Madrid se siente maltratada por Cristóbal Montoro. Y Cataluña está encantada. Éste podría ser el resumen del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles. La reunión entre Hacienda y las comunidades ha terminado con una modificación en la financiación autonómica que beneficiará a aquellas que hubieran mantenido el Impuesto sobre el Patrimonio y perjudicará a las que lo hubieran suprimido. La región de Ignacio González es la gran perdedora; la de Artur Mas sale triunfante.
El Impuesto de Patrimonio ha sido objeto de varios cambios en los últimos años. En 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió, siguiendo la tendencia predominante en la UE. Es un tributo que no existe en casi ningún otro país europeo.
En 2011, ante la falta de ingresos del Estado, se recuperó. Pero la capacidad normativa seguía en manos de las comunidades autónomas. Así, hubo algunas que decidieron aplicarlo y otras no. Madrid, por ejemplo, se mantuvo en sus trece, por considerar que es un tributo injusto. Mientras, otras regiones subían los tipos o bajaban el mínimo exento. Cataluña fue una de las más furibundas entusiastas de este impuesto.
El problema es que la Ley de Financiación Autonómica establecía que lo recaudado debía entregarse al Estado en el momento de la liquidación de cada ejercicio, que se realiza con dos años de retraso. De hecho, desde la Comunidad de Madrid se ha repetido en varias ocasiones que no sólo no aplicaba el impuesto porque no creía en su justicia tributaria, sino porque no tenía sentido cobrar algo que luego habría que devolver.
La sorpresa
Este miércoles ha llegado la sorpresa. Cristóbal Montoro ha anunciado que en 2014 las comunidades no tendrán que devolver lo recaudado en 2012 por este Impuesto. Esto beneficia a las que lo tuvieran vigente (sobre todo a Cataluña, que era la que más recaudaba) y perjudica a las que no (Madrid, Valencia y Baleares).
Hacienda ha vendido la versión de que se da a cada región lo que ésta haya recaudado. Eso es cierto. Pero también es cierto que la norma preveía que ese dinero se tendría que devolver en la liquidación. De hecho, como explicamos, era una de las razones por las que Madrid no había reinstaurado el impuesto. De esta forma, se premia a las que ignoraron la letra de la ley (pensando que de alguna manera podrían aprovecharse de la recaudación) y se castiga a las que confiaron en lo que establecía el modelo de financiación.
En este sentido, es extraño que las comunidades estuvieran recaudando un impuesto que en teoría luego iban a tener que devolver. Sólo hay dos explicaciones posibles: o bien pensaban que al final serían capaces de rascar a Hacienda esos fondos; o bien estaban tan necesitadas de dinero que pensaron que recaudar Patrimonio era una forma sencilla de financiarse durante dos años, hasta que llegase el momento de la liquidación. Se haga una u otra lectura, queda claro que Montoro castiga a Madrid por no tener la necesidad de aprobar un impuesto y premia a las que no fueron tan austeras.
Y no todas salen igual de beneficiadas. Aproximadamente la mitad de la devolución acordada este miércoles (o la no devolución de las regiones a Hacienda, para ser más precisos) corresponde a Cataluña. De los 604 millones de euros correspondientes a 2012, a la comunidad de Artur Mas le tocan unos 297 millones. De los 1.082 que está previsto recaudar en 2013, le tocarán más de 541 millones.
En realidad, éste es un tema que venía de lejos. En octubre, en un debate parlamentario, Josep-Antoni Durán i Lleida reclamó a Montoro la medida aprobada este miércoles. Y UPyD reclamó al ministro, también en un debate parlamentario, que no beneficiase a Cataluña precisamente en medio del desafío secesionista de Artur Mas.
Las quejas de Madrid
Por todo eso, la Comunidad de Madrid ha votado esta tarde en contra de la propuesta del ministro de Hacienda. Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio a la salida del CPFF. Madrid ha sido la única comunidad que ha votado en contra, mientras que Navarra y País Vasco se han abstenido.
Osorio ha tachado de absurdo que se modifique "con esta rapidez un aspecto tan importante para el modelo de financiación y que perjudica a las tres comunidades -Madrid, Baleares y Valencia- que peor financiación tienen". El consejero ha propuesto en el marco del Consejo que esos 604 millones que dejará de percibir el Estado se repartan entre todas las comunidades de manera equitativa. Osorio ha propuesto que se hiciese ese reparto "en función de la población o en función de lo perjudicadas que estén las comunidades en el modelo de financiación desde 2009".
Preguntado sobre si se plantea restablecer el impuesto, ha dicho: "No nos lo planteamos, pero aunque lo recuperásemos ya no afectaría esta medida porque tendríamos que recuperarlo en el 2014 y tendría efectos en el 2015, cuando habría un nuevo modelo de financiación". Madrid, dice Osorio, es la comunidad más perjudicada en el sistema actual de financiación autonómica pese a cumplir siempre con el déficit. Por ello, pide que se acelere la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómica.
En este sentido, Madrid recuerda que es la comunidad que mejor ha cumplido con los objetivos de déficit desde que comenzó la crisis. Este mismo miércoles, por ejemplo, en el CPFF se aprobó un informe sobre la supresión de entes regionales. De los 1.300 millones ahorrados, 861 corresponden a esta comunidad (que lleva un cumplimiento del 116%; vamos, que ya ha sobrepasado su meta).
Un balón de oxígeno
Por su parte, Andreu Mas-Colell, consejero de Economía de la Generalidad de Cataluña ha asegurado que su Gobierno sí tenía previsto el ingreso por Patrimonio cuya cesión a las comunidades se ha formalizado y "pulido" este miércoles, aunque ha añadido que le parece bien "que las cosas estén claras".
El consejero catalán ha aprovechado para responder a "algunas lecturas" sobre este asunto y ha defendido que el ingreso que recibirá la Generalidad ha sido pagado "estrictamente por los catalanes". "Algunas comunidades deciden ponerlo y otras no", ha puntualizado.
Sí ha dejado claro que aunque cada euro de ingreso es "un balón de oxígeno", este tributo no le gusta y no existe en el entorno europeo. "Lo impusimos porque no teníamos elección dadas nuestras limitaciones fiscales y nuestra insuficiencia de ingresos. No es un impuesto que nos guste", ha enfatizado el consejero, que ha augurado su supresión futura.