El catedrático Ramón Tamames ha recomendado la mutualización de la deuda viva de las comunidades autónomas porque permitiría su amortización a más largo plazo y con intereses más bajos y contribuiría a corregir la "demora indefinida" de la recuperación y la dificultad para acometer nuevas inversiones.
Esta propuesta se incluye en el "Informe sobre la deuda, déficit y financiación de la Comunidad Valenciana. Propuesta de bases para un nuevo sistema de financiación autonómico" encargado por la Generalidad Valenciana y presentado hoy por su presidente, Alberto Fabra.
El informe ha sido elaborado por Tamames y otros cuatro expertos de la Comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat en I+D+i: los profesores Juan Barea, Jaime Lamo de Espinosa, Pedro Schwartz y Juan Velarde.
Frente al "bucle perverso o fatal de la deuda pública", Tamames ha planteado la posibilidad de iniciar un proceso de "mutualización de la deuda nacional", para evitar que la que acumulan las autonomías "lastre de forma indefinida su recuperación".
El nuevo sistema de financiación, a juicio de este comité, debe estar operativo en 2014, o en su caso, dispone de un fondo de nivelación transitorio dotado con no menos de 3.000 millones de euros, el 40,5% de los cuales iría destinado a la Comunidad Valenciana, que acumula un "déficit crónico estructural financiero" de entre 12.000 y 13.000 millones de euros.
Tamames ha insistido en la necesidad de suprimir el gasto improductivo de los presupuestos, disponer un único fondo para la asignación de recursos a las autonomías y suprimir el criterio de promover la igualdad de renta por haber contribuido a mantener un "perverso statu quo". También que el régimen foral sea aplicado "con toda justicia" -porque en su opinión los cálculos del cupo vasco y la cuota navarra se hacen con "excesiva generosidad" y propician "paraísos fiscales"-, la supresión de subvenciones a partidos y sindicatos, empresas y fundaciones que "disimulan el déficit" y duplicidades administrativas.
"La reforma debe llegar a diputados y senadores, cada uno de los cuales cuesta unos 250.000 euros anuales y a la racionalización del gasto burocrático", según Tamames, quien ha opinado que "las televisiones públicas o son autofinanciadas o hay que buscar una solución definitiva".
Ha defendido además la "reconfiguración del sistema nacional de salud, excesivamente compartimentado" y "considerar el copago como medida disuasoria que se ha de aplicar en función de la renta".
Sobre la propuesta de mutualización de la deuda, ha puesto como ejemplo el proceso acometido en Estados Unidos en 1790 y ha asegurado que actualmente se planea en China y en que, "en cierta forma, la UE se ha hecho cargo de parte de la deuda de Grecia e Irlanda", informa Efe.
Esta comisión de expertos no ha encontrado "gasto excesivo" por parte de la Generalidad Valenciana en los últimos años, sino "unos ingresos siempre por debajo de la media de otras comunidades", ha apuntado Lamo de Espinosa, quien ha alabado la "eficiencia" del Ejecutivo autonómico en su gestión, un 14 por ciento superior al resto de regiones, ha afirmado.
Ante estas circunstancias, el presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, ha expresado su intención de "poner sobre la mesa un nuevo sistema de financiación para todos, que garantice la justicia y el equilibrio entre todos los ciudadanos de España".
A su juicio, este informe y otro de similares conclusiones que fue encargado por Les Corts Valencianas a otro grupo de expertos, "cargan de razones" la reclamación de la Generalidad Valenciana sobre la financiación, que requiere un nuevo modelo "para ciudadanos y no para territorios".