Durante años, la propaganda del régimen socialista en el Gobierno fue la de la "caja única". Con ese objetivo, se destruyeron cajas como la de Córdoba, hoy en manos vascas; se malfusionaron otras como El Monte y Caja San Fernando, hoy en manos de La Caixa y, en su conjunto, se dilapidó un inmenso capital público del que nadie ha dado cuenta hasta el momento. Ahora, Izquierda Unida parece haber convencido a Susana Díaz de la necesidad de disponer de un banco público para mejorar la financiación de la economía andaluza ya que la actuación de la banca privada tradicional es insuficiente, según creen.
A mediados de octubre, Izquierda Unida ya manifestó estar decidida a relanzar su propuesta de creación de un banco público andaluz, una iniciativa que se ha visto contemplada en su acuerdo de gobierno con el PSOE y que estaba siendo debatida en un grupo de trabajo en el Parlamento. El coordinador general, Antonio Maíllo, y la portavoz de IULV-CA en el citado grupo de trabajo, Rosalía Martín, explicaron que apelarían al Gobierno para que impulsase este banco a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Es "de justicia", dijeron, que el Estado ayude a Andalucía a recomponer un sector financiero propio, después del rescate a la banca en Madrid o Galicia, con dinero también de los andaluces, en un montante de entre 3.500 y 4.000 millones. Martín dijo que la financiación originaria para la constitución de esta banca pública, cifrada en unos cuatro millones "para comenzar", deberá proceder del Presupuesto de la Junta, del FROB estatal, como gestor de las ayudas procedentes del Banco Central Europeo (BCE), así como de otros instrumentos financieros propios del Estado como pueden ser el ICO.
Según cuenta El Mundo, miembros de la Junta presidida por Susana Díaz ya han sondeado la compra del llamado Banco Europeo de Finanzas (BEF), de siempre ligado a Unicaja con otros medios y fines, con el objetivo de hacerse con una ficha bancaria autorizada por el Banco de España y poder utilizarla como embrión del proyecto. El BEF pertenece a Unicaja en un 40,7% del capital; de CaixaBank, con un 39,5%; y de la nacionalizada BMN, con un 19,8%. Estalló la crisis y el BEF quedó con un capital de 120 millones de euros y una estructura mínima que no alcanza los 25 trabajadores.
Pero, para los responsables de IU, es importante que disponga ya de ficha bancaria autorizada. El objetivo sería crear un gran banco público andaluz con capacidad de realizar las mismas actividades crediticias que cualquier otro y ser un protagonista del sector concediendo créditos y captando depósitos. Mientras, en el entorno de Susana Díaz vislumbran más una especie de Instituto de Crédito Oficial (ICO) andaluz centrado en préstamos para pymes, pero sin llegar a actuar como banco convencional.
Pocos dudan ya de que el proyecto está en marcha y que la presión sobre el PSOE andaluz es fuerte. Pero los accionistas del BEF admiten que, si la Junta desea negociar, no podrán oponerse, pero se niegan a ceder gratuitamente la entidad y pedirá al menos los 120 millones de euros aportados en el capital.
La izquierda y el nacionalismo, socios
Esquerra Republicana presiona a CiU en la misma dirección. La Generalidad de Cataluña aprobó el pasado mes un decreto ley por el cual autoriza al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a dar "todos los pasos necesarios" para su conversión en una entidad de crédito o "banco público".
El decreto prevé que el ICF, una vez autorizado por el Banco de España, pueda operar como entidad en el marco de la Unión Bancaria Europea, con el fin de impulsar y reforzar el tejido industrial catalán. Estos cambios permitirán al ICF constituir una sociedad anónima, segregando su rama de actividad financiera, con plena independencia respecto a la Generalidad y sus entidades.
Precisamente en la ponencia de la Conferencia Política del PSOE del pasado fin de semana se menciona "una banca pública de inversión". En su texto, se propone crear «la agencia pública de financiación», porque existe "una fragmentación de las instituciones públicas de crédito". Según el proyecto, se trataría "hacer confluir los distintos instrumentos sobre la base del Instituto de Crédito Oficial como operador principal". El PSOE propone "un proceso de fusión de los distintos instrumentos públicos de financiación", esto es, Cofides, especializado en financiación de proyectos internacionales, Expansión Exterior, asesoría financiera, y Cesce, seguro a la exportación. Pero, por ejemplo, el PP quiere privatizar Cesce.
Aunque la ponencia del PSOE no va tan lejos como pretende IU en Andalucía, quiere potenciar también el ICO. En su opinión, éste debe ser reforzado antes de que se emprenda el proceso de fusión, para financiar a las pequeñas y medianas empresas y "a los sectores estratégicos de la economía española".
También reclama al Gobierno que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) utilice "la tupida red de oficinas" de Bankia, NovaGalicia y Caixa Catalunya para comercializar las líneas de crédito del ICO.