Si hace unos años ser ingeniero era sinónimo de bonanza económica, ahora el deterioro de su profesión se ha convertido en el mejor ejemplo para explicar los estragos de la crisis española. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la reducción de la inversión pública han dejado en el aire el futuro de muchos de los empleos del gremio.
Pero no sólo Gobierno y las CCAA han reducido su gasto en obra pública, sino que también han paralizado las ya existentes. Según un informe del Colegio Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, la crisis española ha paralizado proyectos de infraestructuras por valor de 50.000 millones de euros. Los técnicos aseguran que, de esa cuantía, 28.000 millones se refieren a obras hidráulicas, 10.000 millones a proyectos de carreteras y 20.000 millones a ferrocarriles.
A pesar de que los representantes de los ingenieros reclaman al Gobierno más inversión en infraestructuras, en el texto reconocen que "el cumplimiento del objetivo de déficit comprometido con Bruselas y la elevada cifra de deuda que arroja nuestra economía condicionan las inversiones". Por ello, el Colegio de Ingenieros de Caminos ha presentado otras alternativas para no cargar a los Presupuestos Generales del Estado el gasto en obras que ellos consideran "necesarias".
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Pago por uso de las infraestructuras: se trata de reordenar las cargas impositivas, traspasando impuestos de los contribuyentes a tarifas a pagar por los usuarios.
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La Euroviñeta: el copago de carreteras podría ser, según establece la Directiva Europea, el primer paso en la aplicación de este sistema. Los ingenieros creen que es una buena medida que las tasas que pagan los usuarios de las carreteras se inviertan tanto en su conservación como en la mejora del transporte.
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El rescate de las concesiones maduras: los ingenieros dicen que permitiría sacar a concurso nuevas concesiones, por un tiempo más dilatado, generando importantes recursos financieros para el Estado. No obstante, los expertos dicen que "hay que estudiar los tiempos de tramitación de los expedientes de rescate y de nueva adjudicación" para realizarlos en un mismo ejercicio presupuestario y no tener que contabilizar como deuda el valor del rescate sin la contrapartida de ingresos.
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La Colaboración Público Privada (CPP): los ingenieros ponen de ejemplo al sistema de colaboraciones público privada de Francia e Inglaterra, que, acuciados por las limitaciones presupuestarias, están realizando un replanteamiento agresivo de las inversiones privadas en la obra pública via concursos. "En este procedimiento las empresas españolas son líderes en el mundo", dicen los expertos.
Está claro que los ingenieros no quieren dejar de hacer obras y que es muy difícil que admitan la poca rentabilidad que obtiene el sector público con su construcción. Aun así, en el informe aclaran que "no queremos invertir en megaproyectos, sino desencadenar un conjunto de actuaciones de tamaño medio en toda la geografía nacional, basándose en un enfoque común de características de licitación en Colaboración Público Privada y seguridades financieras, que no incidan en el déficit público".
Los expertos reclaman que hay que garantizar a los inversores privados seguridad jurídica modificando el marco legal actual. El análisis del Colegio de Ingenieros de Caminos ha constatado que existen, en los mercados internacionales, inversores interesados en el mercado español de infraestructuras, pero necesitan recuperar la confianza en el sistema concesional español, "después de las indefiniciones de determinados proyectos emblemáticos que no acaban de resolverse".
La consultora KPMG coincide con la opinión de estos expertos y asegura haber constatado un "interés" por parte de los inversores internacionales sobre el sector español de la infraestructuras. KPMG matiza, en un reciente informe, que "no se va a recuperar en el corto plazo la cartera de obra que había en España hace unos años".
Para el responsable de KPMG en España, Cándido Pérez, no ha sido hasta el pinchazo de la burbuja inmobiliaria cuando "se ha generado una conciencia sobre la necesidad de realizar un estudio previo sobre la utilidad, necesidad y rentabilidad de una infraestructura antes de construirla".