David Taguas dirige el Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la madrileña Universidad Camilo José Cela. Economista especializado en Macroeconomía y Econometría, fue Director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno entre diciembre de 2006 y abril de 2008, bajo el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Taguas, que también ocupó el rol de subdirector general adjunto del BBVA, ha concedido esta entrevista exclusiva a Libre Mercado para analizar la situación económica española.
- Pregunta: El segundo gobierno de Zapatero aumentó todas las grandes figuras tributarias. Entre 2012 y 2013, la Administración Rajoy implementó más de 30 subidas de impuestos. En plena crisis, las Comunidades Autónomas han aprobado 120 alzas de tasas y gravámenes. Los Ayuntamientos también han seguido la vía del aumento de la presión fiscal. ¿Ha servido para algo?
Respuesta: Las subidas impositivas intentaron frenar la caída de los ingresos que se produjo en las primeras fases de la crisis, entre 2007 y 2009. Desde el inicio de la crisis de deuda, en la primavera de 2010, se han subido los impuestos continuamente. A pesar de ello, los recursos públicos sólo han aumentado dos puntos porcentuales entre marzo de 2010 y junio de 2013 situándose en el 38% del PIB, lejos del 41,7% del inicio de la crisis.
- Se prepara una reforma tributaria en España. A grandes rasgos, ¿qué propone para el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Sociedades y el IVA?
El IRPF es una figura tributaria muy especial porque afecta, en principio, a todos los ciudadanos y, además, la obligación generalizada de declarar comenzó con la democracia, por lo que requiere una reforma muy cuidadosa. La mejor opción sería un flat tax (tipo único) por su transparencia y significación.
- Hablamos de un impuesto de tipo único, propuesta cada vez más presente en el debate fiscal. ¿En qué niveles fijaría usted ese flat tax?
Se debería establecer una renta mínima vital del ciudadano próxima a 12.000€, una deducción adicional por cada menor dependiente (en el entorno de 4.000€/hijo) y un tipo único del 35%. Las ventajas son evidentes: transparencia absoluta, sencillez máxima y respeto de la equidad horizontal y vertical. Además, es un impuesto progresivo. La progresividad aumentaría elevando la renta mínima vital del ciudadano.
- ¿Qué me dice de Sociedades y el IVA?
En el Impuesto de Sociedades hay que homogeneizar tipos, reduciéndolos y simplificar enormemente las deducciones fiscales. El IVA es el impuesto que menos distorsiona el comportamiento de los agentes privados. Hay que ampliar la base imponible que se grava al tipo normal.
- Otras figuras tributarias sobre las que ha pedido una reflexión son los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. ¿Está a favor de mantenerlos o eliminarlos? ¿Por qué?
El Impuesto sobre el Patrimonio debe ser eliminado definitivamente. Ya ha habido una discusión muy amplia sobre el mismo y no tiene ningún sentido mantenerlo. Este impuesto penaliza extraordinariamente el ahorro de las familias y sus efectos son especialmente nocivos en una crisis de deuda, en la que el ahorro es un factor determinante de la salida de la misma.
En Sucesiones y Donaciones debería abrirse un debate social sobre su reforma. En mi opinión, es un impuesto que habría que suprimir, pero entiendo que esta figura puede tener un componente ideológico…
- No son pocos quienes afirman que España está viviendo un austericidio. Con este término afirman que los ajustes presupuestarios están siendo mastodónticos. ¿Es esto cierto? ¿En qué niveles está hoy el gasto público en España y cómo ha evolucionado durante la crisis?
Cuando empezó la crisis, el gasto público suponía el 38,9% del PIB. Desde entonces no ha hecho más que aumentar hasta el 48,3% actual. Este crecimiento sólo se interrumpió en 2010 y la primera parte de 2011. La consecuencia es que el tamaño del sector público ha aumentado durante la crisis casi 10 puntos del PIB. Como, además, la recaudación se ha reducido, la financiación de este mayor tamaño público se ha hecho con déficit público y deuda. Por eso la economía española sigue teniendo un déficit público de doble dígito en junio de 2013.
- Hemos vivido un baile de cifras con el déficit. ¿Hay maquillaje estadístico?
En España no existe maquillaje estadístico, en absoluto. Lo que ocurre es que el cierre de las cuentas públicas de 2012 fue muy conflictivo por el retraso a 2013 de las devoluciones de IRPF, IVA y Sociedades. La cuantificación de estas devoluciones arrojó una cifra en el entorno de los 6.000 millones. Su retraso supuso un intento de disminuir la cifra de déficit del año pasado.
Ello originó un conflicto con Eurostat, que debería haberse evitado, y ahora se aplica el criterio de que las devoluciones se deben contabilizar en el momento en que fueron solicitadas por el contribuyente en vez de cuando se reconoce el derecho por la Agencia Tributaria. Pero las normas de Contabilidad Nacional siempre han sido complejas. Y, desde luego, el prestigio del Instituto Nacional de Estadística, la Intervención General del Estadio y el Banco de España son máximos y tienen una magnífica reputación. Sus funcionarios son profesionales del máximo nivel técnico y conozco muy bien a muchos de ellos. Le puedo asegurar que de maquillaje estadístico nada de nada.
- ¿Qué me dice de la deuda pública?
La deuda pública ha aumentado desde el 36,3% del PIB, en diciembre de 2007, hasta el 92,3% en junio de 2013. Es decir, ha aumentado 56 puntos en 5 años y medio, 11 puntos al año. La consecuencia es que todo el aumento de tamaño del sector público se ha financiado con deuda pública…
Inmersos en una crisis de deuda, el crecimiento de la misma debería hacerse frenado mucho antes. Ello habría implicado reducir el gasto y no seguir aumentándolo. La deuda per cápita ya supera los 20.000€ y la deuda por persona ocupada está próxima a los 55.000€. Estas obligaciones se trasladan a generaciones futuras el excesivo gasto de hoy. Supone una actitud muy insolidaria con los jóvenes.
- España debe reducir su deuda hasta el 60% del PIB para cumplir con las reglas de la Eurozona…
Esto implicará mantener superávit primario del 4% del PIB durante toda una década. Hablamos de conseguir equilibrios presupuestarios continuados durante una década y de eliminar el margen de maniobra futuro de la política fiscal.
Por otro lado, hay que decir que las consecuencias económicas de una deuda tan elevada son muy negativas. Existe evidencia empírica suficiente para afirmar que los países que sobrepasan una barrera próxima al 90% del PIB ven disminuido su crecimiento respecto a las economías menos endeudadas.
- El Gobierno, la oposición, la patronal y los sindicatos rechazan la idea de implantar en España un contrato único. Sin embargo, usted lleva tiempo defendiendo dicha opción. ¿Por qué conviene aprobar esta simplificación radical de nuestras reglas de contratación?
Porque, a pesar de tres reformas laborales consecutivas, persiste la dualidad en el mercado de trabajo español. La probabilidad de encontrar un empleo indefinido es demasiado baja y la probabilidad de perder uno temporal es demasiado elevada. La segmentación del mercado de trabajo en indefinidos y temporales supone una grave discriminación para éstos, que son los más jóvenes.
La forma de abordar este problema es mediante el contrato único con costes de despido crecientes con la antigüedad del trabajador. Ello no supondría cambios en los contratos de los trabajadores que ahora tienen un contrato indefinido y derechos de despido superiores.
- Ha firmado recientemente un artículo sobre el impacto que tendría una hipotética independencia de Cataluña en el sistema financiero de dicho territorio. ¿Cuáles son sus principales conclusiones al respecto?
Existen actualmente tres entidades financieras en las que el poder de decisión se conserva dentro de Cataluña: Caixabank, Sabadell y Catalunya Banc. Estas tres entidades, sobre todo las dos primeras, tienen una fuerte presencia en el resto de España. Caixabank cuenta con más del 60% de su negocio fuera de Cataluña y también Sabadell, sobre todo tras la compra de CAM, está en una situación similar. Cataluña supone el 19% del total de crédito de España, casi tres puntos más que el 16,2% de los depósitos.
Además, la brecha entre créditos y depósitos de Cataluña es la más elevada entre todas las comunidades autónomas: más de 150.000 millones, es decir cerca del 76% del PIB de Cataluña. En esta situación, la hipótesis de independencia supondría efectos muy adversos para su sistema financiero: severo riesgo de fuga de depósitos; necesidad de separación de los negocios en Cataluña y el resto de España; imposibilidad de financiar el crédito otorgado en Cataluña con fondos provenientes de otras regiones, tanto en el caso de las entidades catalanas como no catalanas; imposibilidad para las entidades catalanas de financiarse en los mercados de capitales en un entorno dominado por la incertidumbre; y punto final en el acceso a la financiación del BCE, que es absolutamente fundamental para las tres entidades.
- El PSOE acaba de celebrar una conferencia política en la que se han defendido numerosas subidas de impuestos. ¿Cree que, como denunció Miguel Sebastián, hay una deriva hacia posiciones radicales que obvian la lógica económica?
Los rasgos principales de la política fiscal que caracterizan las propuestas actuales parecen, efectivamente, lejos de los anteriores. Ello parece consecuencia de la multiplicidad de opiniones existents en el PSOE. Y lo digo con todo el respeto a las distintas posiciones.
No se puede olvidar que en la legislatura 2004-08 se disminuyeron los tipos marginales del IRPF, se simplificó y redujo la imposición sobre el ahorro y se eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, se estableció la regla fiscal de equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo que supone equilibrio estructural a medio plazo y se impulsó la reforma constitucional de agosto de 2011, que ha sido el principal hito fiscal desde el inicio de la crisis.
- También está encima de la mesa el debate sobre el límite de los salarios…
El tema de los salarios 1:12 ha sido muy controvertido después de la polémica desatada en Suiza, pero la medida cuenta cada vez con más detractores. En mi opinión, una medida de este tipo no tiene ningún sentido.
No obstante, creo que se debería revisar la regulación de las Juntas generales de accionistas, sobre todo de las grandes empresas, para facilitar la información y el control de los accionistas minoritarios de las decisiones que se adoptan en las mismas. Ello podría revertir la actual situación, que ha derivado en algunos casos en salarios escandalosos de algunos directivos.