, una vez más, si se analiza todo el período de crisis, el gasto destinado a sueldos públicos crece un 6,8% en términos nominales.
Si se descuenta la inflación acumulada durante este período, esta partida se situó en 103.889 millones de euros en términos reales, apenas un 3,7% menos que en 2007. Pero, medido también en términos reales, dicho gasto se mantuvo en 2012 un 1,4% por encima del registrado en 2006. Se trata, por tanto, de un ajuste muy exiguo en comparación con el sector privado.
Por otro lado, los sindicatos se quejan de que han perdido casi el 30% de su poder adquisitivo durante la crisis, aunque no detallan cómo alcanzan tal resultado. Es cierto que los empleados públicos han sufrido recortes y congelaciones salariales en los últimos tres años, pero la cifra del 30% es más que dudosa debido a las distintas variables que conforman el salario de los empleados públicos.
En este sentido, aunque no sirve para analizar en detalle dichos recortes, un indicador fiable para observar esta evolución es el del coste por empleado público. Así, mientras que en 2007 éste ascendía a 37.019 euros, en 2012 subió hasta rozar los 39.500, unos 2.500 euros extra. Sin embargo, en términos reales, descontada la inflación, el coste por empleado habría bajado cerca de un 3,8% durante la crisis (unos 1.400 euros menos), y no tanto por los recortes salariales como por la reducción de plantillas.
La evolución de los salarios públicos se asemeja en parte al de los privados, en el sentido de que los recortes registrados desde 2010 compensaron, al menos parcialmente, el incremento de costes que tuvo lugar durante los primeros compases de la crisis. Desde el blog de Malaprensa, por ejemplo, se apunta a una pérdida general de poder adquisitivo próxima al 13% desde 2010, en línea con la experimentada en el sector privado, pero siempre tomando como referencia los trabajadores que han conservado el puesto durante la crisis. Si se incluye los millones de empleos perdidos, y la consiguiente reducción de rentas que lleva aparejado el paro, es evidente que la pérdida de poder adquisitivo ha afectado con mayor intensidad al sector privado que al público.
Pese a ello, el Gobierno parece ahora dispuesto a flexibilizar el ajuste de plantillas públicas, aprovechando que 2014 es año electoral (comicios europeos). El PP ha presentado una serie de enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014, que se está tramitando en el Congreso, para impulsar el empleo público o, al menos, minimizar su reducción. Entre otras medidas, los populares pretenden agrupar las tasas de reposición para reforzar determinadas áreas aprovechando las posibles plazas sobrantes en algunos departamentos.