Dualidad y judicialización. Estos son dos de los grandes temas pendientes de la reforma laboral del Gobierno del PP. Según los datos del V Barómetro del Mercado Laboral de la Fundación Sagardoy, ni en una ni en otra cuestión la nueva normativa ha cumplido sus objetivos. De hecho, incluso podría haber empeorado las cosas. En lo que hace referencia al porcentaje de contratos indefinidos, no hay demasiados cambios. Pero en la interferencia de los tribunales en las relaciones laborales parece que se ha dado un paso atrás, sobre todo en lo que hace referencia a los ERE.
El propio Juan Antonio Sagardoy aseguraba este martes en Madrid, en la presentación del informe, que "no hay nada peor que judicializar" las relaciones entre empresario y trabajador. Pues bien, con la reforma laboral se ha podido producir un efecto boomerang que habría sido difícil prever anteriormente.
De esta manera, los empresarios querían librarse de la autorización administrativa previa a los ERE, por la rigidez que les imponía. El problema, como se ha venido hablando en los últimos meses, es que este requisito servía al menos como garantía. Sí, tardaba en obtenerse, pero cuando se tenía no había que buscar nada más. Ahora, si la presencia de la Administración, los jueces entran a mirar hasta la última coma de cada ERE. Y al más mínimo error, también en cuestiones formales, que la reforma admite como causas de nulidad. Por eso, Sagardoy apunta que quizás fuera mejor "el sistema anterior. La ley está siendo aplicada con mucho rigor".
En cualquier caso, no sólo en lo que respecta a los ERE ha habido cambios. La reforma laboral acababa con el despido exprés, la puerta de atrás que utilizaban las empresas para evitarse líos. Hasta su aprobación, alrededor del 90% de los despidos en España eran (al menos oficialmente) improcedentes. Ante la perspectiva de un largo proceso judicial que acabase dando la razón al empleado, se tiraba por la calle de enmedio y se despedía con la máxima indemnización. Ahora eso no es posible. El despido, por defecto, es procedente (por causas económicas) y es el empleado el que tiene que acudir a los tribunales si considera que no es así.
Evidentemente, esto ha tenido un impacto en las cifras. Los despidos improcedentes han pasado de suponer el 76% en 2008 al 25% en el segundo trimestre de este año. Pero también, hay que anotar que el número de asuntos individuales llevados a conciliación está en máximos (como puede verse en los siguientes dos gráficos).
Dualidad: sin novedades
El cambio en las definiciones de despido objetivo (para casos individuales y para ERE) en teoría también iba a traer efectos benéficos sobre la dualidad. Al reducir el coste de la indemnización del despido típico, que ya no sería el improcedente de 45 días por año trabajado sino el procedente de 20 días, se podía pensar que los empresarios se animarían a contratar más por la modalidad indefinida. Además, se creaba un nuevo modelo de contrato fijo, el llamado de Apoyo a los emprendedores, para empresas de menos de 50 empleados, con un año de período de prácticas.
Pues tampoco en esto parece que la reforma esté dando muchos frutos. El porcentaje de contratos indefinidos sigue en mínimos, en las mismas cifras que en 2010 y 2011, sin que pueda apreciarse una tendencia al alza. Y los expertos de Sagardoy admiten que las empresas no están haciendo uso de la nueva modalidad, quizás en parte por desconocimiento o por las particularidades que presenta y que limitan su impacto.
En cualquier caso, la consecuencia es que las cifras de temporalidad y contratación indefinida siguen estancadas. Y la sensación es que la recuperación en España irá acompañada de creación de empleo temporal. Así es como se generó la gran mayoría de los puestos de trabajo en los primeros años de la última década. Luego, cuando llegó la recesión también fueron los primeros en perder su empleo. Por eso, uno de los objetivos de la reforma era acabar con esta tendencia. Algo que no ha conseguido.
